- sábado 07 de diciembre del 2024
Un análisis del juicio por jurados llevado a cabo en Minnesota por el homicidio de George Floyd y las interrogantes que quedan abiertas luego de la condena al policía Derek Chauvin.
Por María Luisa Piqué (*)
El 20 de abril de este año un jurado de Minnesota condenó a Derek Chauvin por el homicidio de George Floyd. Fue una condena excepcional en un país donde la regla es que hechos así terminen impunes o con condenas por delitos menores.
La muerte a manos de la policía de este hombre negro de 46 años, abuelo, que fue rapero en los 90’s y ahora trabajaba como seguridad privada hasta que se quedó sin trabajo por la pandemia, revitalizó el movimiento Black Lives Matter y la discusión sobre el desigual trato que reciben las personas blancas y las personas negras en los Estados Unidos por parte de la policía y la justicia.
Al día siguiente del hecho, luego de que se viralizara el video donde se veían los casi 10’ en que Floyd rogaba por su vida y le decía a un incólume Chauvin que no podía respirar, estallaron las protestas en Minneapolis y en todo el país. Ese mismo día el jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, echó a los cuatro policías involucrados en el arresto de Floyd y convocó al FBI para que iniciara una investigación. Tres días después, Derek Chauvin fue arrestado y quedó imputado por homicidio.
Varias investigaciones empíricas señalan que los casos de policías que son perseguidos, juzgados y condenados por muertes que ocurren en contextos de detenciones son excepcionales.
Según “Mapping Police Violence”, entre 2013 y 2019 7666 policías dieron muerte a alguna persona en los EEUU y solo 25 fueron condenados (0,3%), 74 fueron imputados pero no condenados (1%) y 7567 restante (el 98,7%) no fue ni siquiera imputado[1].
También según Mapping Police Violence, solamente en 2020, 1127 personas murieron a manos de la policía, el 96% por disparos de armas de fuego y el resto por uso de taser, por uso de la fuerza física o por patrulleros. Solo en 16 casos hubo una imputación penal (el 1% de los casos).
Aquí pretendo marcar algunas características del caso que tal vez explican, al menos en parte, por qué tuvo un desenlace diferente de aquel al que las estadísticas lo destinaban.
Pero podemos ir también un poco más allá y de paso preguntarnos si este caso nos dice algo sobre el juicio por jurados como sistema para adjudicar responsabilidad individual por hechos que damnifican a personas que integran grupos históricamente discriminados por la policía y la justicia. Y si el juicio por jurados puede convertirse en un espacio de discusión y diálogo democrático sobre temas que a veces polarizan a la sociedad, por ejemplo el grado de responsabilidad de quienes integran una fuerzas de seguridad por los hechos que cometen en ejercicio de sus funciones.
La manera en que se desarrolló la selección de las personas del jurado permitió una discusión abierta sobre qué sesgos o preconceptos nos habilitan o no para juzgar y por primera vez, manifestar adhesión al Black Lives Matter o haber participado en marchas en contra la brutalidad policial no fueron razones para quedar excluida del jurado.
También este caso plantea algunos interrogantes sobre si el proceso penal y el juicio por jurados en particular son espacios para discutir no ya la responsabilidad individual, sino ciertas prácticas sistemáticas y la discriminación estructural que sufren las personas que integran ciertos grupos. En una sociedad en la que la policía tiene elevados índices de aprobación, las fiscalías pueden optar por ciertas estrategias dirigidas a lograr una condena en el caso concreto que a su vez invisibilicen la discriminación racial y la dimensión estructural subyacentes.
1) Las agallas y el celular de Darnella
Luego de la muerte de Floyd, la policía de Minneapolis emitió un comunicado titulado “Un Hombre Muere luego de Incidente Médico durante la Interacción con la Policía”. Ahí se decía que los oficiales habían sido convocados a la Av. Chicago Sur luego de una denuncia por un billete falso. El sospechoso, se informó, “aparentaba estar bajo la influencia” (de alguna sustancia).
El comunicado seguía de esta manera:
“Dos oficiales llegaron y localizaron al sospechoso, un hombre que se cree que tiene 40 años, en su automóvil. Se le ordenó que saliera de su coche. Después de salir, se resistió físicamente. Los oficiales pudieron esposar al sospechoso y notaron que parecía estar sufriendo problemas médicos. Pidieron una ambulancia. Fue trasladado en ambulancia al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde murió poco tiempo después ”.
En el comunicado la policía informó que “En ningún momento alguna de las personas usó armas de ningún tipo en este incidente”.
La muerte de Floyd quizás habría terminado en ese 99% de muertes producidas en 2020 a manos de la policía que quedaron impunes, de no haber sido por una adolescente que registró todo en su celular y viralizó el video.
Ese 25 de mayo de 2020, Darnella Frazier, de 17 años, caminaba por Minneapolis con su prima de 8 años y se encontró con esta situación. "Un hombre en el piso y un policía arrodillado encima. El hombre estaba aterrado, suplicaba por su vida. Estaba sufriendo, dolorido. Gritaba ‘no puedo respirar, por favor’ y lloraba por su mamá. Se notaba que sabía que todo se había acabado para él".
