• jueves 02 de diciembre del 2021
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Procuración dictaminó que es competencia de la Corte el conflicto entre CABA y Nación por la suspensión de las clases presenciales

Así lo dispuso Laura Monti al opinar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo rango que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales.

La titular del área de Derecho Público no Penal de la Procuración General de la Nación, Laura Monti, dictaminó que es competencia originaria de la Corte Suprema dirimir en el conflicto que suscitó a raiz de la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó esta mañana la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el DNU que determinó la suspensión de clases presenciales.

En sus fundamentos, Monti consideró que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte".

Asimismo, al dictaminar hizo mención a los precedentes del 2019 “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal” y “Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

Cabe aclarar que esta mañana, previo a la reunión entre Fernández y Larreta, apoderados del Gobierno de la Ciudad interpusieron la acción contra el Estado Nacional a causa del DNU 241/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial. Específicamente se agraviaron por el artículo segundo que suspende las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, entre otras medidas tomadas a raíz del incremento de casos.

En sus argumentos esbozaron que el decreto afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires e “implica una virtual intervención federal al arrogarse potestades que son eminentemente locales, como lo son las materias de salud y educación”. Además consideraron que se encontraría violado el principio de razonabilidad ya que “la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional”. 

Accedé al dictamen.

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