• sábado 28 de enero del 2023
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México: la CIDH presentó un caso ante la Corte Interamericana por dos personas que estuvieron 17 años en prisión preventiva

El caso se refiere a violaciones al debido proceso, la libertad personal y torturas sufridas por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, a quienes se les aplicaron las figuras del “arraigo” y la “prisión preventiva” para justificar el tiempo transcurrido privados de su libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso “Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz v. México”, en el cual consideró que las dos personas mencionadas fueron detenidas sin orden judicial previa y que, a su vez, sufrieron torturas a lo largo de sus 17 años privados de su libertad de manera preventiva.

El caso tuvo su inicio a partir del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de Los Ángeles Tamés Pérez, quien fue asesinada el 5 de septiembre de 2001 frente a su casa. Por ese caso, se le acusó a Reyes Alpízar la comisión material y a García Rodríguez la comisión intelectual del homicidio, pero nunca se llegó a juicio luego de más de 17 años privados de su libertad. 

Según la Comisión, al momento de la detención, el arraigo se encontraba previsto en la legislación mexicana y fue el motivo principal por el que la policía efectuó la medida de coerción. El arraigo, figura que también se encuentra prevista en la Constitución Política de México, permite al Ministerio Público Fiscal retener a una persona en un máximo de 60 días antes de inculparlo por algún delito en particular.

El órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos aseveró que el arraigo, en el caso, es violatorio del principio de presunción de inocencia, por lo que se puede inferir que también atenta contra el derecho de defensa de la persona que no conoce la razón por la cual se encuentra privado de su libertad.

A su vez, el comité sopesó la posibilidad de torturas en el ámbito de la detención y consideró, siguiendo este criterio, el incumplimiento del Estado mexicano de la obligación de juzgar a las personas detenidas dentro de un plazo razonable.

Es por ello que la Comisión manifestó que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal y garantías judiciales y protección judicial, por lo que lo demandó ante la Corte IDH y le recomendó una serie de medidas.

Entre ellas, recomendó una reparación integral a las víctimas del caso, encomendó concluir el proceso penal en un plazo razonable e investigar sobre posibles hechos de torturas y encontrar a los potenciales responsables, como así también eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico y capacitar a los funcionarios/as en la prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en la investigación de los delitos.

 

Accedé al comunicado.

Accedé al informe de admisibilidad del caso.

 

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