• viernes 27 de enero del 2023
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Transfobia: la violación a la Ley de Identidad de Género como causal de recusación

Recordamos un fallo donde dos jueces fueron apartados de una causa seguida a una mujer trans, por hacer referencia a la misma de manera despectiva en género masculino ante su clara autopercepción como mujer.

El 10 de marzo de 2020, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a una recusación y apartó a los jueces Luis Rizzi y Javier Anzoátegui de una causa por haber empleado lenguaje despectivo hacia la autopercepción de una persona, en violación a la Ley de Identidad de Género  N° 26.743.

En el marco de una cuestionada investigación, se acusó a Luz Aimee Díaz por el delito de homicidio triplemente agravado en grado de tentativa, situación ante la cual los distintos colectivos LGBTQ+ impulsaron una campaña para su absolución por cuanto indicaban que la misma simplemente estaba siendo acusada por su condición de mujer trans, luego de haber quedado registrada en una cámara de seguridad en el lugar del hecho y sin mayor sustento probatorio que ese.

En el expediente, los jueces Luis Rizzi y Javier Anzoátegui se refirieron a la imputada como “el acusado”, “imputado con tendencias homosexuales” y “persona con una inclinación objetivamente desordenada”.

Ante dicha actitud tomada por parte de los magistrados, la defensa –quien también fuera señalada peyorativamente por éstos debido a la utilización de lenguaje inclusivo- solicitó su apartamiento fundado en razones de temor de parcialidad, teniendo en cuenta sus posiciones ideológicas, sociales y políticas; arguyendo que admitir la transfobia implicaría sesgar la manera en que los jueces verán lo que juzgan.

Al ingresar la cuestión al Tribunal de Casación, el magistrado actuante -Dr. Daniel Morin- comenzó por citar una causa en la que se condenó a Víctor Alejandro Solís Chambi por el delito de estupro hacia una niña de 15 años en la que intervinieron tanto Rizzi como Anzoátegui. En ese caso, Casación ya había advertido a los magistrados sobre la impertinencia de basar la argumentación de una sentencia en prejuicios basados en estereotipos de género.

En ese sentido, el órgano casatorio fue claro en reafirmar que la imputada es una mujer, tal como la misma se presenta y así es reconocida por la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, a partir de la cual se aborda el término “mujer” ya no como concepto biológico sino normativo. De esa forma, se garantiza el derecho a toda persona al reconocimiento de su identidad de género entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo sienta, lo que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

A su vez, en razón de los dichos de Anzoátegui, marcó la diferenciación entre el significado de “perspectiva de género” refiriéndose a la misma como aquel abordaje específico para atender a la complejidad propia de ciertos casos, y la “ideología de género” como concepto despectivo y tergiversado de aquel enfoque.

Ello así, citó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), normativas a las que todo magistrado está obligado a aplicar en función del art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

Remarcó, además, que se trata de la consideración de abordar este tipo de casos dando cuenta de las diferencias estructurales que se suceden entre varones y mujeres y de las condiciones de vulnerabilidad propias de estas últimas; haciendo hincapié en la dinámica específica que adquiere al tratarse de una mujer trans, por cuanto la perspectiva de género no admite simplemente el binomio varón-mujer, sino que abarca todo el espectro de la diversidad de género.

Por último, refirieron que "no somos los jueces quienes asignamos o definimos el género de las personas, porque la ley no habla de identidad de género heteropercibida o heteroimpuesta, ni mucho menos delega en el Poder Judicial esa tarea".

Razones por las cuales, finalmente, se hizo lugar a la recusación promovida por la defensa en base al temor de parcialidad manifestado por la imputada respecto de los jueces Rizzi y Anzoátegui.

 

Accedé a la resolución.

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