• jueves 02 de febrero del 2023
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Ciberdelincuencia: la Unión Europea autorizó la firma del Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest

Su fin es mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas que se utilizan en los procesos penales, simplificando la cooperación entre estados para contribuir con la lucha contra el cibercrimen.

El Consejo de la Unión Europea autorizó a los Estados miembros a firmar el segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest), relativo al acceso a las pruebas electrónicas.

El Convenio de Budapest es el primer instrumento internacional que aborda aquellas cuestiones vinculadas con el cibercrimen. El mismo fue sancionado en noviembre de 2001 por el Consejo de Europa –Council of the European Union- entrando en vigencia el día 1 de julio de 2004 y contando con su primer Protocolo Adicional que data del año 2003. A su vez, cabe recordar que la República Argentina adhirió a este Convenio a partir de la Ley 27.411, publicada en el Boletín Oficial el día 15 de diciembre del año 2017, aunque con ciertas reservas.

Ello así, desde el día 6 de junio de 2019 que se encuentran abiertas las negociaciones en el Consejo de Europa en relación a la confección de un Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest sobre cibercrimen, cooperación reforzada y divulgación de evidencias electrónicas –Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence-. El mismo fue adoptado por dicho organismo con fecha 17 de noviembre del 2021 quedando previsto su pase a la firma para el día 12 de mayo del corriente.

La decisión autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Unión Europea (U.E.), el Segundo Protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia con la idea de garantizar un alto nivel de protección para las personas y el cumplimiento de las normas de protección de datos de la U.E.

Una de las funciones de la implementación de este documento es la de cubrir procedimientos para mejorar la cooperación internacional entre autoridades tanto como la de mejorar la cooperación directa entre proveedores y entidades ubicados en diferentes países, además de establecer procedimientos para la asistencia mutua de emergencia.

En su preámbulo, el documento reconoce el uso creciente de la tecnología de la información y la comunicación, incluidos los servicios de internet y el aumento de la ciberdelincuencia, arguyendo que es una amenaza para la democracia y el estado de derecho y que muchos Estados también la consideran una amenaza para los derechos humanos.

Asimismo, recuerda que son los gobiernos los responsables de proteger a la sociedad y a las personas contra la delincuencia no sólo respecto de los delitos tradicionales sino también sobre aquello que suceden cibernéticamente, siendo conscientes de que cada vez más las pruebas de los delitos se almacenan en forma electrónica en sistemas informáticos incluso en jurisdicciones extranjeras, múltiples o desconocidas, convencidos de que se necesitan más medidas adicionales para obtener legalmente dichas pruebas a fin de procurar una respuesta eficaz de la justicia penal.

Por su parte, la República Argentina participó del Grupo de Redacción del Protocolo a través de las Direcciones Nacionales de Cooperación Internacional y de Investigación Criminal, a cargo de Nicolás Abraham y de Luca Pratti –respectivamente-, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A su vez, también participaron de los diferentes encuentros el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Unidad Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

 

Accedé al comunicado.

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