• viernes 27 de enero del 2023
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La Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda el sistema de cámaras con reconocimiento facial

Según el juez de la causa, el Ministerio de Seguridad porteño habría utilizado la base de datos biométricos del RENAPER para efectuar consultas por fuera del convenio marco que se encontraba dispuesto para la búsqueda de personas con orden de captura.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP).

La presentación fue motivada por un supuesto uso irregular de los datos biométricos que el Ministerio de Justicia y Seguridad realizaría a la base que el Registro Nacionale de las Personas (RENAPER) le proporcionaba a través de la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC)

De acuerdo al convenio suscripto entre el RENAPER y la cartera ministerial porteña, el SRFP sería empleado para la detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, búsqueda que los órganos judiciales ordenan inscribir a través del CoNaRC.

Sin embargo, en la causa se presentarían numerosas irregularidades por consultas de perfiles de personas que no se encontraban dentro de la búsqueda por rebeldías y capturas, y en cambio, aparecerían en ese listado numerosas personas de relevancia pública e institucional. Entre ellas, aparecen el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, el empresario Marcos Galperín, la periodista Viviana Canosa, el ex presidente de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, el periodista Eduardo Feinmann y la dirigente del PRO Patricia Bullrich, entre otros.

Entre algunas de las críticas dirigidas contra este mecanismo, el magistrado señaló la falta de una Evaluación del Impacto en la Protección de Datos (EIPD) por parte del Gobierno de la Ciudad y una falta de debate público acerca de la conveniencia o no del reconocimiento facial, algo que ocurrió en otros países que implementaron este sistema.

Además, se argumentó que la herramienta posee un alto número de falencias e irregularidades con la posible detención errónea de personas -"falsos positivos"-, donde el sistema elige a personas con similares características dando datos erróneos de alertas, con una efectividad que se encuentra por debajo del 50%.

Otras de las irregularidades señaladas que se presentarían con este sistema, es que la Ley 5.688 impone que la Legislatura de la Ciudad crearía una Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia, cuyo objetivo es resguardar los datos personales y garantizar su adecuado tratamiento. Sin embargo, la Legislatura no dispuso su creación y no se han remitido los informes respectivos.

Así como no se dispusieron medidas para su control externo, el magistrado expresó que el Ministerio de Justicia y Seguridad tampoco dispuso la realización de auditorías internas para controlar el funcionamiento y el tratamiento que se le da a los datos personales obtenidos de la base proporcionada por el RENAPER.

El magistrado tildó de "incomprensible" el uso de datos biométricos realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, ya que mientras la base del CoNaRC de personas buscadas era cercana a las 40.000, el Gobierno de la Ciudad -entre el 25/04/2019 y el 20/12/2021- hizo 9.392.372 consultas a la base, mientras que entre el 21/12/2021 y el 09/03/2022 hizo 507.911 extracciones.

En muchos casos, las consultas responden a una misma persona, como en el caso del presidente Alberto Fernández, que habrían extracciones de su perfil de datos biométricos en casi 80 oportunidades.

Para Gallardo "resulta al menos alarmante la excesiva discordancia cuantitativa que se advierte entre el listado de personas suministrado por la CoNaRC, donde están registradas todas las personas declaradas en rebeldía, con capturas, averiguación de paradero y/o comparendos y las peticiones de datos biométricos efectuadas por el GCBA".

 

Accedé a la decisión.

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