La acción recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials. La Asesora General Tutelar de la Ciudad solicitó una medida cautelar para que se ordene continuar con la presencialidad mientras dure el proceso.
Carolina Stanley, en su carácter de Asesora General Tutelar del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpuso un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas porteñas.
Asimismo, pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del DNU N°241/2021 y solicitó una medida cautelar para que se ordene continuar con la presencialidad mientras dure el proceso.
“El Poder Ejecutivo Nacional decidió mantener las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo en el caso del AMBA pero del examen de los considerandos expuestos no surgen datos precisos ni razones puntuales que constituyan un fundamento para adoptar tal restricción en perjuicio del colectivo que represento”, fundamentó.
Además, sostuvo que la suspensión de clases durante el 2020 incrementó la brecha de la desigualdad entre niños, niñas y adolescentes sin acceso a internet o con una mayor necesidad de acompañamiento.
La acción recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials.
Accedé al texto del amparo colectivo.