• viernes 14 de junio del 2024
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La Cámara Federal de Córdoba admitió tratar la apelación del Estado Nacional en el litigio colectivo por la retenciones

El tribunal hizo lugar a una queja de la AFIP y consideró que la decisión que reconoció legitimación colectiva de la Sociedad Rural Argentina es apelable.

La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, con voto de Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, hizo lugar a la queja del Estado Nacional y consideró apelable la decisión del titular del Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, Ricardo Bustos Fierro, en cuanto reconoció la legitimación activa colectiva a la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Río Cuarto para litigar -en representación de todos los productores rurales del país- contra las retenciones agrícolas. 

La decisión del tribunal de apelación se originó debido a que Bustos Fierro denegó la concesión del recurso de apelación del Estado Nacional (AFIP) contra su resolución que certificó el proceso colectivo, es decir, consideró que la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Río Cuarto, como parte actora, están legitimadas para representar en el juicio colectivo a todos los productores rurales del país y mandó a inscribir dicha resolución en el Registro Público de Procesos Colectivos. Anta tal denegatoria, el Estado concurrió directo a la Cámara con un recurso de queja.

Los camaristas -en voto de la jueza Navarro que contó con la adhesión y sus propios argumentos del juez Sánchez Torres- trató lo relativo a la apelabilidad de la decisión que certifica un proceso colectivo. Allí, los magistrados indicaron que lo que la Acordada 12/2016 define como inapelable es la orden de inscripción como proceso colectivo pero que ello no se extiende a lo relativo a la legitimación activa de la parte actora, en el caso la Sociedad Rural Argentina y la de Río Cuarto, aspecto en el que sí corresponde conceder el recurso de apelación estatal. 

La jueza Navarro sostuvo que "de ninguna manera podría cercenarse mediante una Acordada del Máximo Tribunal la posibilidad de acceso a una doble instancia en esta materia, en tanto que la determinación de esta cuestión obsta a la existencia y prosecución del proceso mismo, y fallar de manera contraria importaría una manifiesta violación del principio de tutela judicial efectiva contenido en las bases de nuestra Carta Magna".

El juez Sánchez Torres, por su parte coincidió con su colega pero aportó sus argumentos extra, sostuvo allí que los procesos colectivos justifican modular las previsiones de la Ley de Amparo. En tal sentido, afirmó que el juez a quo se como el juez de primera instancia en su resolución "se expide sobre diversos aspectos, que a los fines de no afectar el derecho de defensa corresponde sean definitivamente resueltos en este estado preliminar del proceso. Es decir (...) se debe propender a que quede definitivamente zanjado al inicio del proceso lo atinente al colectivo".

Con esos argumentos el tribunal admitió la queja del Estado Nacional y, ahora, deberá tratar la apelación en torno a si se encuentra (o no) legitimada la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Río Cuarto para litigar -en representación de todos los productores del país- contra las retenciones. 

Asimismo, cabe recordar, esta causa es requerida por la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la Capital que aceptó un planteo inhibitorio y le exigió a la Justicia Federal de Córdoba que le remita el expediente. Ese último punto aún está pendiente y el jeuz Bustos Fierro deberá analizar si la envía o defiende su competencia, en el último caso, será la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Capital la que definirá el asunto (art. 20 ley 26.854). 

Accedé a la resolución de la Cámara Federal de Córdoba

 

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