Darnella sacó su celular y se puso a filmar. El video dura alrededor de 10’ y se ve a un policía blanco arrodillándose sobre el cuello de un hombre negro que ruega por su vida y que a medida que pasan los minutos se va debilitando hasta que queda inconsciente. Se ven y se escucha a transeúntes que le gritan a Chauvin “lo mataste, salí de arriba de él”.
Al día siguiente, después del comunicado de la policía de Minneapolis, Darnella subió el video a su cuenta de Facebook, y escribió: “Lo mataron en frente del cup foods de 38 sur y Chicago! Ningún tipo de empatía #POLICEBRUTALITY”.
El video se viralizó y provocó protestas y disturbios en todo el país.
Cuando declaró en el juicio dijo: “Han sido muchas las noches en que estuve disculpándome y disculpándome con George Floyd por no haber hecho más y por no haber actuado con él físicamente y por no haber salvado su vida”. También dijo que “Cuando veo a George Floyd, veo a mi papa, a mis hermanos, a mis primos, mis tíos, porque son todos negros. Veo que podría haber sido cualquiera de ellos.”
Hubo mucha prueba en el juicio, pero el video de Darnella fue determinante. “Créanle a sus ojos” dijeron los fiscales al jurado en sus alegatos, más de una vez. “Lo que ustedes vieron en el video, pasó”. “El caso fue exactamente lo que ustedes pensaron cuando vieron ese video por primera vez”. “Es aquello que sintieron en el estómago. Es aquello que está en sus corazones”.
Pero si bien el video es muy gráfico, en Estados Unidos todavía sigue abierta la herida de la absolución de los policías involucrados en la brutal golpiza que sufrió Rodney King en 1991 en Los Ángeles, pese a que también había quedado registrada en un video (filmado por George Holliday, un vecino entusiasta por estrenar su nueva filmadora).
Por eso la fiscalía no se confió, y en los meses que siguieron al hecho, diseñó cuidadosamente la estrategia acusatoria, y preparó con mucha anticipación el juicio.
2) El trabajo de la fiscalía
El fiscal principal fue el Procurador General de Minnesota, Keith Ellison, primer negro en ocupar ese cargo, al que llegó por voto popular. Antes de ser electo, fue diputado (el primer musulmán en acceder a esa cámara), pero también durante muchos años fue abogado de personas que sufrieron violencia policial en Minneapolis y un activo defensor de los derechos civiles.
Empezó a intervenir en el caso de forma directa por decisión del gobernador pocos días después del hecho. Ellison, a diferencia del fiscal de Minneapolis al que le tocaba investigar y litigar el caso, contaba con el apoyo de la comunidad afroamericana.
La desconfianza de la comunidad en los fiscales locales para intervenir en casos de violencia policial no es infundada. Se basa en el vínculo estrecho que suele haber entre la fiscalía y la policía local y lo excepcional que es que fiscales locales imputen formalmente a integrantes de la policía involucrados en alguna muerte por uso excesivo de la fuerza.
En Estados Unidos la policía trabaja directamente con los y las fiscales constantemente, en todos los casos. Esto genera que haya muchos vínculos entre quienes integran la fuerza y la fiscalía, no solo profesionales, incluso sociales y personales. Por eso, cuando quien está sentado en el banquillo de los acusados es un integrante de alguna fuerza de seguridad, suele haber sospechas sobre si la fiscalía va a ser objetiva a la hora de decidir si va a formular cargos o no. En palabras del Keith Ellison, “Las comunidades sospechan cuando la policía investiga a la policía y también cuando la fiscalía local investiga a la policía porque es sabido que no solo trabajan juntos, sino que muchos desarrollan vínculos de amistad, comparten vida social y se cuidan”.
Ellison, para aventar cualquier conflicto de interés o dudas sobre la objetividad de la acusación pública, convocó a propósito a dos abogados ajenos a la fiscalía, Jerry Blackwell -un abogado corporativo- y Steve Schleicher -un ex fiscal federal que ahora tiene su propio estudio jurídico-. Ellos fueron las caras más visibles en el juicio y no cobraron honorarios por su trabajo. El equipo que preparó el juicio estuvo integrado por 14 abogados y abogadas.
Los cargos por los que la fiscalía decidió llevar a juicio a Chauvin fueron homicidio en segundo grado (cuando alguien produce una muerte sin intención mientras comete un ataque corporal, delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión), homicidio culposo en segundo grado (causar muerte con negligencia culpable, delito que tiene una pena de 10 años de prisión) y homicidio en tercer grado (cuando alguien hace algo eminentemente peligroso hacia otras personas sin consideración hacia la vida humana, hasta 40 años de pena de prisión) [2].
El jurado halló culpable a Chauvin por los tres cargos.
Chauvin estuvo en prisión preventiva desde su detención el 29 de mayo de 2020 hasta el 7 de octubre del mismo año, cuando recuperó su libertad porque pagó como fianza un bono valuado en 1 millón de dólares, asegurado por una empresa privada. La libertad de Chauvin en su momento dio lugar a muchas protestas y puso de manifiesto las injusticias a las que lleva el sistema de fianzas aseguradas con bonos. Si bien la Constitución de los EEUU prohíbe fianzas impagables, un 34% de personas están en prisión preventiva por no poder pagar las fianzas que se les impone.
