- miércoles 09 de octubre del 2024
Lo hizo al firmar un acuerdo de solución amistosa por una situación denunciada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En el acuerdo, firmado con la Defensoría General de la Nación, se comprometió a reparar a la víctima y a tomar medidas para evitar la vulneración de derechos de personas con discapacidad bajo la órbita del sistema penal.
La República Argentina y la Defensoría General de la Nación firmaron un acuerdo de solución amistosa por el caso de Raúl Roberto Cardozo Subia, un ciudadano boliviano con discapacidad psicosocial que estuvo en prisión preventiva durante 17 meses por una supuesta tentativa de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. Se trata del primer caso en que la Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez, plantea ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Los hechos del caso que motivaron la presentación ante Naciones Unidas datan del 1º de marzo de 2019, cuando Cardozo Subia fue detenido en un control de Gendarmería Nacional Argentina -en un paso no habilitado- por la tenencia de cinco kilos de cocaína dentro de una lona. En ese entonces, Cardozo Subia, que trabajaba como "bagayero" y cruzaba en una "chalana" (bote) el río Bermejo para trasladar bultos a cambio de un pago “a voluntad”, afirmó no conocer el contenido de la carga y que la llevaba por encargo de su pareja.
Con posterioridad a su detención, el Hospital San Vicente de Paul informó que Cardozo Subia tenía una discapacidad intelectual. Sin embargo, fue indagado, procesado y luego sometido al régimen de prisión preventiva en el Centro Penitenciario Federal NOA de General Güemes hasta la realización del juicio oral y público del que resultó absuelto, tras 17 meses de privación de la libertad.
En dicha denuncia, la Defensoría consideró que la República Argentina violó tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como las Recomendaciones Generales número 1, 2 y 6 del Comité que monitorea su cumplimiento.
En razón de los hechos denunciados, la Defensoría General de la Nación y la República Argentina firmaron un acuerdo de solución amistosa, donde Argentina reconoce su responsabilidad internacional y se compromete de darle publicidad al acuerdo. A su vez, se establece una reparación económica para Cardozo Subia y se compromete a ejecutar distintas medidas en la materia.
Estas últimas incluyen la implementación en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal de un cuestionario para identificar posibles limitaciones o dificultades de carácter intelectual, la elaboración de un protocolo de actuación para personas privadas de libertad con discapacidad intelectual en el ámbito federal y capacitaciones para sus agentes, como también la puesta en marcha de programas de capacitación permanentes y regulares destinados a magistrados y magistradas y operadores jurídicos con competencia penal relativos a los estándares internacionales de protección de derechos humanos de personas con discapacidad.
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