Reflexiones en torno a la legítima defensa a partir del caso Rittenhouse

Un análisis del veredicto emitido por un jurado popular en Wisconsin, Estados Unidos, en un juicio que obtuvo una gran cobertura mediática y dividió la opinión de la comunidad.

*Por Tomás Fernández Fiks

1. El caso

El pasado viernes 19 de noviembre, un jurado popular en el estado de Wisconsin, EE. UU., declaró como “no culpable” (not guilty) a Kyle Rittenhouse de todos los cargos seguidos en su contra. Rittenhouse fue juzgado como autor del homicidio de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber, y como autor de homicidio en grado de tentativa respecto de Gaige Grosskreutz. La noche de los hechos, las tres víctimas se encontraban protestando en una manifestación en el marco del movimiento Black Lives Matter. Rittenhouse, entonces de diecisiete años, había concurrido a dicha manifestación armado de un rifle semi automático, con el objetivo de proteger un local de venta de autos. Tras confrontar con los manifestantes, Rittenhouse disparó contra Rosenbaum, Huber, y Grosskreutz. Los dos primeros murieron y el tercero sufrió lesiones. La estrategia de la defensa durante el juicio se basó en alegar que el imputado había actuado en legítima defensa. Según su versión de los acontecimientos, Rittenhouse había disparado contra sus atacantes dado que, de no hacerlo, su vida hubiera corrido peligro certero. La fiscalía, por su parte, sostuvo que el instituto de la legítima defensa no protegía a quien había provocado con sus propios actos la agresión a repeler. El juicio obtuvo una gran cobertura mediática y dividió la opinión popular entre quienes exigían el castigo de un vigilante que había asistido a una protesta con ánimos de provocación y no había vacilado a la hora de matar a dos manifestantes, y aquellos que demandaban la absolución de un ciudadano que sólo había querido proteger a su comunidad y que se había defendido legítimamente de una agresión posiblemente mortal.

 

2. Los hechos.

El 23 de agosto de 2020 en Kenosha, Wisconsin, Jacob Blake, un ciudadano afroamericano, recibió siete disparos de arma de fuego por parte de la policía y fue seriamente herido en circunstancias que evidenciaron un claro abuso policial.  El video del altercado se volvió viral y generó una ola de protestas en el lugar del hecho, como parte del movimiento Black Lives Matter, las cuales se extendieron desde el 23 hasta el 26 de agosto. En el marco de tales manifestaciones, se produjo el daño y la destrucción de propiedad privada, incluyendo los casi cien vehículos que se encontraban a la venta en una concesionaria, y de diversos establecimientos públicos, como una escuela y un museo.

El 24 de agosto, se creó a través de Facebook un grupo llamado la “Guardia de Kenosha” (Kenosha Guard), a los efectos de organizar una milicia armada compuesta por ciudadanos comunes para proteger la ciudad de los disturbios.

La noche del 25 de agosto, Kyle Rittenhouse, de diecisiete años, acudió a la protesta armado con un rifle semiautomático AR-15, con la finalidad de resguardar un local de venta de autos frente a posibles destrozos. Si bien en un momento se había especulado que el adolescente no era residente de Kenosha, en el juicio se demostró que su padre vivía allí, y que él mismo había trabajado como guardavidas en esa localidad. La noche de los hechos, Rittenhouse se encontraba alojado en lo de Dominick Black, el novio de su hermana. Black fue quien le había conseguido el arma, dado que él no tenía la edad para comprarla legalmente. [1] 

Ya en la manifestación, Rittenhouse fue confrontado por Joseph Rosenbaum, quien le arrojó una mochila y comenzó a perseguirlo. Rittenhouse, temiendo que Rosenbaum se apoderara de su rifle, le disparó letalmente. Luego Anthony Huber golpeó a Rittenhouse con su tabla de skate, y este respondió disparándole y causándole la muerte. Un tercer manifestante, Gaige Grosskreutz, entonces sacó un arma, y Rittenhouse le efectuó un disparo que lo hirió en el brazo.

