• viernes 21 de enero del 2022
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La tutela del “bien de familia” se transmite en una cesión de derechos hereditarios sin necesidad de reinscripción

La Sala segunda de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, sostuvo que es necesario configurar alguna de las causales que autorizan la desafectación y cancelación de la inscripción del inmueble como "bien de familia" para poder ejecutarlo.

En el marco de un proceso judicial mediante el cual se perseguía el cobro ejecutivo de ciertas obligaciones, se buscaba la subasta en relación a un inmueble propiedad del co-ejecutado.

En ese camino, el juez de primera instancia, había ordenado la suspensión de la referida subasta entendiendo que el bien en cuestión –conforme su inscripción registral- se encontraba afectado como “bien de familia”, proyectándose dicha tutela a sus nuevos titulares.

Frente a dicha decisión, la parte actora –quien busca la ejecución del bien- decidió impugnar la misma, dando lugar al decisorio de la Cámara 1°-Sala II en lo Civil y Comercial de la Plata, quien resolvió confirmar la decisión de primera instancia.

Adentrándonos en los hechos, el co-ejecutado en el proceso, resultaba titular del inmueble a partir de la celebración de un contrato de cesión onerosa de acciones y derechos hereditarios.

Asimismo, conforme las constancias de la causa y según informara el Registro de la Propiedad Inmueble, el referido bien posee una anotación de cláusula de inembargabilidad de hipoteca y otra de afectación al régimen del bien de familia, en ambos casos, vigentes, lo que arroja firmeza al entendimiento que hizo el magistrado de primer instancia y, posteriormente, la Cámara.

En ese recorrido, la Cámara sostuvo que la afectación del inmueble como “bien de familia” se encontraba vigente no solo porque así lo informó el Registro, sino porque el co-ejecutado tiene un vínculo de parentesco que, por ley, habilita su designación como beneficiario.

Bajo tales parámetros y frente a la inscripción registral que da cuenta de la exclusión del inmueble del régimen común de responsabilidad patrimonial, entendió la Cámara que pesaba sobre la ejecutante la prueba de que las condiciones que justificaron el reconocimiento de tal beneficio han dejado de tener vigencia y, de tal modo, se configurar uno de los supuestos de desafección que tornan procedente la cancelación de su inscripción como bien de familia. Pero habiendo analizado las constancias de la causa, el Tribunal consideró que dicha carga que no aparece abastecida en el caso.

Por todo ello, entre otros argumentos, la Cámara integrada por Irene Hooft y Ana María Bourimborde resolvió rechazar los agravios de la parte actora ejecutante, confirmando la decisión de primer instancia en cuanto juzgó subsistente la protección del inmueble embargado, ordenando en consecuencia la suspensión de la subasta decretada.

 

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