• sábado 28 de enero del 2023
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Reseña traducida del caso "Dobbs", el fallo que declaró que no existe el derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos

Una traducción del sumario oficial de Leandro E. Ferreyra sobre el fallo de la Corte Suprema estadounidense que revirtió los precedentes Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey.

Acá se comparte una traducción del sumario oficial del fallo Dobbs publicado por la Corte Suprema de Estados Unidos. En rigor, se trata de una traducción que incurre en resúmenes de algunas partes. A su vez, no fue hecha por un traductor, sino simplemente por alguien que quiso aportar a la divulgación de una decisión que sin dudas afectará la vida de estadounidenses por varios años.

 

Caso "Dobbs, funcionario del Departamento de Salud del Estado de Mississippi c. la Organización de Salud de Mujeres de Jackson" – 24 de junio de 2022. 

Syllabus – Sumario

La ley de edad de gestación (LEG) de Mississippi establece que:

“Excepto en el caso de una emergencia médica o en el caso de una anormalidad fetal, una persona no podrá con intención ni conocimiento realizar o inducir el aborto de una persona humana no nacida si la edad gestacional de esa persona supere las quince semanas”.

La Organización de Salud de Mujeres de Jackson, una clínica en la que se realizan abortos, y uno de sus médicos cuestionaron la constitucionalidad de la LEG en una corte federal. Alegaron que viola el precedente Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey.

El tribunal federal (District Court) aceptó la pretensión de las entonces partes actoras, basado en que la restricción de quince semanas vulneraba lo dispuesto en los antecedentes de la Corte Suprema referidos a la imposibilidad estadual de prohibir la previabilidad del aborto. Este pronunciamiento fue confirmado por la segunda instancia.

Holding: la Constitución no confiere un derecho al aborto, se revocan los pronunciamientos en Roe y Casey y la atribución regulatoria sobre el aborto se devuelve al pueblo y a sus representantes.

(a) El tema principal consiste en definir si la Constitución confiere un derecho a abortar. Se consideró que Casey no abordó esa cuestión y se limitó a reafirmar Roe apoyado en el stare decisis.

(1) La Constitución no hace referencia concreta al derecho a obtener un aborto, pero varias cláusulas constitucionales fueron ofrecidas como fundamento de aquel derecho constitucional implícito.

Roe sostuvo que el derecho al aborto es parte del derecho a la privacidad que emerge de varias enmiendas (primera, cuarta, quinta, novena y décimo cuarta).

Casey apoyó su decisión solo en que el derecho al aborto sería parte de la “libertad” protegida por la cláusula del “debido proceso” de la décimo cuarta enmienda.

Otros han referido que el fundamento podría hallarse en la cláusula de protección igualitaria de la décimo cuarta enmienda, pero esta opción choca con jurisprudencia de la Corte que establece que la regulación estadual del aborto no es una clasificación basada en el género y, por ende, no quedaría sujeta al escrutinio estricto de aquellas clasificaciones. Al contrario, las regulaciones y prohibiciones sobre el aborto estarían gobernadas por el estándar de revisión de otras medidas referentes a la salud y la seguridad.

(2) A continuación, la Corte analiza si el derecho a obtener un aborto (DOA) tiene raíces históricas y si es un componente esencial de la libertad sujeta a regulación.

La Corte concluye que no. La teoría subyacente de Casey (que refiere que la cláusula del debido proceso provee protección sustancial y formal para la libertad) siempre fue controvertida.

Las decisiones de la Corte sostuvieron que la cláusula del debido proceso protege dos categorías de derechos sustantivos: los protegidos por las primeras ocho enmiendas y los considerados fundamentales pero no mencionados expresamente en la Constitución.

La revisión histórica es esencial siempre que la Corte debe reconocer un nuevo componente de “libertad” protegido por la cláusula del debido proceso. Al interpretar qué significa o implicaría cada “libertad”, la Corte debe contener la tendencia natural humana por la que se confunde lo que la décimo cuarta enmienda protege con lo que la Corte apasionadamente piensa sobre las libertades que deben gozar los estadounidenses. Por esta razón la Corte fue reacia a reconocer derechos no mencionados en la Constitución.