3. La cuestión jurídica central

Rittenhouse fue imputado por las figuras de homicidio premeditado (intentional homicide), homicidio imprudente (reckless homicide), y tentativa de homicidio premeditado (attempted intentional homicide).[2] [3] En una primera instancia, también le había sido imputada la tenencia ilegal del arma que portaba, pues no tenía la edad suficiente para tenerla, pero en la etapa de juicio fue sobreseído por ese delito ya que el arma no encuadraba dentro de aquellas respecto de las cuales opera la prohibición.

Con respecto a los cargos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, la estrategia de la defensa consistió en argumentar que Rittenhouse había actuado en legítima defensa. Al declarar, el imputado manifestó: “Si hubiera dejado que el Sr. Rosenbaum me quitara el arma de fuego, la habría usado y me habría matado con ella y probablemente habría matado a más personas”.[4] Su abogado defensor, Mark Richards, sostuvo en su alegato de clausura: “Kyle le disparó a Joseph Rosenbaum para evitar una amenaza frente a su persona, y me alegro de que lo haya hecho porque si Joseph Rosenbaum hubiera tomado el arma, no tengo dudas de que la habría usado contra otra persona… Actuaba --refiriéndose a Rosenbaum-- de manera loca e irracional…Mi cliente no le disparó a nadie hasta que no fue perseguido y acorralado.”[5] La fiscalía, en cambio, sostuvo que la legítima defensa no resultaba aplicable al caso, pues Rittenhouse había provocado la agresión de la cual se defendió usando fuerza letal. El Fiscal sostuvo en su alegato: “Cuando el imputado provoca este incidente, pierde su derecho a la legítima defensa. No se puede invocar la legítima defensa frente al peligro que uno mismo crea.”[6]

La cuestión central que tuvo que analizar el jurado para dictar el veredicto fue, por lo tanto, si la conducta del imputado quedaba comprendida dentro de la figura de la legítima defensa.

Para analizar este punto, resulta oportuno hacer algunas precisiones acerca de este instituto jurídico.

4. La legítima defensa y el requisito de no provocación

En el derecho moderno, la figura de la legítima defensa es prácticamente ubicua. Su razón de ser es bastante sencilla: no resultaría justo que el Derecho condene la acción de quien utiliza la fuerza como medio necesario para defenderse de la agresión de un tercero. En otras palabras, no resultaría justo que el Derecho ponga al ciudadano en la disyuntiva de tener que optar entre tolerar una agresión contra su persona, o repeler tal agresión asumiendo el costo que implica la posibilidad de ser reprochado penalmente.

Sin embargo, este intuitivo principio puede tergiversarse fácilmente: si uno siempre estuviera habilitado a recurrir a la fuerza –incluso letal—para defenderse de cualquier agresión, por más nimia que fuera, llegaríamos a conclusiones verdaderamente absurdas. Juan podría defenderse de Pedro utilizando un arma de fuego, a pesar de que Pedro estuviera desarmado y a pesar de que el conflicto se hubiera originado porque Juan fue el primero en golpear a Pedro.

Para evitar tales escenarios, el Derecho establece ciertos requisitos de procedencia para la legítima defensa. El Código Penal de Argentina, por ejemplo, establece en su art. 34 inciso sexto, que la legítima defensa procederá siempre y cuando concurrieren las siguientes circunstancias: existencia de una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

En términos generales, el derecho estadounidense --si bien allí la regulación de la legítima defensa compete a cada estado-- establece similares condiciones de procedencia para esta causa de justificación. Ronald Sullivan, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Harvard, sostiene que todos los estados utilizan el siguiente estándar para definir la legítima defensa: una persona que no es la agresora está justificada en utilizar fuerza letal contra un adversario cuando cree razonablemente que se encuentra en inminente peligro de muerte o grave daño corporal. Para determinar si ese estándar se cumple, el Derecho tiene en cuenta cinco factores.

