• viernes 28 de enero del 2022
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La justicia federal rechazó la suspensión cautelar del régimen de informaciones de planificaciones fiscales

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires solicitó la suspensión de los efectos de la resolución de la AFIP, por considerarla violatoria tanto del secreto profesional

La presentación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires pretendía la suspensión de manera cautelar de la Resolución General 4838/20 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por considerarla violatoria tanto del secreto profesional por parte de quienes ejercen su función como asesores fiscales como también de la nueva carga que regiría sobre ellos.

Cabe recordar que la normativa de la AFIP estableció un régimen de información de planificaciones fiscales (IPF) a cargo de contribuyentes (que participen en una planificación fiscal de las que las normas instituye) y de los asesores fiscales, las que define como "personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso ordinario de su actividad, ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la implementación de una planificación fiscal". Respecto de estos últimos agrega que son responsables de cumplir con el régimen de información cuando otros asesores fiscales vinculados, asociados y/o conectados directa o indirectamente implementen una planificación fiscal, independientemente de la jurisdicción donde se encuentren radicado.

En sus fundamentos, el juez consideró al Consejo Profesional de Ciencias Económicas con legitimación activa colectiva por encontrarse comprometida la función social que ejercen los profesionales en ciencias económicas y la afección a un bien que interesa a la comunidad.

Respecto de la medida cautelar peticionada, sostiene que no se probó la verosimilitud en la vulneración alegada por la actora como tampoco se acreditó la nueva carga publica que implicaría en los asesores fiscales, sentenciando que “no resultan prima facie diversos a tantas otras obligaciones formales que ya posee el sistema fiscal argentino”.

Finalmente, si bien se rechaza la petición cautelar, se ordenó la inscripción del caso en el registro público de procesos colectivos conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Accedé a la Resolución General 4838/20

Accedé a la sentencia

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