• viernes 28 de enero del 2022
logo
add image

E-Politics: Responsabilidad política en materia de derechos digitales

Es hora que los gobiernos y su personal en funciones, asuman formalmente la responsabilidad por su actuación en el plano virtual, ya que su desenvolvimiento en el ecosistema web -siendo actores sumamente trascendentes en el diálogo público-, no les permite continuar tomándolo con la soltura de un mero canal de expresión irrestricta.

Por Marina Benítez Demtschenko (*)

Las metodologías de trabajo, los hábitos y actividades y la percepción de la vida cotidiana en su totalidad, dieron un giro inesperado luego del devastador año 2020. El impacto cultural de las “tecnologías disruptivas” se exaltó y éstas mostraron en breve lapso, la imprescindibilidad que años atrás no había sido reconocida con suficiencia. Así es como en este marco, se colocan cual rediseñadoras de cada ámbito, mostrando el camino por delante: cómo comunicarnos, cómo adquirir bienes y servicios, cómo acceder a la información, cómo trabajar, cómo realizar transacciones de toda índole y cómo interactuar con el resto de la sociedad.

Esto no sin tener en cuenta que lo virtual ya no es optativo sino que constituye la “nueva normalidad” (con sus propios y nuevos parámetros) y por ello también deviene imperativa la consideración – políticamente hablando-, de las problemáticas implicadas y sus soluciones. Entre ellas, la reducción de las brechas digitales en la sociedad mundial. Demasiados desafíos en función del panorama post-pandemia, sin dudas. Pero no los únicos: el tema subyacente del que poco se habla y recién hoy cobra relevancia al nivel que la tiene, es el urgente llamado (y consecuente responsabilidad ante toda negligencia habida) de los gobiernos a poner a disposición canales formales –y apropiados- tanto para la comunicación e información verticales (de la administración pública hacia la población administrada) como para la que circule entre sus diferentes niveles (es decir entre el personal público -políticos y políticas, referentes y referentas, gobernantes, funcionarios y funcionarias-).

La gobernanza electrónica y su proyección, luego del año 2020, expone un cambio dramático: abandona su quietud y es presionada hacia la hiperdinamia, principalmente porque los sitios web son desplazados como ejes medulares del otrora concepto de gobierno electrónico, y las redes sociales toman el control casi total de la demanda a canalizar. El aislamiento social obligatorio cristalizó a las oficinas públicas online y transformó a las cuentas en redes sociales del personal político –en ejercicio y potencial-, en indubitables campos de batalla, comunicación y demanda masiva. Nada de esto había tenido semejante importancia hasta ahora, en Argentina, ni había sido determinante para el devenir político como lo supone en 2021 y por delante.

A pesar de no ser novedosa, la necesidad de un gobierno electrónico suficiente y eficiente escaló a una dimensión impensada en tiempos de aislamiento, desorganización, crisis, temor y confusión. La instancia consagró su entidad al reconocerse en los hechos que si la “digitalización” no lograba sus objetivos, entonces no valía de mucho. Es decir, que debe inexorablemente funcionar para garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos por la sociedad administrada – por un lado-, y el cumplimiento de obligaciones del Estado – por el otro-. El peso político de un buen o mal gobierno electrónico, en la Era Digital, es visible ahora como nunca antes. Y puede incluso ser invocado como causal de responsabilidad del Estado en cualquier demanda colectiva que se piense en un marco donde lo digital determina la posibilidad o no de ejercicio de derechos fundamentales y también la posibilidad o no, de la autorrealización individual en sentido amplio (dignidad humana).   

Las brechas digitales en cuanto al acceso a la conectividad o a las tecnologías de la información y la comunicación (primera brecha), la apropiación/aprovechamiento (segunda brecha) y la permanencia en el plano virtual (tercera brecha), tienen un impacto manifiesto en este cuadro de situación y provocaron que las redes sociales –en detrimento de cantidad de otros formatos, plataformas y recursos tecnodigitales a disposición-, sean casi el canal único que se elige hoy para reclamar y peticionar por servicios públicos, consultar y pedir información, mantenerse en actualización con las últimas novedades oficiales del gobierno y las opiniones políticas de cada persona en la dirigencia actual, pasada y futura.