Primero, el uso de la fuerza debe ser proporcional a la fuerza empleada por el agresor. Segundo, el uso de la legítima defensa está limitado contra agresiones actuales o inminentes (quien se defiende no puede utilizar la fuerza una vez cesado el peligro generado por la agresión). Tercero, la creencia de estar en riesgo de muerte o grave daño corporal debe ser razonable. Con ello se hace referencia a lo que una supuesta “persona razonable” consideraría como un riesgo suficiente para su vida o integridad corporal. No alcanza, para satisfacer este factor, la mera creencia subjetiva de quien se defiende, si ella no está justificada racionalmente. Cuarto, el Derecho no habilita a quien generó la agresión primaria a invocar la legítima defensa. Como dice elocuentemente Sullivan, sólo aquellos con “manos limpias” pueden beneficiarse de esta justificación y evadir su responsabilidad penal. Quinto, quien se defiende tiene un deber de retirarse antes de utilizar la fuerza letal, siempre y cuando lo pueda hacer de manera segura.[7]

Una interpretación posible de esta normativa podría haber conducido a un veredicto de culpabilidad respecto de Rittenhouse. Resulta plausible la versión de los hechos según la cual el joven fue quien provocó la agresión de la cual luego se defendió, al concurrir a una protesta con un rifle semi automático. Asimismo, no parece descabellado llegar a la conclusión de que la creencia del imputado de encontrarse bajo inminente peligro de muerte o grave daño corporal no resultaba razonable, todas las cosas consideradas.[8] Pero la cuestión se complica un poco más al tener en cuenta otras consideraciones jurídicas que resultaron relevantes para la decisión del jurado.

5. La ley aplicable

En primer lugar, cabe mencionar la carga y el estándar de prueba aplicables. Según la ley de Wisconsin, una vez que la defensa alega que el imputado actuó en legítima defensa, le corresponde a la fiscalía probar que el imputado no actuó en legítima defensa.[9] Y, para acreditar tal extremo, la fiscalía debe probar, más allá de toda duda razonable, que el imputado fue quien provocó la agresión, y que su creencia de encontrarse bajo peligro de muerte o grave daño corporal no resultaba razonable.[10] [11] [12] [13]

En segundo lugar, las acciones de Rittenhouse anteriores al momento concreto de la agresión a repeler resultan irrelevantes para determinar si actuó o no en legítima defensa. Visto a través de la cultura y las costumbres de nuestra región, el acto de dirigirse a una protesta armado con un rifle semiautomático para proteger propiedad privada resulta difícil de comprender – y mucho menos justificar-- y parece constituir una provocación suficiente frente a eventuales agresiones. Pero la ley de Wisconsin habilita portar armas –incluso rifles semiautomáticos-- en la vía pública, por lo cual la conducta de Rittenhouse no fue ilícita. Tampoco se trató de una conducta inusual ni socialmente escandalosa, teniendo en cuenta la mirada favorable que existe con respecto a la tenencia de armas, su proliferación, y el fácil acceso a ellas en ciertos estados de los Estados Unidos. [14] Incluso algunos testigos declararon en el juicio que habían observado cómo funcionarios policiales de la localidad de Kenosha felicitaban y agradecían a los ciudadanos armados por su contribución al mantenimiento del orden, lo cual ha motivado una denuncia por parte de la única víctima sobreviviente, Gaige Grosskreutz, contra las autoridades de la ciudad.[15]

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta la particular redacción de la ley que regula la legítima defensa en el estado de Wisconsin. Si bien dicha ley establece como principio general que quien provoca una agresión no está habilitado a utilizar la fuerza para defenderse, luego añade una precisión que parece debilitar el alcance de aquel precepto. En efecto, la ley dispone que, incluso si el sujeto hubiera provocado la agresión, puede utilizar fuerza letal para defenderse si cree, de manera razonable, que no cuenta con otros medios disponibles para evitar su propia muerte o un grave daño corporal.[16] [17] Es decir, aun si se concede que Rittenhouse provocó la agresión de los manifestantes al concurrir a la protesta armado con un rifle semiautomático, la ley lo habilitaba a defenderse usando fuerza letal, siempre y cuando su creencia de no contar con otros medios disponibles para defenderse de un peligro real de muerte o grave daño corporal hubiera sido razonable.

