• sábado 16 de octubre del 2021
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El resumen jurídico de la semana

Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados de los últimos días.

Esta semana nos dejó una serie de importantes novedades en materia administrativa, legislativa y judicial que te contamos en este breve resumen.

Interrupción Voluntaria del Embarazo

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Interrupción Voluntaria N° 27.610

Fue publicada la reglamentación de dos de las leyes más resonantes del 2020: la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo n° 27.610 y la Ley de Plan de los 1000 Días n° 27.611. De esta forma, se efectiviza la implementación de las normas; cabe aclarar que ambas leyes fueron sancionadas definitivamente el 30 de diciembre del año pasado y su promulgación se registró el 15 de enero de 2021.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE) contempla el derecho de las personas gestantes a decidir la interrupción de su gestación hasta la semana catorce inclusive, y requerir la atención postaborto en los servicios del sistema de salud. De los 21 artículos del texto legal, el Poder Ejecutivo reglamentó siete de ellos.

Novedades

UNLP: lanzaron un observatorio para el estudio de la legislación y jurisprudencia local y nacional

Se trata de un proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que busca generar un espacio para el análisis y debate de la legislación local y nacional, así como su aplicación por los tribunales. El proyecto se presenta como un espacio para el análisis y debate de la normativa local y federal, y su aplicación por parte de los juzgados y tribunales de diferentes jurisdicciones. El Observatorio, que contará con dos áreas que estudiarán tanto las normas sancionadas por los poderes legislativos como las decisiones en el ámbito judicial, realizará un seguimiento del debate previo a la sanción de la ley, así como el de su efectiva aplicación, los conflictos con otras normas de igual o diferente rango. Además, investigará las diferentes interpretaciones jurisprudenciales que resulten de particular interés para evaluar si la norma logra los fines propuestos.

Cambios en el gabinete y medidas del Ejecutivo

Jorge Taiana y Juan Zabaleta juraron como ministros de Defensa y Desarrollo Social

Jorge Enrique Taiana y Juan Zabaleta juraron como ministro de Defensa y titular de Desarrollo Social, respectivamente, en reemplazo de los salientes Rossi y Arroyo, quienes se dedicarán a las precandidaturas en la campaña para las PASO, a celebrarse el 12 de septiembre. El acto se llevó a cabo ayer por la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El gobierno relanzó los créditos a Tasa 0 para monotributistas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), relanzó el Programa Crédito a Tasa Cero 2021. El plan estará destinado a monotributistas, por un monto de hasta $150 mil pesos, dependiendo de la categoría. La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 521/2021(DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial, que indica la “letra chica” del beneficio. El Programa Tasa Cero está destinado a la asistencia de trabajadores y trabajadoras adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva.

Relanzan el programa Previaje

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, mediante la Resolución 305/21 aprobó el programa de incentivos a la preventa de servicios turísticos nacionales “Previaje”, relanzando de esta manera el proyecto implementado a fines del año pasado.

El programa se encuentra orientado a fomentar y potenciar la demanda del turismo nacional y consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado Nacional a favor de las personas humanas, equivalente al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que estas realicen.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema declaró inconstitucional una norma procesal local que incorpora una causal de extinción de la acción penal

Declaró inconstitucional la previsión de la legislación procesal penal de Chubut, en cuanto establece una causal de extinción de la acción penal no prevista en la legislación de fondo. El caso llegó a la Corte luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declarara inadmisible la impugnación contra la sentencia de la cámara penal que sobreseyó a los imputados por haber excedido la investigación preparatoria el plazo máximo de 6 meses autorizado por el artículo 282 del código procesal penal local.

Según la Corte, las leyes procesales locales pueden legislar respecto a la caducidad para el ejercicio del derecho en cuestión, pero no  pueden hacerlo con relación a la extinción de la acción penal, ya que se trata de una competencia de fondo que le corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación

La Corte Suprema volvió a declarar violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una amplia argumentación jurisprudencial, especialmente basándose en el fallo “Escudero” dictado en marzo de este año, declaró procedente una queja por haber encontrado vulnerado el derecho de la persona a ser juzgada en un plazo razonable. La defensa del señor Carlos Alfredo Gómez, condenado hace 16 (dieciséis) años por un delito menor, encontró violentadas las garantías de imparcialidad del juzgador, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, toda vez que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable debe reputarse incluido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En su razonamiento, los magistrados de la Corte dieron razón al recurrente e hicieron primordial hincapié en normas constitucionales y de derecho internacional. Principalmente, en razón del artículo 18 de la norma fundamental de nuestro país y en la previsión que hacen los Tratados Internacionales incorporados a ella, que prevén la razonabilidad del plazo dentro del debido proceso legal y la garantía de acceso a la justicia.

Coparticipación: la Corte Suprema resolvió que la causa debe tramitar en la jurisdicción originaria del Tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa iniciada por CABA contra la Nación, a causa de la modificación del coeficiente de coparticipación mediante el Decreto 735/20, resulta de competencia originaria del Máximo Tribunal. Las actuaciones se habían iniciado en septiembre del año pasado, cuando la Ciudad inició un amparo con el objeto principal que se reestablezca de forma inmediata el coeficiente previo al dictado del decreto, se declare la inconstitucionalidad y nulidad del DNU 735/2020 y sus actos consecuentes, y se disponga el reintegro de los fondos quitados. Asimismo, había solicitado el dictado de una medida cautelar que suspenda inmediatamente los efectos del decreto cuestionado.

