• viernes 27 de enero del 2023
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Comisión Interamericana: el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional en un caso ocurrido durante la dictadura

Los hechos ocurrieron en la provincia de Mendoza en el año 1980, donde empresarios del Grupo Greco fueron detenidos y privados de su libertad por los delitos de “subversión económica” y “monopolio”.

Se publicó en el Boletín Oficial un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones en un caso llegado ante la Comisión Interamericana de Derechos Huanos, donde se declaró que el Estado argentino es responsable por violar los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, y libertad de circulación y residencia.

El caso se remonta a la última dictadura cívico-militar, cuando los empresarios del Grupo Greco en la provincia de Mendoza, fueron detenidos por los delitos de “subversión económica” y “monopolio”, en base a dos leyes emitidas durante ese gobierno dictatorial.

Producto de ello, Pedro Ángel Falanga –apoderado de los dueños del grupo empresario- habría sido privado de su libertad durante 4 años y 6 meses de prisión, con una inhabilitación especial de 5 años y multas adicionales. Además, cuando fue excarcelado, se le impusieron limitantes a su derecho de circulación, como lo fue la prohibición de salir del país.

Todo este proceso judicial llevado a cabo contra Falanga recién culminó en el año 2001, por lo que los 21 años de proceso judicial también implicaron una violación a la celeridad de los procesos.

Entre las medidas de reparación no pecuniarias acordadas, el Estado argentino se comprometió a publicar el acuerdo en el Boletín Oficial, la plena entrada del nuevo Código Procesal Penal –que garantizará más adecuadamente la celeridad de los procesos- y a remitir el informe de fondo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, el acuerdo indica que el Estado argentino deberá remitir una copia del informe y del acuerdo a las autoridades judiciales que intervinieron en la causa del Falanga.

Por otra parte, el Estado argentino se comprometió a conformar un tribunal arbitral ad-hoc para determinar la suma pecuniaria que obre como reparación económica, conformado por tres expertos/as internacionales en la materia.

 

Accedé al Decreto y al Acuerdo.

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