Guiada por la historia y la tradición que definen los componentes esenciales del concepto de libertad regulada, la Corte considera que la décimo cuarta enmienda claramente no protege el DOA. Hasta la última parte del siglo XX, no había fundamento en Derecho estadounidense para aquel derecho. Ninguna constitución estadual había reconocido tal derecho. Hasta pocos años antes de Roe, ninguna corte federal o estadual había reconocido derecho semejante. Ni lo había hecho siquiera la doctrina. De hecho, el aborto había sido por mucho tiempo un delito cada uno de los estados. En common law, el aborto era un delito al menos varias etapas del embarazo, estaba prohibido y podía implicar consecuencias muy serias. El derecho estadounidense siguió aquellos criterios hasta que una ola de restricciones legales en el siglo XIX expandió la responsabilidad penal derivada del aborto. Para el momento en que se adoptó la décimo cuarta enmienda, tres cuartos de los Estados había definido el aborto como un crimen en cualquier etapa del embarazo. Este consenso se mantuvo hasta el día que se decidió Roe. Roe ignoró o interpretó erróneamente esa historia y Casey declinó la posibilidad de reconsiderar el defectuoso análisis constitucional de Roe.

La parte demandada (ante la Corte, la Organización de Salud de Mujeres de Jackson) argumentó que esa cuestión histórica no es relevante en el estándar aplicado por la Corte para determinar si un derecho no mencionado en la Constitución estaría igualmente protegido por la décimo cuarta enmienda. El Procurador General sugirió que en common law no se llegó a criminalizar el aborto previo a la etapa media del embarazo.

En lugar de desarrollar seriamente el argumento referido las profundas raíces del DOA, quienes apoyan Roe y Casey afirman que el derecho es una parte de un derecho más amplio y ya asentado. Roe ligó el derecho al derecho a la intimidad. Y en Casey se describió como la libertad para realizar “decisiones íntimas y personales” que son “centrales para la dignidad personal y la autonomía”. La libertad regulada fija límites y define el perímetro en el que compiten los intereses. Roe y Casey determinaron balances particulares entre el interés de una mujer que quiere acceder a un aborto y los intereses de lo que considera “vida potencial”. Pero el pueblo de varios Estados puede evaluar de forma diferente esos intereses. La concepción nacional e histórica de la libertad regulada no impide que los representantes del pueblo decidan cómo el aborto debe ser regulado.

(3) Finalmente la Corte considera si el derecho a obtener un aborto es parte de un derecho más amplio que es sostenido por otros precedentes. La Corte concluye que no lo es. Los intentos de justificar el aborto apelando a un derecho más amplio referente a la autonomía y a definir el “concepto de existencia” personal son demasiado genéricos. Esos criterios, entendidos de esa forma genérica, podrían permitir el uso de drogas ilícitas o la prostitución como ejercicio de derechos fundamentales. Lo que claramente distingue el DOA de los derechos reconocidos en los casos citados en Roe y Casey es algo que ambos fallos reconocen: que el aborto es diferente porque destruye lo que Roe definió como “vida potencial” y lo que se refiere como “una persona humana no nacida”. Ninguna de las otras decisiones citadas en Roe y Casey involucraron la cuestión moral crítica que impone el aborto. La Corte -en esta ocasión- entiende que esos casos no apoyan el DOA.  Y la conclusión de la Corte concerniente a que la Constitución no confiere tal derecho no los socava de ninguna manera.

(b) La doctrina del stare decisis no sugiere la aceptación continua de Roe y Casey. El stare decisis juega un rol importante y protege los intereses de aquellos que actuaron basado en decisiones pasadas. La doctrina “reduce incentivos a desafiar precedentes asentados, ahorrándole a las partes y tribunales los recursos del relitigio infinito”, a la par que “contribuye a la efectiva integridad del proceso judicial”. Y restringe la función judicial al respetar el juicio de aquellos que lidiaron con cuestiones relevantes en el pasado. Sin embargo, el stare decisis no es una regla inexorable y admite excepciones. Por cierto, las decisiones más importantes de la Corte han revocado precedentes (por ejemplo, Brown v. Board of Education, al anular el infame Plessy v. Ferguson).