Y aquí llegamos al interrogante fundamental que tuvo que analizar el jurado: ¿la creencia de Rittenhouse de encontrarse frente a un serio peligro de muerte, y de no contar con medios menos lesivos para defenderse, era razonable? En las instrucciones brindadas al jurado, el juez dijo que “la ley de la legítima defensa autoriza al imputado a amenazar o utilizar la fuerza contra otra persona sólo si: el imputado creyó que había un ataque ilícito actual o inminente contra su persona; el imputado creyó que la medida de la fuerza utilizada fue necesaria para prevenir o neutralizar el ataque; y la creencia del imputado resultaba razonable.” [18] Además, el juez añadió que, para poder arribar a un veredicto de culpabilidad, la fiscalía debería haber convencido al jurado más allá de toda duda razonable que Rittenhouse no había actuado en legítima defensa. Como era de esperar, el jurado entendió que la fiscalía no había logrado demostrar, con el grado de certeza requerido para arribar a una condena, que el imputado no había actuado en legítima defensa, y lo declaró no culpable –siendo importante aclarar que no culpable no es lo mismo que inocente.

6. Conclusiones: la culpa no es del jurado

La decisión del jurado en el caso Rittenhouse causó un entendible malestar en algunos sectores de la sociedad estadounidense y fue celebrada en otros. Pero una creencia transversal a todos fue que no se trató de una decisión insostenible desde el punto de vista jurídico.[19] Como sostuvo John Gross, profesor de Wisconsin Law School, en la antesala de la decisión del jurado: “Si el jurado absuelve a Rittenhouse, estarán haciendo lo que la ley les exige que hagan. Ello debería motivarnos a que nos preguntemos por qué la ley dicta este resultado, y cómo podemos modificar la ley para que desincentive a las personas a recurrir a la fuerza letal –y, si lo hacen, que exista una mayor rendición de cuentas.”[20] 

Entre las posibilidades planteadas por Gross se encuentran: negar la posibilidad de actuar en legítima defensa a quien se halla en un lugar en el que tiene prohibido estar y posee un arma que no está autorizado a tener; establecer que la legítima defensa sea una defensa afirmativa cuya prueba debe estar a cargo de la Defensa mediante la aportación de elementos probatorios convincentes, y no que deba ser descartada por la fiscalía más allá de toda duda razonable, etc.[21] Pero estas alternativas requieren la actuación del poder legislativo en la modificación de la ley vigente: hasta tanto la ley no sea modificada, resultados como los del caso Rittenhouse no deberían sorprender a nadie.

El veredicto de “no culpable” emitido por el jurado tiene un sabor amargo, en la medida que choca con una fuerte intuición moral según la cual Rittenhouse debería tener que soportar algún reproche, o incluso un castigo, por sus acciones. Pero incluso si la resolución del caso es repudiable desde el punto de vista de su justicia material, la decisión del jurado se ajusta al derecho vigente y resulta, por ende, respetuosa del principio de legalidad. Ello ha sido destacado por el mismo presidente de los Estados Unidos, quien sostuvo: “aunque el veredicto en Kenosha dejará a muchos estadounidenses sintiéndose enojados y preocupados, incluyéndome a mí, debemos aceptar que el jurado se ha pronunciado.”[22]

Si bien el caso comentado tiene aristas que resultan extrañas a nuestra cultura jurídica, vale tenerlo en cuenta como una precaución relevante que se relaciona con una problemática común: no esperemos decisiones justas por parte de los aplicadores del derecho --sean jueces o jurados populares-- si las leyes son deficientes.

 

 

 

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