• martes 27 de febrero del 2024
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La Corte Suprema de Estados Unidos revirtió su jurisprudencia sobre el derecho al aborto

En la causa "Dobbs" se declaró que no existe el derecho al aborto en la Constitución norteamericana.

En el día de ayer el voto de la mayoría del Máximo Tribunal norteamericano, en la causa Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, declaró que no existe el derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos, devolviendo así la regulación exclusiva en la materia a las legislaturas locales.

En este histórico caso, se analizó la constitucionalidad de una ley del estado de Mississippi del año 2018 que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de gestación, con pequeñas excepciones para emergencias médicas o por una anomalía fetal grave.

Cabe señalar que esta norma se apartaba del leading case de la Corte Suprema de Estados Unidos en materia de aborto, es decir, del famoso caso Roe v. Wade de 1973. En efecto, en éste precedente el juez Blackmun adoptó la tesis de la viabilidad, según la cual los Estados no pueden prohibir el aborto antes de la viabilidad -viability-, vale decir, antes de la capacidad del recién nacido de sobrevivir fuera del seno materno (momento que en la actualidad ocurre a partir de las 23 semanas aproximadamente).

Luego, en diversas ocasiones, con el reemplazo de algunos integrantes liberales de la Corte Suprema por otros más conservadores, se pretendió revertir la doctrina emanada de  Roe v. Wade. Sin embargo, estos intentos por modificar el antecedente jurisprudencial no habían sido totalmente eficaces, ya que el holding central del fallo logró subsistir a los ataques judiciales.

De esta manera, conforme la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema, la ley del estado de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de gestación, debía ser declarada inconstitucional por apartarse de las pautas pretorianas impuestas por Roe v. Wade. Sin embargo, el Máximo Tribunal norteamericano, por mayoría, decidió revocar la doctrina de un precedente que llevaba casi medio siglo aplicándose en la jurisprudencia constitucional.

En el caso Dobbs, la mayoría fue integrada por los jueces Alito, Gorsuch, Barrett, Kavanagh y Thomas, aunque los dos últimos redactaron opiniones concurrentes. La opinión de la Corte efectuada por Alito señaló que el tema del aborto presenta un problema moral profundo sobre el cual los estadounidenses tienen puntos de vista profundamente contradictorios. Agregó que durante los 185 años posteriores a la aprobación de la Constitución norteamericana, se permitió a cada Estado regular el aborto de acuerdo con las diferentes visiones de sus ciudadanos, hasta que la Corte Suprema dictó Roe v. Wade.

En lo sustancial, expresó que la Constitución no hace referencia al aborto en ningún precepto, y que éste derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida la Cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda.

Además, a los fines de justificar el apartamiento de un antiguo precedente que se considera incorrecto o desacertado, la Corte manifestó que Roe v. Wade estaba terriblemente equivocado desde el principio, que su razonamiento fue excepcionalmente débil y que la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. A su vez, añadió que lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, los precedentes Roe y Casey han encendido el debate y la división más profunda.

En definitiva, según el voto de la mayoría, en Estados Unidos la prohibición o permisión del aborto, y las limitaciones que se le impongan, deben ser resueltas por los estados, de la forma en que se resuelven las cuestiones más importantes en una democracia: los ciudadanos deben tratar de persuadirse unos a otros y luego votar (cnf. voto concurrente de Scalia en Casey).

Asimismo, los votos concurrentes de Thomas y Kavanagh enfatizan que la Constitución norteamericana se mantiene neutra en el tema, siendo las legislaturas estaduales, por intermedio de los procesos democráticos, las encargadas de permitir o prohibir el aborto en su estado.

Por su parte, el Chief Justice Roberts adoptó una decisión más mesurada, señalando que se puede arribar a la misma decisión de la mayoría sin que sea necesario dar el paso dramático de eliminar por completo el derecho al aborto; derecho que no sólo la propia Corte Suprema ha reconocido previamente, sino que también lo ha reafirmado expresamente aplicando la doctrina del stare decisis.

Por último, el voto de la disidencia, compuesta por los jueces Kagan, Breyer y Sotomayor, resalta la dramática situación que sufrirán las mujeres de escasos recursos económicos luego de la decisión adoptada por la mayoría, quienes no podrán obtener el dinero necesario para viajar a un estado en donde el aborto sea legal. Agrega que cualquiera que sea el alcance exacto de las próximas leyes estaduales, un resultado de la decisión de la mayoría es seguro: la reducción de los derechos de las mujeres y de su condición de ciudadanas libres e iguales.

Además, la disidencia considera que otro error del voto mayoritario consiste en imponer a los jueces que en el siglo XXI deban leer la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense tal como lo hicieron sus ratificantes. Al respecto, señalan que los propios redactores de la Constitución entendieron que el mundo cambia, y por eso definieron los derechos en términos generales, para permitir una evolución futura en su alcance y significado.

Con todo, luego de la nueva jurisprudencia adoptada por la mayoría de la Corte Suprema, probablemente sean las legislaturas estaduales, por intermedio de sus procesos democráticos, las encargadas de permitir, prohibir o restringir el aborto en su respectivo estado. No obstante, cabe señalar que también se producirán intentos por sancionar una ley federal sobre la materia.

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