- martes 22 de abril del 2025
Los jueces compartieron la opinión fiscal, que consideró que no existieron sobreprecios ni licitaciones direccionadas por los ex funcionarios a cargo de esa política pública, ya que la denuncia original solo comparaba el precio único de la cuna sin tener en cuenta el resto de los elementos que conformaban el kit.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico, dispuso el sobreseimiento de distintos ex funcionarios y empresarios imputados por sobreprecios y licitaciones direccionadas en el marco del “Plan Qunita”.
La causa se inició luego de una denuncia de Graciela Ocaña, que al acompañar facturas de lo que valdría una cuna similar a la que se proveía en el mencionado plan, indicó que existía un sobreprecio en lo que se había pagado a las empresas adjudicatarias de la licitación.
Sin embargo, a pesar de que el fiscal Taiano y el juez Bonadío concluyeron que eso ameritaba la elevación de la causa a juicio, la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, solicitó el sobreseimiento por entender que no se había configurado delito alguno contra la administración pública, luego de la prueba incorporada que descartó una licitación direccionada en favor de las empresas adjudicatarias.
Al respecto, la representante de la acusación indicó que la cotización presentada por Ocaña no guardaba relación ni a nivel cuantitativo ni cualitativo con los componentes del “Kit Qunita”, en tanto prescindía del resto de los componentes que acompañaban a la cuna, los impuestos, los costos de cauciones, financieros y las utilidades.
En ese requerimiento, la fiscal señaló de haberse realizado un peritaje contable y un peritaje técnico comparativo en la etapa de instrucción se hubiera evitado la elevación a juicio de la causa.
Al respecto, el juez Adrián Federico Grünberg señaló que “cuando la examinación de esos nuevos elementos de prueba no valorados en instancias anteriores permita alcanzar la evidencia sobre la atipicidad del comportamiento investigado, el tribunal resulta habilitado jurisdiccionalmente a poner fin a la persecución penal”.
Seguidamente, el magistrado señaló que si bien el Código Procesal Penal de la Nación ha contemplado un sistema mixto de enjuiciamiento, la jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrina procesal penal han reconocido que el tribunal no puede condenar sin acusación, la que debe ser realizada por un órgano distinto a éste.
De esta forma, más relacionada con un sistema de enjuiciamiento acusatorio, ante la ausencia de contradictorio entre las partes, sin una querella que reclame la continuidad del proceso y con un dictamen fiscal motivado en el derecho y en las constancias de la causa, los jueces consideraron que correspondía hacer lugar al sobreseimiento solicitado.
Entre los beneficiados con el sobreseimiento, se encuentran el actual Ministro y Viceministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, y el ex Jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández.
La nómina de funcionarios sobreseídos la completan Ana Paula Herrera Viana, Fanny Clemente Lamas, Juan Carlos Piccolini, Alicia Raquel Escobar Atensio, Claudia Ángela Esteban y Carlos José Tejada.
Por su parte, los/as empresarios/as María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Leandro Nicolás Flores, Sergio Alejandro Lupi, Martín Miranda, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli, Jorge Omar Artazcoz y Dora María Ruocco se los sobreseyó en su carácter de coautores (excepto esta última imputada como partícipe necesaria).