El uso preferencial de las redes sociales deja en evidencia la falta de manejo de lo tecnodigital por parte de la población entera, que incluye por supuesto a los sectores dirigenciales; un extremo y otro que fusionados, dan forma al estado actual del e-government.

En una etapa inicial y podríamos decir no muy lejana, el gobierno electrónico y sus objetivos se veían “cumplidos” con la mera presentación de algunos servicios públicos y ciertas facilidades para su tramitación, a través de sitios web. América Latina quedó estancada en esa etapa por muchos años. Pero los correos electrónicos y los formularios de contacto, en todo este tiempo, no lograron canalizar la demanda social y por ello se convirtieron en la segunda opción de contacto con la Administración Pública; raramente contestados en tiempo y forma, sin alcanzar el resultado necesario ni las expectativas de administrados y administradas, les confinaron a dirigirse de manera presencial a cada oficina pública. Esto enmarca para el continente de habla hispana, una experiencia catastrófica que se contrapone a los esfuerzos de casi una década de “modernización” del Estado y afecta no solo la confianza de la población para con la gestión a cargo sino también la comunicación vertical entre distintos estratos públicos, es decir que también tiene implicancias operativas de alto riesgo al buen funcionamiento de todo el aparato.

La tendencia a partir de la pandemia, como se expone, marcó el devenir que se instala: las redes sociales (directas, sin formalidades ni esperas, cercanas, familiares), se convirtieron en la única y última expectativa. Y allí es de donde parte el nuevo paradigma; el personal público y la misma Administración, deberán ponerse rápidamente a la altura del recogimiento de la tendencia o soportar, los efectos nefastos de su incapacidad tecnodigital en detrimento de la población entera. El costo es altísimo, ya que hablamos de demandas insatisfechas o, lo que es peor, de inatención, y todo ello es lesivo de derechos: la petición a las autoridades con rango constitucional, por empezar. La limitación, el cercenamiento o la denegación de derechos debería ser la razón principal que como motor de transformación inmediata, alerte y obligue a quienes en el poder directa o indirectamente, siguen tomando a las redes sociales como canales para el mero esparcimiento personal o la comunicación automatizada unilateral.

La contemplación de este punto neurálgico, aún no se visualiza ni en Argentina ni en la región; América Latina entera no logra poner en agenda esta materia urgente. ¿Cómo nos posicionamos partiendo de tanto desconocimiento tecnodigital en un panorama tan complejo?

Los derechos digitales están profundamente en juego. No solo el acceso y la conectividad se ponen de manifiesto como necesidades sociales sino también la privacidad y el anonimato para el público administrado. También la autodeterminación informativa comenzó a tomar protagonismo en el discurso diario colectivo; lo mismo que la siempre subestimada “huella digital”. Esta categoría de derechos fundamentales no capta todavía la atención suficiente – ni mucho menos un reconocimiento mínimo- muy a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones no gubernamentales en instalar el tema y advertir sobre las implicancias y efectos de una población absolutamente ajena de la discusión.

Exigir la adecuación del desenvolvimiento online de políticos, políticas y cuentas de redes sociales de dependencias públicas, deviene imperioso: una auténtica responsabilización constitucionalmente conducida, para que revisen y adapten su incidencia en el plano web en adelante. Esto demanda un vasto entrenamiento en e-politics, cuya necesidad se trasluce en las torpezas dadas a partir de las huellas digitales de personal público y de dirigentas y dirigentes en Argentina y en Latinoamérica; casos de estudio surgen todos los días y generan efectos de toda índole. Gran parte de ello se debe a la falta de conocimiento de cómo utilizar los recursos tecnodigitales a disposición, aunque parezca un tema menor entre tanto conflicto. En palabras más simples: la falta de alfabetización digital suficiente –lo cual también está comprendida en el campo de las e-politics-, hoy puede generar costos políticos demasiado altos.

En definitiva, la importancia de las e-politics queda expuesta en su relación directa con el liderazgo y la gobernanza, y se impone en todo proceso gubernamental. Si las redes sociales son consideradas como el gran recurso para llevar el apunte de las últimas decisiones políticas y dirigenciales así como de las voces y manifiestos de quienes integran el marco decisional en cada Estado, quienes están comprendidos en él, deben estar no solo al tanto de este contexto sino que también deben saber cómo responder eficientemente a todo aquello que implica o supone.