Apenas el jurado dio a conocer el veredicto de culpabilidad, el juez Cahill revocó la fianza y ordenó la detención de Chauvin en la sala de audiencias.
La fiscalía también pidió que se aplicaran ciertas agravantes genéricas para todos los delitos y que inciden en el monto de la pena. Respecto de esto último, Chauvin renunció a que fuera el jurado el que las determinara, así que fueron decididas por el juez Cahill. Las agravantes que pidió la fiscalía y que el juez consideró aplicables son: Chauvin abusó de su posición de autoridad y de la confianza depositada en él por ser policía; Chauvin trató a George Floyd con especial crueldad al someterlo a una muerte prolongada y por asfixia, pese a que Floyd decía que no podía respirar; había niños/as presentes al momento del hecho, que vieron todo desde la vereda; intervinieron 3 o más personas[3].
Se discutió antes del juicio si la fiscalía podía producir prueba relativa a otras 17 denuncias previas contra Chauvin por uso irrazonable de la fuerza. El juez Cahill, luego de escuchar a las partes, dijo que de todas esas denuncias la fiscalía podía usar solo dos de ellas. Sin embargo, la fiscalía al final decidió no usarlas y el jurado entonces nunca se enteró de su existencia.
El argumento que dieron los fiscales en entrevistas posteriores al juicio de por qué excluyeron esas pruebas fue que “este caso era sobre esos 9 minutos y 29 segundos -tiempo en que Chauvin tuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd-, tal como dijimos en los alegatos de apertura y de clausura. Los incidentes previos de mala conducta, que incluso demostraban conocimiento sobre cómo hay que hacer el trabajo, pueden servir, pero este caso era sobre lo que pasó en el piso, sobre la posición en que colocaron a Floyd, que fue un uso de la fuerza no autorizado y excesivo. Entonces decidimos que lo principal siga siendo principal".
Las banderas de “Black Lives Matter” que hubo afuera del tribunal durante todo el juicio contrastaban con el silencio que hubo en la sala de audiencias sobre la cuestión racial. A diferencia de lo que pasó en las audiencias de selección del jurado, ninguna de las partes hizo referencia en el juicio a la raza de Chauvin ni a la de Floyd. Tampoco se discutió si la policía de Minneapolis incurría en ciertos patrones o prácticas respecto de las personas negras.
En Minnesota existe una agravante genérica para ciertos delitos cuando son cometidos contra una persona porque pertenece a alguno de los grupos protegidos por las normas federales de derechos civiles. Entre estos grupos están el género, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, discapacidad, etnia, raza, país de origen, religión, entre otras. Cuando un delito es imputado con esta agravante es un “crimen de odio”. Sin embargo, la fiscalía no imputó a Chauvin por un crimen de odio.
La explicación del Procurador fue que cuando se imputa un crimen de odio el motivo tiene que ser explícito y en este caso no había pruebas de eso (por ejemplo, testigos que hubieran escuchado a Chauvin hacer algún comentario racial) [4].
3) La selección del jurado
El proceso de selección empezó en diciembre del año pasado, cuando alrededor de 300 personas recibieron un cuestionario de 14 páginas. Las preguntas iban desde ¿Puede Ud. dedicarse a esto? ¿Tiene hijos pequeños? ¿Su trabajo le permite ser Jurado? Hasta ¿Cuál es su opinión sobre la justicia penal? ¿Cuál es su opinión sobre Black Lives Matter? ¿Y sobre el Blue Lives Matter? ¿Cuál es su opinión sobre la policía? ¿Piensa Ud. que la policía es racista? ¿Participó Ud., o alguna persona cercana a Ud., de algunas de las marchas en contra de la brutalidad policial que ocurrieron en Minneapolis luego de la muerte de George Floyd? De ser así ¿Llevaba Ud. algún cartel? ¿Qué decía?
También había preguntas sobre temas sensibles en los Estados Unidos como las restricciones a las libertades por la pandemia del COVID-19, el movimiento a favor de la desfinanciación de la policía, las teorías conspirativas y las adiciones a los opioides.
La audiencia del voire dire duró tres semanas (lo mismo que el juicio). Muchas de las personas convocadas fueron descartadas porque ya tenían una opinión formada. Casi todas dijeron haber visto el video de Darnella. En un momento la defensa intentó mover el juicio a otra ciudad pero el juez no lo autorizó porque de todas maneras el hecho había tenido enorme repercusión en todo el estado, no solo en Minneapolis.
En ese ínterin, a finales de marzo la familia de Floyd firmó un acuerdo con la ciudad de Minneapolis por una reparación de 27 millones de dólares, lo cual también suscitó dudas respecto de si el jurado iba a poder ser imparcial. Dos integrantes del jurado de hecho se excusaron de seguir participando cuando se enteraron del acuerdo económico porque eso los condicionaba en contra de Chauvin.
La selección del jurado también reflejó muchas discusiones respecto de qué experiencias o perspectivas se necesitan para juzgar un caso y, en definitiva, qué es la imparcialidad.
Quienes vienen siguiendo de cerca el sistema de jurados en los Estados Unidos, y cómo funciona en los casos en los que está en juego la discriminación racial, señalan que el voire dire para juzgar a Chauvin fue muy diferente de otros procesos donde se juzgaron hechos de brutalidad policial.
