- viernes 28 de enero del 2022
Colombia solicitó la recusación de 5 jueces en un caso donde se investiga la responsabilidad internacional del Estado por el secuestro, la violación y tortura de una periodista que investigaba sobre la violencia en cárceles de dicho país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la suspensión de la audiencia pública pautada para el día de hoy en el caso “Bedoya Lima y otra vs. Colombia”, luego de que el Estado colombiano solicitara la recusación de cinco jueces de la Corte por “falta de garantías de objetividad en el proceso”.
El caso versa sobre el secuestro, violación y tortura que sufrió la periodista Jineth Bedoya Lima, cuando el 25 de mayo del 2000 se encontraba realizando una cobertura periodística en la cárcel La Modelo, en el marco de una investigación por el enfrentamiento entre paramilitares y personas detenidas que culminó con diversas muertes.
Allí, fue citada con uno de los jefes paramilitares con el objetivo de que cesaran las amenazas que venía sufriendo la periodista, pero fue secuestrada por dos personas, violada y arrojada en un descampado. Bedoya Lima alegó que quien ordenó su secuestro fue un alto mando de la Policía.
En la audiencia celebrada en el día de ayer, el representante del Estado colombiano recusó a los magistrados Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique y solicitó que la audiencia no prosiguiera hasta que se resolviera la situación.
Entre sus argumentos, Camilo Gómez Alzate, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Colombia, sostuvo que las preguntas realizadas por los miembros de la Corte demostraron una “falta de garantías de objetividad en el proceso”
En ese sentido, resaltó que “no se trata de ser corteses con la víctima sino de no prejuzgar la responsabilidad del Estado”.
Este caso, se trata de la primera oportunidad en que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el deber de prevención del Estado en casos que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión de mujeres periodistas, y las obligaciones positivas de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial, en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo.
Entre otros aspectos, a Colombia se le atribuye no haber tomado las medidas necesarias para prevenir dicho suceso, cuando la periodista había denunciado amenazas contra su vida y su integridad física luego de un atentado sufrido un año antes de hecho.
En su informe de fondo, la Comisión Interamericana resaltó el contexto generalizado de violencia sexual contra las mujeres que caracterizó el conflicto armado colombiano y que además del derecho a la vida, la integridad y libertad personal, se había afectado el derecho a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Asimismo, consideró que la madre de la periodista había sido afectada en su integridad personal por los hechos ocurridos.
En lo siguiente, la Corte deberá resolver si admitir la recusación o rechazarla para proseguir con el análisis de caso y la continuidad de las audiencias programadas.
Accedé al informe de fondo de la CIDH.
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