- martes 10 de septiembre del 2024
Los magistrados tuvieron en cuenta la implementación de las videollamadas, la incorporación de computadoras y la provisión de tarjetas telefónicas para llamados.
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata resolvió confirmar la decisión del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora y rechazar un hábeas corpus colectivo interpuesto para que los internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza puedan acceder al uso de celulares desde la cárcel.
Originalmente, la acción fue promovida por los internos alojados en el pabellón “F” del Módulo II del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, a la que luego se adhirieron otros pabellones, con el objetivo de que se permita el uso de celulares para que los detenidos puedan comunicarse con sus familiares.
A la hora de resolver, la Cámara –luego de un repaso de las constancias de la causa y la posición del Juzgado Federal N°1 de Lomas y las partes- entendió que no se observaba “un agravamiento de las condiciones de detención por parte de autoridad pública”, ya que el Ministerio de Justicia implementó distintas modalidades de comunicación para aminorar el impacto de la imposibilidad de visitas familiares.
En ese sentido, los Camaristas entendieron que la decisión del Servicio Penitenciario Federal de suspender las visitas familiares -a pesar de que interrumpe el fomento de las relaciones afectivas-, la misma guarda la “razonabilidad, el cuidado y la proporcionalidad exigidos en las recomendaciones más recientes efectuadas por los organismos de protección de derechos humanos con motivo de la pandemia del COVID-19”.
Asimismo, señalaron que habilitar posibles llamadas desde el celular en el Penal no contaría con la advertencia al destinatario que la llamada se realiza desde una unidad carcelaria, conforme el Reglamento de Comunicaciones de los internos y que tampoco el uso de celulares replicaría un contacto familiar similar al que llevaban con anterioridad a la pandemia, “pues el contacto personal físico es irreplicable también a través de ese medio”.
Por otro lado, los magistrados tuvieron en cuenta para el rechazo de la acción la implementación del “Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través del sistema de videoconferencias”, mediante el cual se utilizan las salas de visitas para hacer videollamadas a través de la aplicación “Skype”; la provisión de 11 computadoras para el complejo y cerca de 2.400 tarjetas telefónicas por parte del Ministerio de Justicia, junto a la implementación de una línea de atención telefónica específica para que familiares conocieran el estado de salud de los detenidos.