Por primera vez, el mero hecho de simpatizar con Black Lives Matter, o de afirmar que las personas reciben un trato diferente por parte de la policía según su raza, no fue una razón para quedar excluido o excluida del jurado. Esta también fue la razón por la cual el jurado terminó siendo diverso, ya que la exclusión de una persona por decir que cree que la lucha del Black Lives Matter es justa, impacta desproporcionadamente en los negros y negras y los hace más susceptibles de quedar afuera del jurado en este tipo de casos.
Sonali Chakravarti advirtió un enorme -e inusual en estos casos- esfuerzo de la fiscalía y de la defensa por no excluir a las personas del jurado solamente por la raza y por tolerar afirmaciones que podían ir en detrimento de sus intereses, siempre y cuando estuvieran dispuestas a dejar de lado su opiniones generales para concentrarse en los hechos y en la prueba del caso concreto.
El rol del juez Cahill en este proceso fue crucial. Su postura fue que para determinar si una persona estaba calificada para servir en el jurado iba a considerar todas las respuestas de potenciales jurados al cuestionario y no se iba a concentrar en afirmaciones aisladas. Para él era previsible que las personas convocadas tuvieran opiniones sobre la muerte de Floyd, pero lo que era más importante era la predisposición de los y las potenciales integrantes del jurado para asumir la responsabilidad de juzgar y comprometerse con las reglas del debido proceso.
A pesar de eso, la exclusión del Jurado 76 -un hombre negro que vivía en el mismo barrio en el que Floyd fue asesinado- mostró que todavía los jurados negros que son abiertos respecto de sus experiencias vitales son más susceptibles de ser recusados por las partes. Este hombre recordó que la policía solía poner por altoparlante la canción “Another One Bites the Dust” desde el patrullero cada vez que alguien en su comunidad era arrestado o recibía un disparo. El abogado defensor le preguntó una y otra vez si podía ser imparcial y el hombre dijo que sí. Sin embargo, la defensa pidió recusarlo con causa. Como el juez se negó, utilizar una de sus “peremptory strike” (recusaciones sin causa) para excluirlo.
Después de este largo proceso, el jurado quedó integrado por nueve mujeres y cinco varones. Ocho blancos, cuatro negros y dos identificados como multiraciales. El rango de edad iba desde 20 hasta 60 años. En términos de diversidad, el jurado fue más diverso que la propia Minneapolis, cuya población es negra en un 20%.
Entre los y las integrantes del jurado había una enfermera de cuidados intensivos que dijo durante la audiencia de selección que si veía a alguien en la calle que necesitaba ayuda, se veía obligada a intervenir. Una abuela, negra, que dijo no haber tenido ninguna experiencia personal con la policía ni con la justicia penal. Una mujer blanca que dijo que en su tiempo libre le gusta andar en moto y que está convencida de que “todas las vidas importan”. Un hombre negro que trabaja en un banco y que dijo que tenía ganas de integrar el jurado del caso “más histórico de mi vida.”
La mayoría de las personas que finalmente integraron el jurado dijeron que de cierta manera estaban de acuerdo, o que estaban muy de acuerdo, con la siguiente afirmación: “En este país las personas negras no son tratadas por la justicia de la misma manera que las blancas”. También tenían una opinión favorable del Black Lives Matter y no estaban de acuerdo con la afirmación de que los medios de comunicación exageran la discriminación racial.
Al menos diez de las quince personas seleccionadas (doce titulares y tres suplentes) dijeron que ya tenían formada una opinión “un tanto negativa” de Chauvin, aunque estas opiniones tenían algunos matices -muchos dijeron que tenían una opinión positiva de la policía pero que creían que el sistema de justicia penal de cierta manera tenía sesgos en contra de los negros. Todos dijeron que podían dejar de lado estas opiniones y tomar en cuenta solamente la prueba del juicio.
Días después del veredicto se supo que en agosto de 2020 uno de los jurados -Brandon Mitchell- había estado en una marcha en homenaje a Martin Luther King donde la familia de George Floyd pidió justicia. Y se fotografió con una remera q dice "saquen sus rodillas de nuestros cuellos".
En la audiencia del voire dire cuando se le preguntó si había participado en marchas contra la violencia policial, marcó "no" y cuando le preguntaron por su opinión sobre el Black Lives Matter, dijo: “Black Lives solo quiere que los traten como iguales y que no los maten o traten de una manera agresiva simplemente por ser negros”.
En el cuestionario también dijo que le gustaría participar en el jurado porque el caso era histórico y desencadenó muchas protestas, pero ante preguntas de la defensa dijo que no había correlato entre las protestas y los hechos. "Los hechos son los hechos" dijo.
A raíz de la noticia, hubo especulación de que la defensa plantearía la nulidad del juicio porque el jurado mintió. Él dice que no mintió, que fue a la marcha pero no para reclamar por la brutalidad policial sino por el derecho al voto.
Aun así, una mentira no anula automáticamente todo el juicio. Como nos enseña el proceso de selección del jurado en este caso, quienes lo integran pueden tener opiniones de los temas de actualidad, pero tienen que estar dispuestos a dejarlos de lado para juzgar sobre la base de los hechos y la prueba. De lo contrario, nadie estaría en condiciones de juzgar nada. Tampoco lo estarían los jueces y las juezas profesionales.
