- sábado 19 de abril del 2025
Es a partir de una presentación de la Unidad de Letrados de Salud Mental en CABA. Apunta a que se avance en la vacunación contra el covid-19 en personas internadas por motivos de salud mental.
La medida colectiva fue adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y se originó por una presentación del defensor público coadyuvante y coordinador de la Defensoría General de la Nación (DGN). La iniciativa apunta a garantizar el avance del proceso de vacunación, tanto en el sector público como en el privado, de pacientes internados involuntariamente por motivos de salud mental en la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), salvo prescripción médica que indique lo contrario o en caso de que medie la negativa del interesado.
Esta decisión adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil responde a la iniciativa de Mariano Laufer Cabrera, coordinador de la mencionada DGN. En su presentación, el texto solicita la adopción de medidas que impulsen lo antes posible el proceso de inmunización colectivo, mediante la aplicación de vacunas contra el covid-19, a la población internada involuntariamente por razones de salud mental, y de conformidad con su voluntad individual.
En particular, el coordinador de la Unidad de Salud Mental de la DGN consideró que “las personas con padecimiento psíquico internadas en efectores de salud mental se encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial, actualmente agravada por la pandemia por COVID-19”. En tal sentido, sostuvo que los Estados se encuentran obligados a priorizar las acciones de prevención y la atención sanitaria dirigida a los grupos de mayor riesgo.
Vale destacar que esta población se encuentra compuesta de un promedio de cuatrocientas cincuenta (450) personas asistidas jurídicamente por la Unidad. Se trata de hombres y mujeres mayores de 18 años, sin cuestionamiento de su capacidad jurídica y que se encuentran internadas de modo involuntario en los efectores públicos y privados asentados en CABA.
Por último, el defensor fundamentó la petición en las leyes nacionales y los tratados internacionales vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, usuarias de los servicios de salud mental, que se encuentran internadas, así como en las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación, el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental y diversos organismos internacionales.
