• martes 31 de enero del 2023
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La Corte Interamericana condenó al Estado argentino por violar los derechos a la propiedad comunitaria indígena

Se trata del caso "Asociación Lhaka Honhat" donde el alto tribunal internacional dispuso que el Estado argentino otorgue un título único de propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales a favor de diversas comunidades indígenas ubicadas en la Provincia de Salta.

El pasado 2 de abril, la Corte IDH publicó un fallo de trascendencia en materia de derechos de comunidades indígenas en relación a los derechos econonómicos, sociales y culturales. Se trata del caso "Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina” donde por primera vez el tribunal interamericano interpretó en forma autónoma, a partir del art. 26 de la CADH, los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural.

Los hechos del caso se refieren a un reclamo iniciado en 1991 por 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí(Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), sobre la propiedad de unos lotes fiscales ubicados en la Provincia de Salta en los límites con Paraguay y Bolivia, terrenos que alegaban que eran habitados por las comunidades, al menos desde antes de 1629. Durante el tiempo de las acciones iniciadas, se construyó en las tierras reclamadas -sin consulta a las comunidades- un puente internacional transfronterizo y se establecieron actividades ilegales de tala y ganadería, extremos que -según la petición- afectaban la forma en que tradicionalmente las comunidades indígenas procuraban su acceso a agua y alimentos.

Luego de diversas instancias de litigio, la Corte IDH hizo lugar a la petición de las comunidades patrocinadas por el CELS y destacó que los cambios en la forma de vida de las comunidades y su identidad cultural estaban directamente relacionados con la interferencia en su territorio producidas por actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Por esta razón, fijó estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano, y ordenó al Estado restituir las tierras ancestrales a las comunidades reclamantes.

Accedé a la sentencia. 

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