4) El retiro de cobertura
Uno de los rasgos más inusuales del juicio es que por fin se rompió el famoso “blue wall of silence” (“muralla azul de silencio”) que suele proteger a los policías que están siendo juzgados por el uso de fuerza letal y que inhibe a sus compañeros de fuerza de criticar su actuación.
En este caso, los policías que declararon en el juicio se diferenciaron de Chauvin.
Richard Zimmerman, el policía en actividad con más antigüedad en Minneapolis, y que llegó a la escena del hecho cuando Floyd estaba muerto, dijo que hay distintos niveles de fuerza que un policía puede ejercer según el contexto. Si la persona está reducida y esposada, la fuerza no es necesaria y su bienestar es responsabilidad del policía. Poner la rodilla en el cuello de una persona esposada no forma parte del entrenamiento, es fuerza letal y si la persona está reducida, no está justificada. Dijo que vio los videos y concluyó que la fuerza que ejerció Chauvin contra Floyd fue innecesaria. Floyd estaba contra el piso y esposado. Poner la rodilla en su cuello no se justificaba porque no había razones para pensar que el policía estaba en peligro. Una vez que Floyd fue esposado, la fuerza debió cesar.
Uno de los testigos más importantes para la acusación fue el jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo. Dijo que la acción de Chauvin de dejar a Floyd contra el piso incluso mucho tiempo después de que dejara de respirar fue una violación absoluta del entrenamiento y de la ética de la fuerza. Que su acción fue "totalmente innecesaria", contrarió las políticas de la fuerza y violó uno de los lemas centrales: la santidad de la vida. El uso de la fuerza no fue objetivamente razonable a la luz del contexto.
Algo similar dijo Katie Blackwell que dirigió el área de entrenamiento de la policía y conocía a Chauvin desde hace 20 años. Dijo que a la policía se le enseñan los peligros que aparejan tener una persona en una posición que limite su capacidad respiratoria -"asfixia posicional"-.
En esto podemos ver alguna línea de continuidad entre la teoría del caso de la fiscalía y la declaración de los compañeros de fuerza de Chauvin. En varias partes de su alegato la fiscalía hizo hincapié en que no se estaba juzgando a la policía general, sino a un mal policía como Derek Chauvin: “el acusado fue traído a juicio no por ser un policía -esto no es el estado vs. la policía-. No está en juicio por lo que era sino por lo que hizo”.
El abordaje del caso fue entonces como una defensa de los policías que actúan correctamente. Chauvin quedó retratado como la “manzana podrida” que desacreditaba el honor de sus colegas. “Esto no es una persecución penal en contra de la policía”, dijo Schleicher en su alegato “Es una persecución penal a favor de la policía.”
Es decir, la estrategia de la fiscalía fue mostrar a Chauvin como un mal policía, como alguien que no estuvo a la altura del honor que significa ser integrante de la fuerza pero sin cuestionar las prácticas estructurales de la fuerza. Y el retiro de cobertura a Chauvin por parte de la fuerza abonó esa estrategia.
Culpable de los tres cargos y ahora qué
El caso no termina con la condena, sino que las discusiones que se iniciaron a partir de este episodio prometen quedarse por mucho tiempo en la sociedad norteamericana, sobre todo porque el juicio abordó la cuestión individual, pero todavía queda la dimensión colectiva y las dimensiones estructurales que hicieron posible el homicidio de Floyd a manos de la policía como el de tantas personas en los Estados Unidos.
La mensuración de la pena
En junio será la audiencia para la mensuración de la pena. Los tres delitos por los que Chauvin fue condenado llegan a una pena máxima de 75 años de prisión, pero los lineamientos de Minnesota para la mensuración de la pena indican que las sentencias se cumplirán concurrentemente. Eso significa que Chauvin enfrenta una pena máxima de 40 años en prisión, que es el del delito más grave (homicidio en segundo grado).
De acuerdo con los lineamientos debe tenerse en cuenta a favor de Chauvin que no tiene antecedentes. Pero también deben contemplarse las circunstancias agravantes solicitadas por la fiscalía e impuestas por el juez.
La libertad condicional se puede concede a partir de que haya cumplido dos tercios de la condena.
El proceso recursivo
La defensa pidió la nulidad del juicio. En un escrito de cuatro carillas expuso sus diez agravios. Cuestionó el desempeño del juez y de la fiscalía y señaló decisiones que a su modo de ver violaron el debido proceso de Chauvin. También impugnó el veredicto del jurado porque consideró que incurrió en mala conducta.
Respecto del juez, dijo que fue arbitrario cuando denegó su pedido de que el juicio se hiciera en otra ciudad y de que se hiciera un nuevo juicio por la publicidad que estaba teniendo (por ejemplo, por las críticas públicas que se hicieron al testimonio del testigo de la defensa, que fueron previas a la deliberación, que desacreditaron su palabra y que eso pudo haber afectado al jurado en la valoración de ese testimonio). También cuestionó su negativa a secuestrar al jurado, o cuanto menos, de advertirles con énfasis que eviten las noticias que salían en los medios. Esto resultó en que el jurado quedara expuesto a cierta publicidad perjudicial para la defensa y que se sintieran intimidados y temerosos de represalias.
