• martes 26 de enero del 2021
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El Consejo de la Magistratura porteño deberá llamar a concurso de cargos de empleados judiciales en 2021

Lo hizo en el marco de la ejecución de sentencia en una causa en la que se solicita el cumplimiento del ingreso al Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Osvaldo Otheguy, reiteró que el Consejo de la Magistratura deberá arbitrar las medidas necesarias para fijar y publicar las fechas de los exámenes a tomar a los inscriptos en el Registro de Aspirantes para los meses de marzo y septiembre del año 2021.

La causa tiene inicio en una acción de amparo colectiva realizada por un abogado postulante a ingresar al Poder Judicial de la Ciudad, Iván Fernando Romero Verdún, que en el año 2019 resultó con sentencia favorable en cuanto condenó al Consejo de la Magistratura a adoptar las medidas necesarias en cuanto a las inscripciones de aquel año.

El planteo se realizó en defensa de todo el colectivo de personas interesadas a ingresar a dicho estamento público, basado en la afección al derecho constitucional a un ingreso igualitario, que produce la omisión del cumplimiento de las convocatorias que establece el artículo 5° del reglamento aprobado por la Resolución 34/2005 del propio Consejo de la Magistratura porteño. 

Luego de ello, la Cámara de Apelaciones del fuero rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, y el pasado 23 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, trató el recurso de queja, resolviendo que no debía hacerse lugar al pedido de suspensión de sentencia efectuado por el Consejo de la Magistratura, lo que dio lugar al pedido de ejecución de sentencia por el actor.

En respuesta al pedido de sentencia el Consejo sostuvo que correspondía su rechazo, argumentando que: a) la sentencia dispuesta por la Cámara de Apelaciones del fuero no establece que el cumplimiento de la sentencia deba efectuarse en el año 2021, sino que sólo estableció que la convocatoria a examen debe efectuarse una sola vez en los meses de marzo y septiembre; b) el pedido resultaba prematuro y excede los límites de la condena que en ningún momento obliga a la demandada a informar “…las medidas adoptadas y/o las que se encuentren programadas y/o sucesivamente se adopten…” para el cumplimiento de la sentencia; y, c) la actual situación de pandemia tornaría incierta cualquier programación a futuro sobre el asunto.

Finalmente, el Juez de primera instancia sostiene que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero confirmó en lo esencial la sentencia condenatoria, modificándola solamente en cuanto a que no se circunscriba su cumplimiento exclusivamente al año 2019 sino a que se convoque a examen una sola vez en los meses de marzo y septiembre.

En ese entendimiento, “e interpretando la decisión del superior de buena fe”, consideró que la mentada sentencia se encuentra en condiciones de ser cumplida en los meses de marzo y septiembre del año 2021.

Sin perjuicio de ello, rechazó la ejecución de sentencia solicitada ya que en la actualidad no existe una obligación concreta a exigirle al Consejo tendiente a acreditar los actos preparatorios que se pudiesen estar programando a los fines de cumplir con la sentencia dictada en autos.

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