• sábado 16 de octubre del 2021
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Presentan un proyecto para que los funcionarios que tomaron deuda con el FMI en 2018 paguen con su patrimonio

Señalan graves irregularidades constitucionales, legales y procedimentales para lo que fue el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Mauricio Macri.

El Diputado José Luis Gioja presentó un proyecto de resolución donde solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que inicie una acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en 2018.

En sus argumentos, el legislador cita el discurso del Presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias el pasado lunes, donde manifestó que “a una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces”.

A partir de ello, menciona que la Ley de Administración Financiera N°24.156 y la Ley de Responsabilidad del Estado N°26.944, establecen que aquellos funcionarios que por dolo o culpa ocasionaren un daño económico en el ejercicio de sus funciones, deberán responder por los daños que causaren.

Entre otros argumentos, el texto menciona que el Poder Ejecutivo se apoyó en el artículo 60 de la Ley N°24.156, en cuanto permitía operaciones de crédito público con organismos financieros internacionales sin necesidad de que se encuentre previsto en la ley de presupuesto o en otra ley específica.

Sin embargo, refiere que dicha ley es previa a la reforma constitucional del año 1994, que en su disposición transitoria octava establece que la legislación delegada preexistente que no tenga plazo para su ejercicio, quedaría sujeta a un plazo de 5 años. El plazo de esta norma, fue prorrogado en diversas oportunidades pero caducó en el año 2010, por lo que –refiere- este artículo no se encontraba operativo en 2018.

Por otro lado, señalaron que las irregularidades consistieron en la falta de dictamen jurídico previo a la Carta de Intención para solicitar el crédito, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto del crédito y la inexistencia del acto administrativo previo al envío de la Carta al FMI.

El proyecto, que cuenta con el acompañamiento de 7 Diputadas/os, indica que la acción a iniciar es independiente de cualquier responsabilidad penal que le pudieran caber a dichos funcionarios por el crédito tomado.

Por último, el proyecto resalta la importancia de iniciar la acción inmediatamente, ya que la Ley 26.944 establece que las pretensiones resarcitorias contra funcionarios y agentes públicos prescriben a los 3 años.

 

Accedé al proyecto.

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