• martes 24 de mayo del 2022
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La Provincia de Buenos Aires tiene Ley de Identidad de Origen

La norma sancionada durante el mes de abril se publicó en el Boletín Oficial de hoy.

Se publicó hoy la Ley de Identidad de Origen Nº 15.329, que tiene como objeto garantizar en la provincia de Buenos Aires el derecho de toda persona humana a la búsqueda de su identidad de origen, la que es definida como el conjunto de datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen a la identidad de la persona humana.

En la norma sancionada durante el mes de abril, se establecen los principios que la rigen (informalidad, celeridad, gratuidad, confidencialidad, tutela efectiva, entre otros) y las obligaciones generales que tiene el Poder Ejecutivo, dentro de las que se menciona la realización periódica de campañas y programas de concientización, difusión e información sobre el derecho a la búsqueda de identidad de origen; el establecimiento de mecanismos de control de la efectivización del derecho a la búsqueda de identidad de origen; capacitación y adecuación de procedimientos y normativas de las áreas involucradas para el fiel cumplimiento de la Ley.

En materia de legitimación para iniciar acciones administrativas y/o judiciales de búsqueda de identidad de origen, se prevé que podrán hacerlo todas las personas humanas, cualquiera sea la fecha y lugar de su nacimiento, que presumieran que su identidad ha sido suprimida, sustituida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento y todo aquel que tenga dudas o desconozca su identidad de origen. Se amplía a ascendientes y/o descendientes en línea recta y/o sus presuntos hermanos, en circunstancias especiales.

A los fines de facilitar la búsqueda y garantizar el cumplimiento la Ley, se asegura el acceso a los datos contenidos en Registros de hospitales, historias clínicas de parturientas, libros de partos, de nacimiento, de neonatología y de defunciones de establecimientos sanitarios de gestión pública o privada , los que  tienen la obligaciòn de preservarlos y ponerlos a disposición del funcionario, magistrado o persona a cargo de la búsqueda.

Además, se establece un procedimiento de investigación por la autoridad de aplicación, sanciones para los funcionarios públicos que no cumplieran con los deberes establecidos en la Ley y, finalmente, un título dedicado al acceso a la justicia.

 

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