Los últimos cinco años han sido cruciales para la instalación de las e-politics en la materia pública principalmente por relevar el impacto y poder sobre el electorado. América Latina se coloca aún por detrás de las tendencias internacionales sobre la materia – excepto por Jair Bolsonaro en Brasil, con destacables resultados-. Argentina y sus personajes políticos demuestran una presencia endeble de la materia en el país; de hecho, a finales del año pasado el mismísimo actual presidente Alberto Fernández fue expuesto por la comunidad de Twitter Argentina por manifestaciones machistas, comentarios ofensivos y expresiones discriminatorias que databan de poco tiempo previo a la obtención de su Investidura. Aún si la visibilización de tamañas torpezas hubiera tenido móviles basados en la diversión o en intereses partidarios, lo cierto es que resulta ejemplificadora de la necesidad de atender a la huella digital y a cómo las figuras líderes del entramado político se mueven o han movido, con un interesantísimo desvío incluso de la comunicación política más profesional. Hacerle frente al pasado no es simple desde ya; pero dimensionar la incidencia de un pasado registrado a este nivel – durante años y años-, incluso sobre los perfiles actuales más cuidados de la Administración Pública, no puede ya calificarse de inocuo. Los “deslices” devienen demasiado difíciles de deglutir.

Arribamos sin escalas a la conclusión evidente de que las redes sociales han redefinido al gobierno electrónico, a la gobernanza digital y a las políticas públicas en materia tecnodigital: no sólo es una cuestión de postear y compartir en exceso en la web.

Al final de cuentas, la necesidad de la responsabilidad en torno a esta materia, tiene basamento en principios republicanos, constitucionalmente establecidos, de la transparencia, la publicidad de los actos, el acceso a la información (consecuentemente) y la democracia. Políticos y políticas deberán estar a esto también a lo largo de su desenvolvimiento digital, pues su libertad de expresión digital se encuentra por debajo de su deber cívico en el cargo que ostentan, ¿o no?  Así también podremos establecer puntos de partida mucho más interesantes para plantear estrategias innovadoras con enfoque en políticas de derechos digitales fuertes.

Un pilar de las e-politics hoy, por ejemplo, debería ser el posicionamiento firme contra las campañas de desinformación por parte de personal en cargos públicos o referentes y referentas partidarios. Las e-politics deberían impulsar mediante sus mandas, la promoción de un ambiente virtual pacífico, también. Ello implicaría instruir y fortalecer la acción positiva en el ecosistema, de las personas con perfil político en contra de la difusión de spam, contenidos violentos o sensibles con alevosía partidaria o en propio rédito y más aún, propiciando la prevención contra los discursos de odio para con rivales, opositores y opositoras y la misma comunidad digital de forma aleatoria, como vemos que sucede a diario.

Sin que ello se contemple, hoy los efectos a largo plazo son problemáticos. El planteo de una necesaria promoción de la responsabilización del personal público – actores y gobiernos-, tiene como objetivo último su aggiornamiento y recepción en consecuencia, de las demandas sociales actuales; esto, para que sus desenvolvimientos en la web sean realmente constructivos y tiendan, articulen, faciliten… la concreción de los fines del Estado.

El plano virtual es un campo de ejercicios de derechos y los recursos tecnodigitales son los facilitadores. Mientras el sector político y dirigencial se mantenga en el desconocimiento y la anomia, causará más lesión a derechos que protección de la ciudadanía. Lo inagotable del campo de estudio, impone un foco especial en las e-politics y que la materia no se postergue más en su carácter de marco y respecto del accionar de las distintas piezas de los gobiernos y de quienes inciden en el diálogo político actual. Una vez que ello se visualice, podremos avanzar hacia la expectativa de que conformen, eventualmente, un eje dentro de las políticas de Estado. Es hora que Argentina avance conforme a la Era Digital que transita la humanidad y deje de lado el “brindar lo que hay a mano”, a riesgo de continuar cercenando derechos que por supuesto, siempre impactan primero y peor, sobre los mismos sectores poblacionales.

 

(*) Abogada (UNLP). Presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital para el estudio, desarrollo e investigación de la relación entre las Tecnologías y las Mujeres. Publicación original: “E-politics and public accountability over digital rights, with a focus on Latin America”, en “The Future of the Pandemics and Beyond”, Observers Research Foundation, Nueva Delhi, 29 Dic. 2020.

footer
Top