Alegó que se había violado su derecho constitucional de interrogar a los testigos cuando el juez no autorizó el testimonio de Morries Hall (el acompañante de Floyd el día de los hechos) ni autorizó la incorporación por lectura de su testimonio durante la investigación[5].
Cuestionó las instrucciones al jurado porque no reflejaron con precisión los elementos del homicidio en segundo grado, ni del homicidio en tercer grado ni cuándo el uso de la fuerza está autorizado. Además criticó que se le permitiera a la fiscalía presentar prueba corroborativa (cumulative evidence) con respecto al uso de la fuerza y hacer preguntas indicativas a los testigos. También reprochó que el juez no hubiera registrado las incidencias que se resolvieron a espaldas del jurado durante la audiencia.
Respecto de la fiscalía, dijo que había cometido mala conducta en tanto tuvo un trato despectivo hacia la defensa, hizo afirmaciones inexactas y no preparó adecuadamente sus testigos.
Y sobre el jurado dijo que incurrió en mala conducta, actuó bajo amenaza o intimidación o presión durante el procedimiento y/o no acató las instrucciones durante la deliberación.
Todos estos errores para la defensa privaron a Chauvin de un juicio justo, lo cual violó sus derechos constitucionales y ameritan que el juicio se anule y se haga uno nuevo.
De acuerdo con las estadísticas, sus chances de tener éxito en apelación son pocas: la ONG National Post-Conviction Project dice que en los Estados Unidos el 90% de las apelaciones civiles y penales son rechazadas. En caso de que la apelación fuera exitosa, como mucho Chauvin puede lograr que se haga un nuevo juicio, no una absolución.
Luego de esto, la decisión de la Cámara de Apelaciones podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Minnesota.
El juicio contra los 3 policías que acompañaron a Chauvin en la detención de Floyd
El juicio contra los tres policías que acompañaron a Chauvin durante el arresto de Floyd, Tou Thao, J Alexander Kueng y Thomas Lane empieza el 23 de agosto.
Están imputados por haber participado (“aiding and abetting”) en el homicidio en segundo grado y en el homicidio culposo. En Minnesota, una persona es penalmente responsable por el delito cometido por otra persona “si la persona intencionalmente ayuda, asesora, contrata, aconseja o conspira con, o de alguna otra manera procura que, otra persona comita el crimen.” Según algunos estudiosos del sistema penal de Minnesota, este tipo de participación es muy similar en términos de pena que la del autor.
Ellos también fueron expulsados de la fuerza al día siguiente del hecho y están en libertad bajo fianza.
No fueron juzgados en el mismo juicio que Chauvin para evitar tanta concentración de gente en la sala de audiencias y poder respetar así la distancia social recomendada frente a la pandemia del COVID19.
El juicio también será televisado.
La investigación por violación a los derechos civiles de Floyd. ¿Persecución penal múltiple?
En paralelo a su condena por homicidio impuesta por un jurado de Minnesota, la justicia federal anunció que investigará -y eventualmente juzgará- a Chauvin y sus tres compañeros por violación al delito de “privación de derechos con apariencia de legalidad” (“under color of law”) previsto en el Código Penal de los Estados Unidos[6] (Título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 242 y 2).
La imputación, impulsada por la fiscalía federal y decidida por un gran jurado del distrito de Minnesota, es que actuando “con apariencia de legalidad” y con la colaboración de otros policías, “voluntariamente privó a George Floyd del derecho, asegurado y protegido por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, de verse libre de confiscaciones irrazonables, que incluye la libertad de no ser sometido a un uso irrazonable de la fuerza por parte de un policía”.
Se destacó que Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de George Floyd y su rodilla derecha sobre la espalda y el brazo de Floyd mientras él estaba sobre el piso y esposado y sin oponer resistencia, incluso luego de que Floyd dejara de responder, con resultado de lesión y de muerte.
Dos de los policías (Kueng y Thao) quedaron imputados porque si bien estaban al tanto de que Chauvin tenía su rodilla en el cuello de Floyd y que éste yacía esposado y sin resistirse, omitieron intervenir para frenar ese irrazonable uso de la fuerza.
A los cuatro policías se les imputó además que, actuando con apariencia de legalidad privaron a George Floyd del derecho constitucional y legal de no ser privado de la libertad sin el debido proceso legal, que incluye el derecho de la persona arrestada de ser libre de la indiferencia del policía a sus necesidades médicas. Ellos vieron a George Floyd yaciendo en el piso claramente necesitado de asistencia pero omitieron ayudarlo, y de esa manera actuaron con una indiferencia deliberada hacia el riesgo de daño sustancial que corría Floyd. Esto resultó en una lesión y luego en la muerte de George Floyd.
Estas imputaciones están muy vinculadas con los hechos por los que Chauvin ya fue condenado por la justicia estadual (y los otros tres policías lo serán en breve). Si bien las leyes son diferentes, y las imputaciones también, la plataforma fáctica es la misma: la interacción de estas tres personas con George Floyd que tuvo lugar el 25/5/2020 frente al Cup Foods ubicado sobre la Av. Chicago de Minneapolis a raíz de la detención de Floyd y que resultó en su muerte.
