• viernes 28 de enero del 2022
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Un juez federal norteamericano ordenó bloquear la ley que prohíbe el aborto en Texas

La decisión respondió a un reclamo impetrado por Estados Unidos contra el Estado de Texas al entender que se estaba privando a las mujeres de su derecho constitucional al aborto.

El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Texas -United States District Judge, Austin Division-, a cargo del juez Robert Pitman, hizo lugar a la moción de emergencia de EE.UU. presentada el día 15 de septiembre del corriente, para obtener una orden de restricción temporal o una orden judicial preliminar para prohibir la ejecución y efecto de la ley 8 de Texas “Senate Bill 8” -SB8- .

El día 1 de octubre del corriente se celebró una audiencia en la que se presentaron pruebas y se consideraron los argumentos de ambas partes, oportunidad en que la Corte Federal se manifestó a favor de que el derecho a una persona en virtud de la Constitución a optar por un aborto antes de la viabilidad fetal está bien establecido.

Determinó que el aborto es un procedimiento médico, seguro y común, basado en declaraciones creíbles de proveedores de servicios de aborto fundadas en su educación y experiencia, erigiéndose como partidaria de que la viabilidad se entiende médicamente como el punto en el que un feto tiene una probabilidad razonable de supervivencia sostenida después del nacimiento, con o sin apoyo artificial, situación que es medicamente imposible de conocer a las 6 semanas de gestación.

La Corte entendió que la ley SB8 opera como una prohibición de abortos previos a la viabilidad -en contravención al precedente “Roe vs. Wade”- y equivale a una prohibición casi categórica de los abortos que comienza 6 semanas después del último período menstrual de la mujer, antes de que muchas mujeres, incluso, se den cuenta de que están embarazadas y meses antes de la viabilidad fetal.

Además, frente a la decisión del Estado de Texas de redactar la ley SB8 de manera tal de delegar en los ciudadanos privados la tarea de litigar ante los tribunales de justicia contra todas aquellas clínicas que practiquen abortos, la Corte proscribió este mecanismo al requerir de una acción estatal mediante la cual debería instrumentarse la misma, la que se encuentra ahora prohibida.

En este marco de situación, EE.UU. comenzó por describir los efectos de la ley SB8 sobre los ciudadanos texanos y las consecuentes lesiones en el país. Según la denuncia, después de ser privadas de su derecho constitucional al aborto, las embarazadas están cruzando las fronteras estatales para buscar servicios de aborto desde su entrada en vigor.

Además, sostuvo que la SB8 daña irreparablemente al país al privar a las personas de sus derechos constitucionales mientras les impide reivindicar esos derechos en un tribunal federal y al restringir inconstitucionalmente el funcionamiento del gobierno federal y entrar en conflicto con la ley federal.

Por su parte, también se presentaron los “Amicus Curiae” expresando su interés en proteger la capacidad de los residentes de buscar atención para el aborto y evitar las demandas y su interés más general en “garantizar que cada Estado cumpla con su obligación constitucional de no prohibir el acceso de servicios de aborto”. Sostienen que SB8 representa un ataque sin precedentes al orden constitucional y estado de derecho e insta a la Corte a que inmediatamente prohíba al Estado hacer cumplir la ley.

Más adelante, con fecha 30 de septiembre de este año, el Estado de Texas presentó su moción de desestimación, aduciendo que no existe ninguna controversia justiciable entre Texas y EE.UU. ya que este último no puede obtener reparación contra tribunales estatales o particulares, que no está lesionado y que carece de causa de acción. Además, sostuvieron que EE.UU. no pudo demostrar una clara violación a la 14° enmienda, que SB8 viole la inmunidad intergubernamental ni la producción de un daño irreparable.

Ahora bien, al momento de la redacción de la ley, el Estado de Texas, con pleno conocimiento de que privar a sus ciudadanos del derecho al aborto mediante la acción directa del Estado sería flagrantemente inconstitucional, ideó un esquema estatutario transparente y sin precedentes, facultando a los ciudadanos privados a emprender acciones civiles contra cualquiera que presuntamente realice, ayude o sea cómplice de la realización de un aborto, esto es, creando responsabilidad para todo aquel que lo realice, ayude o sea cómplice.

Ello así, y aunque la norma SB8 no definió qué constituye “ayuda o complicidad”, especificó que pagar o reembolsar los costos del aborto entraría en la prohibición, que se aplicaría “…independientemente de si la persona sabía o debía haber sabido que el aborto sería realizado…”.

Además, sostuvieron que para generarse la responsabilidad, una persona ni siquiera necesita tomar medidas para ayudar o incitar a un aborto prohibido, sino que todo lo que se requiere es que la persona tenga intención de ayudar o incitar a un aborto a las 6 semanas de gestación o más tarde.

Es decir, la ley de Texas pretende prohibir todos los abortos realizados a cualquier persona embarazada donde se haya detectado actividad cardíaca en el embrión, sin excepciones para embarazos resultantes de violaciones, abuso sexual, incesto o defecto fetal incompatible con la vida después del nacimiento –aunque sí contiene una excepción limitada para una emergencia médica (…) que impide el cumplimiento-.

Por otra parte, en relación a la legitimidad de EE.UU para demandar al Estado de Texas, la Corte explicó que, en estos casos, el demandante debe demostrar tres cosas: 1) que la lesión que sufre es concreta, particularizada y real o inminente; 2) que la lesión probablemente fue causada por el acusado y 3) que la lesión probablemente se repararía mediante reparación judicial.