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Ilustración de cómo votó cada integrante de la Corte Suprema en el caso Dobbs.

Los casos de esta Corte han identificado factores que deben ser considerados al decidir si debe revocarse un precedente. Cinco factores mencionados abajo pesan fuertemente a favor de anular Roe y Casey.

1. La naturaleza del error de la Corte. Tal como el infame fallo Plessy v. Ferguson, Roe también estuvo atrozmente errado y en colisión con la Constitución desde el día que se decidió. Casey perpetuó sus errores, invitando a ambos bandos de la controversia nacional a resolver el debate, pero al hacerlo necesariamente declaró un bando ganador. Los perdedores -aquellos que buscaban promover el interés estadual en la vida fetal- no pudieron persuadir a sus representantes a adoptar políticas que coincidan con sus ideales. La Corte puso en cortocircuito el proceso democrático al cerrarlo para todos los estadounidenses que estaban en desacuerdo con Roe.

2. La calidad del razonamiento. Sin apoyo en el texto constitucional, en la historia ni en los precedentes, Roe impuso a todo el país un detallado conjunto de reglas para el embarazo separado en trimestres como el que podría encontrarse en una ley u otro tipo de regulación. El fracaso de Roe para tomar nota del abrumador consenso de leyes estaduales vigentes desde 1868 es llamativo y lo expresado sobre common law es simplemente erróneo. Después de hacer un repaso histórico, la opinión mayoritaria dedica varios párrafos una suerte de investigación que correspondería realizar a un comité legislativo y no explica por qué las fuentes en la que se apoya arrojan luz al significado de la Constitución. En cuanto al precedente, al citar varios casos la Corte encuentra sustento constitucional para un derecho constitucional a la privacidad personal. Pero Roe confunde el derecho a resguardar información con el derecho a tomar e implementar decisiones importantes y personales sin interferencia del Estado. Ninguna de las decisiones citadas involucra el aspecto distintivo del aborto: su efecto en lo que Roe llamó “vida potencial”. Cuando la Corte resume la base del esquema impuesto a toda la Nación, afirma que las reglas son consistentes con, entre otras cosas, “el peso relativo de los respectivos intereses en juego” y “las demandas de los profundos problemas del presente”. Este es el tipo de consideraciones que hacen los cuerpos legislativos cuando trazan líneas entre diversos intereses. El esquema producido por Roe parece legislación y la Corte provee la suerte explicación que se espera de un cuerpo legislativo. Una más evidente deficiencia de Roe consiste en el fracaso de justificar la distinción crítica entre abortos pre y post viables. La arbitraria línea de la viabilidad, que Casey estimó como la principal regla de Roe, no ha encontrado apoyo entre filósofos que intentaron justificar el derecho al aborto. El problema más obvio con un argumento de este tipo se traduce en que la viabilidad ha cambiado durante la historia y depende mucho de factores que nada tienen que ver con las características del feto, sino con los avances de la medicina y la disponibilidad de la atención médica de calidad.

Cuando Casey revisitó hace casi veinte años, reafirmó el holding, pero se abstuvo de acompañar la mayoría de su razonamiento. La Corte abandonó todo tipo de lazo con el derecho a la privacidad y en cambio apoyó el DOA enteramente en la cláusula del debido proceso. La opinión mayoritaria criticó y rechazó el esquema de trimestres de Roe y fijó un nuevo y oscuro test de la “carga indebida”. Casey, en resumen, se abstuvo de reafirmar o rechazar aspectos trascendentes del análisis de Roe, perdió la oportunidad de remediar graves deficiencias del razonamiento de Roe, apoyó lo que consideró el holding al mismo tiempo que sugirió que una mayoría podría no haberlo considerado correcto, no proveyó ningún fundamento novedoso para el DOA otro que el estatus de Roe como precedente e impuso un nuevo test sin sustento constitucional, histórico ni jurisprudencial.