Surge la pregunta de si se viola o no la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos, según la cual no se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito.
La jurisprudencia norteamericana admite que el Estado federal persiga, juzgue y condene a una persona por hechos ya juzgados por alguno de los estados ya que se los concibe como soberanías independientes -la doctrina de la "soberanía dual"-. Entonces, el Estado federal por un lado y los demás estados por el otro, pueden perseguir paralela o sucesivamente el mismo hecho como si fueran dos países diferentes. No es la misma ofensa, porque las leyes son diferentes. Ni siquiera se lo ve como una excepción al ne bis in idem (o “double jeopardy”). Como no se trata de la misma "offense", no constituye una violación de la garantía[7].
En este caso, Minnesota persiguió y juzgó a Chauvin por homicidio (delito que está tipificado en el Código Penal de Minnesota) y el Estado federal lo hará por la violación al Código Penal de los Estados Unidos (que es federal).
La investigación por las prácticas sistemáticas de la policía de Minneapolis
Poco después del veredicto, el flamante Procurador General de la gestión Biden, Merrick Garland, anunció que el Ministerio de Justicia había iniciado una investigación para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis tenía patrones y prácticas inconstitucionales.
La investigación se concentrará en todos los tipos de fuerza empleados por los oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), incluyendo el uso de la fuerza que involucre a personas con problemas de salud y contra personas que están realizando actividades protegidas por la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión).
La investigación también se dirigirá a determinar si el MPD ejerce sus funciones de forma discriminatoria. Como parte de la investigación, se revisarán los documentos, reglamentos y el entrenamiento y las formas de rendición de cuentas. También se entrevistarán con grupos comunitarios y miembros del público para saber sobre sus experiencias con el MPD[8].
La George Floyd Act
En junio de 2020, la Cámara de Representantes le dio media sanción a la ley “George Floyd”. Los objetivos del proyecto de ley son lograr una mayor rendición de cuentas ante la mala conducta policial, restringir ciertas prácticas policiales y una mayor transparencia y producción de datos. También establece una serie de buenas prácticas y pautas de entrenamiento.
Para lograr esos objetivos, la ley pretende que para condenar a algún integrante de una fuerza de seguridad por algún delito federal, se reemplace la “intención” por el “conocimiento” o la “imprudencia”. También pretende limitar la “inmunidad calificada”, una protección legal que suele ser invocada como defensa ante acciones civiles contra algún agente de alguna fuerza de seguridad. Y le da mayores facultades al Departamento de Justicia para investigar patrones o prácticas.
Establece también un marco para prevenir y reparar el perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad a nivel federal, estadual y local, limita el uso innecesario de la fuerza y restringe el uso de “no-knock warrants” (órdenes de allanamiento que autorizan a la policía a entrar a ciertos lugares sin necesidad de llamar a la puerta y anunciarse primero), agarrar a las personas del cuello y compresiones de la carótida.
El Proyecto pretende crear un registro nacional para compilar datos sobre denuncias y registros de mala conducta policial. También establece nuevas circunstancias para denunciar, como el uso de la fuerza, la mala conducta policial y las prácticas policiales de rutina (como las intercepciones en la vía pública).
El destino de la ley en el Senado es incierto, ya que el partido demócrata necesita algunos votos del partido republicano y la negociación no estaría del todo encaminada.
Un cierre que nos abre muchas preguntas
De todo lo que este caso invita a pensar, en estas páginas quise reflejar algunos de los rasgos más salientes del proceso judicial que pueden explicar por qué no siguió la misma suerte de tantos otros casos similares que ocurren en los Estados Unidos todos los días.
Pero también me interesó mostrar que en ciertos casos la sala de audiencias puede transformarse en un espacio para ensayar discusiones sobre los temas que más nos importan como sociedad, como por ejemplo la responsabilidad y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad por los hechos que cometen en ejercicio de sus funciones contra personas históricamente discriminadas.
La indagación que se hace sobre los y las potenciales integrantes del jurado es a la vez una discusión sobre cuáles sesgos y prejuicios vamos a admitir en la sala de audiencias y cuáles no. En el caso de George Floyd, por primera vez los y las potenciales jurados pudieron decir abiertamente que apoyaban el movimiento del Black Lives Matter sin que eso fueran considerado como un sesgo inhabilitante para analizar los hechos, la prueba y la culpabilidad. De esa manera, en el proceso judicial se sentaron ciertas bases a partir de las cuales este diálogo va a seguir desarrollándose y se estableció que ciertos lemas o discursos no van a poder ser excluidos ni descalificados sin más. El resultado de lo que ocurrió en este proceso, y su legitimidad democrática, también impactará en las discusiones posteriores. Será un piso mínimo de acuerdo respecto de lo que la policía no puede hacer en una sociedad democrática.
