- sábado 25 de enero del 2025
Así lo resolvió una jueza de San Isidro en un amparo iniciado por Jorge Macri. Consideró que existe un conflicto de poderes entre dos jurisdicciones y que ello pertenece a la competencia originaria del máximo tribunal provincial.
La jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°12 de San Isidro, Estela Robles, dispuso enviar a la Suprema Corte bonaerense la causa iniciada por Jorge Macri contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ella, se busca impugnar la suspensión de clases presenciales dispuesta hasta el 30 de abril ante la segunda ola de covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La presentación fue realizada por el intendente de Vicente López, quien a través de una acción de amparo busca declarar la inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº181/2021, que suspendió clases presenciales y actividades educativas no escolares desde el 19 hasta el 30 de abril de este año.
Vale recordar que el mismo intendente presentó una acción similar en el ámbito de la Justicia Federal, pero esta se declaró incompetente para entender en ella por considerar que la acción se dirige a impugnar una decisión del Ejecutivo provincial.
A la hora de resolver sobre la competencia de ese juzgado, la jueza Robles entendió que el planteo trata de un conflicto de poderes entre las autoridades provinciales y las de un municipio y que ello debe ser decidido por el máximo tribunal provincial.
En ese sentido, recalcó que la Suprema Corte de Justicia es quien tiene “la atribución de resolver, originaria y exclusivamente, las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y los conflictos que se susciten entre distintas municipalidades entre sí o con alguna autoridad de la Provincia”.