Picadito judicial

La justicia ordena a YPF brindar información sobre el yacimiento de Vaca Muerta

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, rechazó el remedio interpuesto por YPF S.A, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Federación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y confirmó la sentencia apelada ordenando a la empresa que en el plazo de 30 (treinta) días hábiles brinde información de carácter ambiental, referida a los yacimientos de Vaca Muerta. En la causa caratulada “Fundación Ambiente y Recursos Naturales contra YPF SA varios” la magistrada ordenó a la sociedad demandada brindar la información de carácter ambiental requerida oportunamente sobre la concesión, exploración y explotación del yacimiento Vaca Muerta.

Confirmaron el rechazo de un amparo destinado a la suspensión de desalojos de inquilinos en todo el país

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazó la acción contra el Poder Ejecutivo Nacional y destinada a la suspensión de los desalojos de inquilinos de todo el país mientras dure la pandemia de Covid-19. El tribunal juzgó que la asociación no contaba con legitimación y que el colectivo que pretendía representar no estaba bien identificado como tampoco el objeto de la pretensión.

Interpusieron una acción amparo con el fin de garantizar una iniciativa popular contra privilegios clericales

La agrupación O.L.A buscó la derogación de leyes y decretos clericales provenientes de las distintas dictaduras que sufrió nuestro país, a través de una iniciativa popular en los términos del artículo 39 de la Constitución Nacional y la ley reglamentaria 24.747. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley, que ordena al Defensor del Pueblo la verificación esencial del proyecto, se envió la información necesaria para hacerlo.

La nota enviada con la información fue respondida por el Jefe de la Asesoría Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien estableció que no se cumplieron los requisitos del artículo en cuestión. Si  bien es la misma ley la que encomienda exclusivamente al  Defensor  del Pueblo la verificación de los proyectos, desde diciembre de 2013 el puesto de Defensor del Pueblo encuentra vacante, por lo que no existe actualmente  quien  lo  reemplace y no es posible darle tratamiento a la solicitud en cuestión.

- Servicios públicos

La Justicia bonaerense prohibió el corte del suministro eléctrico a asociaciones civiles y clubes de barrio

La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº4 de La Plata, María Ventura Martínez, hizo lugar a una medida cautelar para que las prestadoras de energía eléctrica se abstengan de cortar el suministro eléctrico a asociaciones civiles y clubes de barrio afectados por la pandemia.

En la primera de las causas, la presentación fue realizada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, con el objetivo de que se conceda una medida autosatisfactiva –luego reconducida como proceso de conocimiento con medida cautelar- que ordene a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que facturen 0 pesos los consumos registrados por las entidades que beneficiarias por el artículo 1° de la ley 15.192.

Según expuso el Defensor del Pueblo, las prestadoras de energía eléctrica no solo se encontraban incumpliendo la ley 15.192 y las circulares e intimaciones emitidas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), sino que además ellas mismas habían intimado a clubes y asociaciones civiles que estuvieran con deudas de pago.

Autorizan aumentos en las tarifas del servicio eléctrico

El gobierno autorizó el aumento en las tarifas del servicio de luz, a través de las Resoluciones 262/21 y 263/21 publicadas en el Boletín Oficial de hoy. La medida permitirá las subas del 2,98% en tarifas de Edenor y 3,10% en tarifas de Edesur.

- Responsabilidad

La justicia confirmó una sentencia contra el gobierno porteño por una vereda en mal estado

La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por daños y perjuicios, a raíz del accidente sufrido por una vecina, que cayó en una rampa de discapacitados en mal estado.

La causa fue caratulada como “Laufer Norma Haydee c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  otro s/ daños y perjuicios” y determinó la responsabilidad civil del Estado en las lesiones sufridas por una vecina, -fractura en el miembro inferior derecho- causada por haber caído en una vereda rota y despegada.

Accidente in itinere: Una trabajadora fue atacada por perros y deben indemnizar el daño estético

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contempla la posibilidad de indemnizar la incapacidad que deriva de una enfermedad no incluida en el listado de la LRT.  La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego de revisar una sentencia de primera instancia que reconocía el daño estético por el ataque de una jauría de perros a una trabajadora, confirmo la posibilidad de indemnizar la incapacidad que deriva de una enfermedad no incluida en el listado de la Ley de Riesgo de Trabajo (LRT).

La justicia rechazó una demanda por la muerte de un joven atropellado

El fallo determinó que existió responsabilidad civil de la víctima, por haber cruzado la ruta en un lugar no habilitado para ello, teniendo la posibilidad de hacer por un puente peatonal.

La Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal dictó sentencia en la causa por la muerte de un joven atropellado al cruzar una ruta provincial. El Tribunal dictaminó la responsabilidad civil de la víctima por haber cruzado la ruta provincial 36 de Florencio Varela, en un lugar no habilitado para ello.

Los jueces Liliana Edith Abreut de Begher, Claudio Marcelo Kiper y José Benito Fajre determinaron que la pericia accidentológica no dictaminó exceso de velocidad por parte del demandado. Asimismo, el peritaje llevado a cabo arrojó la existencia de una divisoria de manos construida en cemento, claramente disuasiva y permanente, de aproximadamente 1,2 metros de altura, que implica una restricción al cruce dela ruta por el lugar donde lo intentó el peatón. La infracción a la normativa por parte de la víctima dio origen al siniestro, señala el fallo.

 

 

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