Pero el caso también muestra las limitaciones del proceso penal, diseñado para determinar la responsabilidad individual y que tiene ciertas reglas que dificultan la discusión sobre prácticas sistemáticas y discriminación estructural. Además, la tendencia en EEUU a que el jurado empatice con las fuerzas de seguridad, hizo que la fiscalía caminara por un campo minado, intentando enfatizar la crueldad de Chauvin pero dejando siempre en claro que esto no era un juicio contra la policía. Entonces, la raza de Chauvin y la de Floyd, y en qué medida eso pudo haber explicado el hecho, y el trato que rutinariamente le imparte el Departamento de Policía de Minneapolis a los negros y a las negras, fueron temas ampliamente discutidos en la audiencia de voire dire, pero silenciados en el juicio. Tampoco se discutió qué hacían Chauvin y sus tres acompañantes en primer lugar, armados hasta los dientes deteniendo a una persona porque había pagado cigarrillos con un billete al parecer falso y que ni siquiera se resistió a esa (desproporcionada) detención.
Algunos de estos déficits podrán ser abordados por las investigaciones federales que se acaban de abrir y, a futuro, muchas de estas cuestiones van a quedar cubiertos por la ley George Floyd (en caso de que sea sancionada). Para ponerle fin a la discriminación policial y judicial no alcanza con una sola iniciativa o procedimiento aislados sino todo un conjunto de políticas diseñada para eso.
Pero si algo nos enseña este caso es que todo el proceso judicial -desde la imputación hasta la condena- tiene un enorme poder comunicativo y puede ser un ámbito para mejorar la calidad de nuestro diálogo democrático en los temas que más nos importan.
[1] De los policías que sí fueron condenados, hubo tres casos que terminaron en probation: uno en una pena de 3 meses de prisión; otro 1 año de prisión y 3 años de inhabilitación; otro 1 año de prisión; otro 18 meses de prisión; otro 2 años y medio; otro 4 años; otro 5 años de prisión, otro 6 años de prisión, uno 16 años, otro 20, otro 30, otro 40, otro 50, tres con perpetua, y uno con perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Respecto de 4 casos no se sabe cuál fue el castigo.
[2] Hubo discusión sobre el cargo de homicidio en tercer grado ya que en octubre el juez Cahill lo sacó con el argumento de que según la doctrina, se aplica cuando las acciones del imputado son peligrosas para otras personas (en plural) y no una sola. La fiscalía apeló la decisión y la cámara de apelaciones le dio la razón y le ordenó al juez a reincorporar el cargo.
[3] La Fiscalía había pedido además que se considerara como agravante el hecho de que Floyd estaba en una especial situación de vulnerabilidad. Esta fue descartada por Cahill. No le pareció que Floyd estuviera en una situación peor que la de cualquier víctima de homicidio. Dice que la posición en la que lo pusieron no lo puso en una "particular" vulnerabilidad de sufrir una muerte, sino que fue en sí misma la causa de la muerte.
[4] Esto dejaría sin móvil la muerte de Floyd. Según Ellison, en el equipo de la fiscalía estuvieron mucho tiempo preguntándose por el móvil y lo que concluyeron, a partir del lenguaje corporal de Chauvin, es que había sido un desafío al grupo de personas que le pedía que se levantara del cuello de Floyd. “Ustedes no me dicen lo que tengo que hacer. Voy a hacer lo que yo quiera”. Una demostración de poder.
[5] La razón del juez para no autorizar este testimonio fue que podía afectar el derecho del testigo a no autoincriminarse, ya que al parecer, para explicar qué estaba haciendo en ese momento y por qué estaba donde estaba, iba a tener que hablar sobre cuestiones vinculadas con el comercio de drogas ilegales.
[6] Chauvin además será investigado por un incidente de 2017 en el que en el contexto de una intervención en un domicilio por un llamado que hizo una mujer, también sujetó a una persona por el cuello, esta vez a un adolescente de 14 años, y le pegó varias veces con una linterna, hasta lesionarlo.
[7] En 2019 la Corte Suprema ratificó esta doctrina en https://supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-646_d18e .pdf. El Sr. Gamble hizo un abreviado en Alabama por tenencia de arma por un año en prisión, pero luego el Estado federal lo juzgó y condenó por lo mismo a 46 meses. Se agravió por una violación del “double jeopardy” pero le faltaron algunos votos para que le den la razón. El juez Alito dijo que no había razones para apartarse de esa doctrina, que ya lleva 170 años. Pero hubo dos disidencias, de RBG y de Gorsuch. Ginsburg criticó el originalismo de Alito y dijo que no le importaba cómo resolvía un tribunal inglés del siglo XVIII la jurisdicciones entre países, sino que hoy Alabama y el estado federal son el mismo país y que el stare decisis no es un mandato inexorable. Gorsuch también disintió: "Una sociedad libre no permite que el estado juzgue a la misma persona por el mismo delito hasta que logra el resultado que desea".
[8] La norma que regula la investigación es la Ley sobre el Control del Crimen Violento y la Persecución Penal de 1994 (Violent Crime Control and Law Enforcement Act), que prohíbe que quienes integran las fuerzas de seguridad locales y estaduales incurran en un patrón de conducta o en prácticas que priven a las personas de los derechos protegidos por la Constitución o por la legislación federal. La ley permite que el Departamento de Justicia repare esas malas prácticas a través del litigio civil.
* María Luisa Piqué es abogada (UBA), especialista en Derecho Penal y Procesal Penal (UTDT) y master en Derecho por la Universidad de Georgetown. Se desempeña como Fiscal de la Procuración General de la Nación y como profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA.
