• miércoles 22 de septiembre del 2021
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La Corte Suprema revocó un fallo que se apartó de las pautas exigidas para los procesos colectivos

Es en el marco de un amparo iniciado por el Matadero Municipal de la localidad rionegrina de Luis Beltrán que cuestionaba el aumento de tarifas de gas dispuesto por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en abril de 2016.

Por Lucía Inés Videla

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de la Cámara Federal de General Roca que había reconocido el carácter colectivo a un amparo interpuesto por el Matadero Municipal de Luis Beltrán, donde se impugnaban los aumentos de tarifas de gas que regirían a partir de abril de 2016, en tanto no se había atenido a los requisitos previstos para los procesos colectivos establecidos en “Halabi” y en sus acordadas 32/2014 y 12/2016.

La acción se originó a partir de que el titular del Matadero Municipal de la ciudad rionegrina había promovido una acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el ENARGAS, y Camuzzi Gas del Sur S.A.,cuestionando las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que determinaban un aumento del régimen tarifario para el servicio público de gas natural a partir del 1° de abril de 2016.

Para ello,el representante legal del Matadero (usuario del servicio de gas natural) invocaba, a su vez, la representación de los sesenta y seis empleados del establecimiento.

Además de ello, solicitaba como medida cautelar la suspensión de la aplicación de dichas resoluciones con el consecuente aumento de la tarifa de gas, y a su vez, se ordenara a la distribuidora de gas la refacturación del servicio de acuerdo a los valores previos al aumento,absteniéndose de cortar el servicio por falta de pago.

Iniciado el proceso, el juzgado de primera instancia ordenó la remisión de la causa al Juzgado Federal N º 4 de La Plata y su acumulación a la causa “CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería de la Nación”, bajo el entendimiento de que el actor se encontraba incluido en el colectivo determinado en dicho proceso, sin embargo la Cámara de General Roca rechazó dicha acumulación.

No obstante ello, el juzgado federal de primera instancia rechazó in limine el amparo colectivo presentado por el Matadero Municipal, por lo que la actora recurrió ante la Cámara Federal de General Roca.

Una vez arribada la causa a la Cámara, ésta revocó la decisión de la primera instancia, reconociendo el carácter colectivo de la acción y determinando el efecto erga omnes (para todos los consumidores del servicio) a lo que se resuelva en el mismo. Por otra parte otorgó la medida cautelar solicitada por la actora por el plazo de tres mesescontado a partir del 6 de julio de 2016, extendiendo sus efectos a toda la jurisdicción geográfica de la Cámara, es decir, al territorio de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Frente a la decisión de la Cámara, el Estado Nacional, el ENARGAS y Camuzzi Gas del Sur S.A. presentaron recursos extraordinarios.

La Corte Suprema al resolver en la causa –que contó con el voto unánime de los cinco jueces-, estimó que la Cámara de General Roca se había apartado de las normas y principios estructurales aplicables a los procesos colectivos, al haberle otorgado al proceso alcance de acción colectiva y efectos erga omnes a lo que en ella se decidiera, limitándose para ello a describir los requisitos delineados en el  precedente “Halabi” en el año 2009.

En efecto, la Corte entendió que la Cámara no había verificado el cumplimiento de los requisitos esenciales para la viabilidad de la acción colectiva (identificación con claridad del colectivo involucrado, individualización de los requisitos analizados para determinar la adecuada representación del colectivo y determinación de un procedimiento de adecuada notificación de los posibles interesados en el litigio) ni había dictado la resolución de certificación conforme lo previsto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la CSJN.

En tal sentido entendió que correspondía revocar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se dice un nuevo pronunciamiento.

Por último, los jueces consideraron que el tratamiento de la cautelar otorgada por la Cámara en la misma sentencia carecía de objeto actual, ya que la misma se había dispuesto el 6 de julio de 2016 y por el plazo de tres meses, sinhaberse solicitado ni dispuesto prórroga o ampliación temporal alguna.

 

Accedé al fallo de la Corte Suprema.

Accedé al fallo de la Cámara Federal.

Accedé a la acordada 32/2014

Accedé a la acordada 12/2016.

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