3. Aplicabilidad. Esto alude a si un fallo puede ser comprendido y aplicado de forma consistente y previsible. El test propuesto por Casey califica bajo en la escala de aplicabilidad. Está compuesto de tres reglas subsidiarias, cada una con sus problemas. Y la dificultad de aplicar Casey emergió en muchos casos. La experiencia de la Corte de Apelaciones provee plena evidencia acerca de que la línea de Casey entre restricciones constitucionales y permisibles ha sido imposible de trazar con precisión.

4. Efecto en otras áreas del Derecho. Roe y Casey han distorsionado muchas y diversas doctrinas jurídicas, y ese efecto supone más fundamento para anular esas decisiones.

5. Intereses afectados. La revocación de Roe y Casey no afectará intereses concretos como los involucrados en derechos de propiedad y contractuales. En Casey la opinión mayoritaria concedió que no había intereses afectados de forma tradicional porque generalmente un aborto es una actividad no planeada. En cambio, aquella opinión percibió una afectación más intangible en que la ciudadanía organiza relaciones íntimas y toma decisiones que definen su autopercepción y su lugar en la sociedad con sustento en la disponibilidad del aborto en caso de que las prácticas anticonceptivas fallasen. También en la capacidad de las mujeres de participar con igualdad en la vida social y económica al controlar su vida reproductiva. Ambas posturas en Casey esgrimieron apasionados argumentos sobre los efectos del derecho al aborto en la vida de las mujeres y en el estado del feto. El intento de Casey de considerar la importancia relativa de los intereses del feto y de la madre representa un distanciamiento del criterio constitucional por el que los tribunales no sustituyen sus posturas sociales o económicas por los de los cuerpos legislativos.

El Procurador General sugiere que la anulación de Roe y Casey supondría una amenaza a otros derechos protegidos por la cláusula del debido proceso. La Corte hace hincapié en que esta decisión involucra solamente al DOA y a ningún otro. Nada en esta opinión debe extender dudas sobre precedentes que no conciernan al aborto.

(c) Casey identifica otra preocupación, a saber el peligro de percibir la decisión revocatoria como una línea divisoria influenciada por la opinión pública o intereses políticos. Pero la Corte no puede admitir que sus decisiones sean afectadas por preocupaciones extrañas. Un precedente de esta Corte está sujeto los principios del stare decisis bajo los cuales la adhesión al precedente es la norma pero no una orden inexorable. De lo contrario, decisiones como Plessy aún estarían vigentes. El trabajo de la Corte es interpretar las normas, aplicar principios del stare decisis y decidir este caso conforme a esas pautas.

(d) Según los precedentes de la Corte, la revisión de razonabilidad (rational basis review) es el estándar apropiado para aplicar cuando las regulaciones estaduales sobre aborto son sometidas a su impugnación constitucional. Dado que procurar un aborto no es un derecho constitucional fundamental, esto permite que los Estados regulen el aborto por razones legítimas y que cuando esas regulaciones sean cuestionadas por vulnerar la Constitución los tribunales no puedan sustituir sus criterios sociales y económicos por los de los cuerpos legislativos. Eso aplica incluso cuando las normas en juego conciernan asuntos de gran significancia social y moral. Una ley que regule el aborto, como cualquier otra sobre salud o bienestar, cuenta con una fuerte presunción de validez. Y debe ser mantenida si existe una base racional en la que la legislatura pudo haber considerado que sirva a intereses legítimos.

La LGE de Mississippi se sustenta en hallazgos específicos, que incluyen el interés estadual en proteger la vida de las personas por nacer. Estos fines legítimos proveen una base racional por la LGE y determinan que su cuestionamiento constitucional no puede ser admitido.

(e) El aborto presenta una profunda cuestión moral. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada Estado regular o prohibir el aborto. Roe y Casey se arrogaron tal atribución. La Corte revoca esas decisiones y devuelve la atribución al pueblo y a sus representantes.

El juez Alito formuló la decisión, acompañada por Thomas, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett.

Thomas y Kavanaugh presentaron opiniones concurrentes.

Roberts presentó una opinión concurrente en la parte resolutoria.

Breyer, Sotomayor y Kagan formularon una opinión minoritaria en disidencia.


 

Accedé a la sentencia completa en inglés.

 

 

 

 

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