• martes 24 de mayo del 2022
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La Justicia Federal reiteró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos por decreto

Aplicó en el caso las consideraciones que, en materia de reserva de ley, expusiera la Corte Suprema en el reconocido precedente “Camaronera Patagónica”.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el caso “Gut Metal SRL”, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo a través del Decreto N° 793/18 (y sus modificatorios), reconociendo el derecho de la actora a repetir los importes abonados al oficializar los despachos de exportación entre los meses de octubre y noviembre de 2018.

Del citado fallo resulta interesante resaltar dos aspectos fundamentales: el primero, procesal, relacionado con la estrategia utilizada por la actora a la hora de incoar su repetición tributaria; y, el segundo, sustancial, relacionado con el sentido y alcance que corresponde otorgar a la garantía constitucional tributaria de reserva de ley frente al caso concreto.

Con respecto a la cuestión procesal, cabe destacar que la actora dedujo la demanda de repetición directamente ante la primera instancia de la Justicia Federal, lo que motivó la interposición, por parte de la demandada, de la defensa de falta de habilitación de la instancia.

Ante tal planteo, la Cámara recordó –con abundante cita de precedentes propios y de la CSJN– que, cuando las pretensiones se dirigen a cuestionar la constitucionalidad de una norma, y no se apoyan únicamente en la ilegitimidad de un acto administrativo, el agotamiento de la vía administrativa no tiene propósito práctico, pues no resulta la vía idónea para plantear la declaración de inconstitucionalidad de la ley o de un decreto, por lo que su exigencia constituiría un excesivo rigor formal.

En cuanto a la cuestión sustancial, resulta útil señalar entre los antecedentes del caso: 1) que mediante el Decreto N° 793/18, el PEN, con fundamento en el Art. 755 del Código Aduanero, fijó –desde su publicación, el 4/9/18, hasta el 31/12/20– un derecho del 12% a la exportación para consumo de las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la NCM; 2) que, a su vez, a través del Decreto Nº 865/18, el PEN efectuó diversas modificaciones al anterior y lo reglamentó en lo pertinente, entrando en vigencia –este último– el día 28/09/2018; y 3) que, finalmente, la Ley N° 27.467 (Presupuesto 2019), dispuso que, en el marco de las facultades acordadas al PEN mediante el citado Art. 755 del Código Aduanero, se podrían fijar derechos de exportación cuya alícuota no podría superar el 30% del valor imponible o del precio oficial FOB, o el 12% para aquellas mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación, o estaban gravadas al 0%, al 2/9/18; y, por lo demás, ratificó la validez del referido Decreto N° 793/18.

En este marco, la Cámara, recordando los lineamientos esenciales de la doctrina sentada por la CSJN in re “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388), sostuvo que dichos tributos resultaban inconstitucionales durante el período comprendido desde la entrada en vigencia del Decreto N° 793/18 (esto es, el 4/9/18) hasta la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467 (el 4/12/18), toda vez que, en síntesis, si bien el dictado del primero supuso una insanable lesión al principio de reserva de ley en materia tributaria (valladar que no podía sortearse por la vía de la delegación contemplada en el Art. 76 de la CN, y mucho menos aún sin que el Congreso hubiera fijado una clara política legislativa para su ejercicio), y que las disposiciones del Código Aduanero no fijan límites suficientemente precisos al eventual ejercicio de aquellas potestades, la Corte, en el citado fallo, reconoció que no había motivos para privar de efectos ex nunc al reglamento, a contar desde la ratificación legislativa pertinente, lo que en el caso aconteció con la vigencia de la ley presupuestaria para el período 2019.

Sobre dicha base, ordenó entonces el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados por la empresa entre los meses de octubre y noviembre de 2018.

Accedé a la sentencia 

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