• sábado 08 de febrero del 2025
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El gobierno nacional presentó su respuesta ante la Corte Suprema por las clases presenciales

El escrito fundamenta razones jurídicas y sanitarias y exige que se convoque a la Provincia de Buenos Aires para que intervenga. Los principales puntos.

En un escrito de 113 páginas, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, presentó la respuesta del gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia, por el conflicto de la presencialidad de las clases con el gobierno de la ciudad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

En los 32 puntos en que basa su respuesta al máximo tribunal, el gobierno nacional entiende la necesidad de instaurar las clases virtuales como una “protección a la vida y la salud pública”, y señala que desde el comienzo del ciclo lectivo 2021, se produjo un aumento exponencial en el número de casos en el grupo de población en edad escolar. “Es obligación del gobierno federal velar por el derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país y es exclusivamente en pos de ello que se adoptan las medidas necesarias para estabilizar el sistema de salud y evitar su colapso”, señala. En este sentido, sostiene que las medidas adoptadas son temporarias y están focalizadas geográficamente a actividades y horarios que representan los mayores riesgos y resalta la importancia de la educación presencial y la intención de restablecerla cuanto antes.

El texto fundamenta el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 241/21, dada la necesidad de la adopción de medidas que frenen el aumento exponencial de contagios, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entendiendo que “es deber del Estado Nacional velar por el derecho a la vida y a la salud y que es una política pública la maximización del proceso de vacunación que ya está en marcha”, y dada la necesidad de adoptar medidas que frenen el aumento exponencial de contagios en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el texto fundamenta el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 241/21. “Resulta primordial recordar que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad; así se ha evidenciado, y es lo que enfáticamente, se busca evitar”, señala.

Además de la presentación de argumentos jurídicos y sanitarios, el gobierno nacional sostiene que la medida se aplica en un ámbito regional multi jurisdicicional, como es el AMBA, y pide a la Corte Suprema que, antes de tomar una resolución, se convoque al gobierno de Axel Kicillof como tercero de intervención obligada.

La demanda iniciada por Horacio Rodríguez Larreta contra el decreto presidencial que suspende temporariamente las clases presenciales, aseguraba que la medida “viola la autonomía de la Ciudad” e implica una “virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación” y señalaba que el grado de contagios en establecimientos escolares es mínimo.

El texto presentado por la Procuración del Tesoro niega que el decreto lesione derecho alguno del gobierno de la ciudad ni afecte su supremacía constitucional. “El gobierno local no puede, mediante su actuación u omisión, poner en crisis las medidas adoptadas por el gobierno federal para prevenir el riesgo a la salud y la vida de la población del país en su conjunto, y en éste caso en particular de los habitantes del AMBA”, sostiene.

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