- viernes 22 de septiembre del 2023
A través de la Ley 26.811, sancionada en el año 2013, el Congreso de la Nación declaró al 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
El 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, declarada en 2012 por Ley 26.811. La fecha elegida se debe al episodio de la “Masacre de Budge”. Este acontecimiento ocurrió el 8 de mayo de 1987, cuando tres jóvenes, Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz se encontraban sentados en la esquina del barrio Ingeniero Budge y fueron asesinados por efectivos policiales. Como consecuencia, el suboficial Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero -todos miembros de la Policía Bonaerense-, fueron condenados a 11 años de prisión.
Ante este hecho de “gatillo fácil”, se produjo una movilización social a gran escala, en dónde se reclamó justicia y se visibilizó la gravedad de la violencia policial junto a la necesidad de repensar el rol de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática.
Es por ello, que la conmemoración de este día, tiene como propósito, recordar las graves violaciones a los derechos humanos efectuadas por las fuerzas de seguridad y a su vez, la promoción de políticas públicas que brinden herramientas de gestión y formación, de manera que se generen acciones de prevención en la materia.
Vale destacar, que actualmente existe un proyecto de Ley Contra la Violencia Institucional, que fue presentado este año por el bloque de diputados del Frente de Todos. El análisis del texto comenzó en abril, a través de un plenario organizado por las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías. A dicho encuentro, fueron invitados a participar varios representantes de organismos de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional Argentina, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos Humanos -entre otros-, a los efectos de que puedan hacer sus aportes y enriquecer el debate sobre el proyecto.
La propuesta en discusión tiene como objetivos principales, generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia perpetrados por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, brindar capacitaciones en temática de derechos humanos, instrumentar protocolos de acompañamiento a las víctimas y establecer principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales, cumpliendo con los estándares internacionales.
A su vez, en el texto presentado, se establece la creación de los Centros de Recepción de denuncias y un Registro Nacional de Violencia Institucional, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el cual se registrarán, clasificaran y sistematizarán los casos de Violencia Institucional.
Respecto a los derechos de las víctimas, se procura garantizar una reparación plena y efectiva, que comprenda medidas tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar, así como también un acompañamiento psicosocial y asistencia jurídica.
En cuanto a otro de los ejes centrales del proyecto, que es la capacitación de las fuerzas, se propone crear un “Programa Nacional Contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en derechos humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”. Esto resulta sumamente necesario para que en el proceso de capacitación, los futuros agentes reciban una formación en derechos humanos que sea congruente con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y que ayude a promover las buenas prácticas institucionales.
Además, entre otras propuestas, la normativa fija reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en las manifestaciones públicas, por ejemplo, estableciendo una instancia de diálogo y garantizando la actividad de los periodistas que estén ejerciendo su profesión en el marco de las protestas.
En esta línea, es central destacar que como se menciona en los fundamentos de la ley, el Estado debe dar respuesta a la pregunta que subyace luego del repudio a cada caso de violencia institucional: “¿Cómo hacemos para que esto no se repita?”. Tanto la Masacre de Budge, como los numerosos casos de violencia institucional sufridos en nuestro país durante la democracia, han demostrado la necesidad imperante de que se efectivicen políticas tendientes a erradicar esta problemática y a evitar la violación sistemática de los derechos humanos.
