Se trata de una acción meramente declarativa, interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Apoderados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpusieron ante el Máximo Tribunal de la Nación, una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, por el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 241/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial. Específicamente impugnaron el artículo 2 que suspende las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, entre otras medidas tomadas a raíz del incremento de casos de COVID-19. También solicitaron una medida cautelar que suspenda la aplicación del artículo, hasta el dictado de la sentencia.
Entendieron que la decisión tomada en el DNU afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires e “implica una virtual intervención federal al arrogarse potestades que son eminentemente locales, como lo son las materias de salud y educación”. Además consideraron que se encontraría violado el principio de razonabilidad ya que “la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional”.
También cuestionaron el dictado de un DNU, al que consideraron inconstitucional, porque lo allí dispuesto “debió hacerse con intervención del Congreso Nacional que no se encuentra en receso (...) y no existen circunstancias excepcionales que hagan imposible los trámites ordinarios previstos”.
Respecto de la suspensión de clases, los letrados manifestaron que “no puede sostenerse que la escuela virtual sea suficiente para tener por cumplida la obligación de prestar el servicio de educación, cuando la evidencia actual ha demostrado que la falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes” y que “los estudios ya citados, demuestran que la presencialidad escolar -siempre que se respeten los protocolos vigentes- tiene una incidencia mínima” en el número de contagios.
La acción fue interpuesta, en base al art. 117 de la Constitución Nacional, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de una acción meramente declarativa contemplada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Además, a través del Decreto 130/21, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a la Procuración General de la Ciudad a promover la acción judicial tendiente a declarar la inconstitucionalidad del art. 2 del DNU 241/2021.