• martes 07 de diciembre del 2021
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El Presidente convocó a los intendentes a fiscalizar los precios máximos de venta al consumidor

Será por el plazo que dure la emergencia sanitaria. El juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior.

Alberto Fernández, por medio del Decreto N° 351/2020, convocó a intendentas/es y gobernadoras/es para que controlen los precios máximos, establecidos por la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio. Con el fin de atender al bienestar común, la disposición implicaría una fiscalización descentralizada en los gobiernos locales para el cumplimiento de los precios fijados.

La Ley N° 20.680 de Abastecimiento regula las conductas de los sujetos que se dedican a la compraventa, locación o permuta de bienes muebles o servicios que satisfagan —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales. Prevé un procedimiento de sanción, a cargo de la Secretaría de Comercio Interior -autoridad de aplicación-, en el caso de verificarse alguna de las infracciones establecidas.

Mediante la Resolución 100/2020, la Secretaría de Comercio Interior fijó precios máximos de venta al consumidor para determinados bienes de necesidad social. Los precios se sujetan a lo informado por cada comercializadora al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) el 6 de marzo de 2020.

En ese sentido, el Decreto 351/2020 dispone la coordinación del “poder de policía” entre la jurisdicción nacional y local para efectivizar el control de los precios fijados. La disposición se apoya en el artículo 14 – “los y las habitantes de la Nación gozan de los derechos que allí se enumeran, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio.”- y el artículo 128 –“los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal”- de la Constitución Nacional.

En consecuencia, los gobiernos municipales estarán facultados a fiscalizar los precios máximos, sujetos al procedimiento del artículo 10 de la Ley de Abastecimiento. El mismo implica el labrado de un acta de comprobación de la conducta imputada, a su vez, el presunto infractor podrá dentro de los 10 días efectuar su defensa y ofrecer prueba. Posteriormente, se le remitirá a la Secretaría de Comercio Interior el acta labrada, la que procederá al juzgamiento administrativo como autoridad de aplicación.

Accedé al Decreto N° 351/2020.

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