• jueves 02 de febrero del 2023
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Se inició un amparo colectivo para que se restablezca la fórmula jubilatoria prevista por la Ley 27.426

La demanda tiene como objeto declarar la inconstitucionalidad del Decreto 163/2020, y restablecer la formula jubilatoria prevista en la Ley 27.426.

La Asociación Civil Años, con el patrocinio letrado de Andrés Gil Domínguez, inició una acción de amparo colectivo contra el Decreto 163/2020, por el cual, distintos jubilados y jubiladas cobrarían como haber jubilatorio una suma inferior a la que hubiesen percibido con la anterior legislación. La normativa colisionaría con el principio de progresividad y no regresividad de los derechos en materia de seguridad social.

A partir de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541, se suspendió, por medio del artículo 55 de la norma, la aplicación de la formula jubilatoria prevista en la Ley 24.241, por el plazo de 180 días.

A su vez, con el dictado del Decreto 163/2020 se estableció una formulación de actualización jubilatoria, distinta a la original. La medida anunciada resulta beneficiosa para la generalidad del universo que conforma el Sistema Previsional –incluso en un porcentaje mayor que aplicando la formula suspendida-.

No obstante, el nuevo cálculo instaurado, no respalda provechosamente al total del conjunto de beneficiarios del Sistema de Seguridad Social, resultando aritméticamente menor al cálculo suspendido por la Ley 27.541.

Por ello, la acción de amparo incoada tiene como fundamento constitucional y convencional la progresividad y la no regresividad como canon de interpretación, validez y vigencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos previstos por el paradigma jurídico argentino. En consecuencia, si la fórmula jubilatoria resulta regresiva, ello violaría el mandato constitucional y convencional.

Además, del patrocinio letrado del Dr. Gil Dominguez, llevan adelante la causa los Dres. Eugenio Luis Semino y Adrián Antonio Tróccoli. Los abogados solicitaron, también, el dictado de una medida cautelar colectiva para que se paralicen los efectos del artículo 4 del Decreto 163/2020 y se restablezca la fórmula prevista en la Ley 27.246, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

Cabe aclarar, que en los términos de la Acordada 12/2016, al tratarse de un proceso colectivo referente a intereses individuales homogéneos, en la presentación de la demanda se debió acreditar: la identificación del grupo afectado; la justificación de la adecuada representación entre el actor y el colectivo; acreditación de la causa normativa común que provoca la lesión del derecho; la focalización de los efectos cómunes;  la afectación del derecho de acceso a la justicia de los integrantes del colectivo involucrado; y la inexistencia de un proceso ya inicidado con pretensión semejante.

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