En relación al punto 1) EE.UU. afirmó que la normativa SB8 daña al gobierno federal de dos maneras: 1) afirma que perjudica inconstitucionalmente las responsabilidades de los Estados Unidos bajo la ley federal al proporcionar servicios relacionados con el aborto en ciertas circunstancias. Específicamente, argumenta que SB8 expone a EEUU y a sus contratistas externos a responsabilidad y mayores costos por brindar servicios bajo el cuidado y custodia de agencias federales. Y 2) se encuentra lesionado por el intento de Texas de eludir sus obligaciones bajo la Constitución Federal y frustrar los mecanismos de revisión judicial previstos por la ley federal.

Ello así, sostuvo que posee la autoridad para demandar cuando un estado viola el interés del gobierno federal en defender la Constitución y lesiona la soberanía del gobierno federal.

En suma, entendió la Corte que en la medida en que la ley SB8 impide la capacidad del gobierno federal de proporcionar servicios relacionados con el aborto, exigidos por las regulaciones, los estatutos y la jurisprudencia, EE.UU. ha cumplido con su carga de demostrar la lesión concreta particularizada y real.

Determinó que la norma SB8 perjudica concretamente a los EE.UU. al prohibir que el personal y los contratistas federales cumplan con sus obligaciones de proporcionar servicios relacionados con el aborto y someter a los empleados y contratistas federales a responsabilidad civil por ayudar e incitar a la realización de un aborto.

Ello así, al imponer responsabilidad por daños y perjuicios de U$S 10.000 o más a cualquier persona que realice, induzca, ayude o incite a un aborto, SB8 expone al gobierno federal, sus empleados y sus contratistas a daños monetarios; exponiendo a los mismos a elegir entre enfrentar esa responsabilidad civil y daños o violar las regulaciones, estatutos o jurisprudencias federales.

En relación al segundo de los ítems, explicó la Corte que se requiere que la conexión causal debe ser tal que la lesión sea “razonablemente rastreable” a la acción impugnada del acusado.

En esta línea, la Corte sostuvo que EE.UU. ha establecido que SB8 causó un daño inmediato a sus intereses, perjudicando el interés soberano de EE.UU. en defender la supremacía de la Constitución Nacional y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos constitucionales, impidiendo que las mujeres embarazadas tuvieran acceso a su derecho constitucional al aborto y desalentando a los proveedores de servicios de aborto a brindar servicios, incluso antes de que se presentara una sola demanda privada para hacer cumplir la ley.

Y en torno al tercero de los elementos citados, señaló que la SB8 se diseñó deliberadamente para evitar reparación a través de los tribunales. Sin embargo, es esta misma falta de disponibilidad de reparación lo que hace que una medida cautelar sea la adecuada, de hecho, el único remedio para esta clara violación constitucional.

Frente a esta discusión, la Corte citó al juez Scalia en tanto a lo que ellos llaman “demandas en equidad”, las que se utilizan para “…prohibir acciones inconstitucionales por parte de funcionarios estatales y federales…” y son un recurso dictado por jueces, profundamente arraigado en la jurisprudencia estadounidense.

Los recursos equitativos son apropiados cuando en el caso particular los efectos amenazantes de una violación continua son tales que sólo un proceso equitativo puede prevenir.

Es decir, una medida cautelar es apropiada cuando así lo requieran los fines de justicia, cuando el recurso en equidad por sí solo podría proporcionar una reparación.

En pocas palabras, ante la ausencia de un remedio sencillo y adecuado en la ley, se ofreció la única prueba de jurisdicción equitativa. En el caso, SB8 está deliberadamente estructurado para que no exista recurso legal alguno adecuado mediante el cual accionar con la intención de que el esquema legal esté aislado de la revisión federal, limitándola a la revisión local.

Por todo lo cual, se ordenó a que el Estado de Texas, incluidos sus funcionarios, agentes, empleados y cualquier otra persona o entidad que actúe en su nombre, tenga la obligación preliminar de hacer cumplir el Código de Salud y Seguridad de Texas.

En este sentido, las acciones de los particulares están proscritas en la medida en que sus intenciones de presentar una acción civil bajo el Código citado requeriría una acción estatal que ahora está prohibida.

A mayor abundamiento, se ordenó que el estado de Texas debe publicar esta orden judicial preliminar en todos los sitios web de los tribunales de cara al público con una instrucción visible y fácil de entender para el público en el entendimiento de que los tribunales texanos no aceptarán demandas. Lo mismo para los tribunales estatales.

Por otro lado, frente a la preocupación de que este caso en particular pueda incrementar el número de demandas entabladas por EE.UU. contra los estados, la Corte está convencida de que se trata de un caso excepcional y lo seguirá siendo así por varias razones.

La primera es que históricamente EE.UU. no presenta muchas demandas contra estados.

La segunda es que EE.UU. actúa cuando la ley estatal viola la Constitución Nacional y tiene un efecto generalizado.

Y la tercera, que hace que este caso sea excepcional, es que EE.UU. busca prohibir al Estado en este caso no sólo porque se cree que la ley SB8 violó los derechos constitucionales de los ciudadanos texanos y causa lesiones importantes y generalizadas sino porque también alega que Texas diseñó la SB8 para impedir la capacidad de aquellos cuyos derechos están siendo violados de reivindicar sus derechos.

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