• sábado 07 de diciembre del 2019
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La inconstitucionalidad de la prueba “confesional” o de “absolución de posiciones” en materia civil

Reflexiones de Julio César Vélez* respecto a la constitucionalidad de este medio de prueba y su análisis de los anteproyectos para el fuero Federal y el de la Provincia de Buenos Aires

1.- Todos los días en el ejercicio de nuestra profesión de abogados (en cualquier rol que nos toque) participamos alegremente de audiencias de prueba confesional o de absolución de posiciones en juicios civiles (también aplicable a la materia comercial, laboral, etc. todos los que no sean penales), y la mayoría de los operadores jurídicos ni siquiera se preguntan acerca de si tan importante diligencia probatoria, con consecuencias relevantes y en muchos casos determinantes, es compatible con nuestra Constitución Nacional.

Sucede como con tantos otros institutos, que desde siempre han sido regulados y aplicados de un mismo modo, se siguen aplicando igual, sin cuestionarse nada al respecto.

Ello así, sin reparar que han pasado siglos desde su concepción y recepción normativa, y que en este tiempo hemos evolucionado desde sistemas inquisitoriales a sistemas acusatorios-dispositivos, y que tenemos una Constitución Nacional a la que deben ajustarse todas las normas inferiores.

Lo más grave, y por eso la necesidad de llamar la atención sobre la cuestión, es que los anteproyectos de reforma de los Códigos Procesales Civiles y Comerciales actualmente en análisis (entre otros el de la Provincia de Buenos Aires y el Nacional), vuelven a consagrar dicho medio de prueba con características similares a las actualmente vigentes, aunque cambiándole el título.

2.- Nuestra Constitución Nacional es contundente en su art. 18, en cuanto prescribe que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

Tal precepto, tiene su fuente en la VI Enmienda de la Carta Magna Estadounidense la que expresamente establece que se refiere al “juicio criminal”, excluyendo al proceso civil.

Nuestra Carta Magna no hace distinción alguna en cuanto a la materia en que se aplica, con lo cual no cabe otra interpretación que la garantía y la prohibición de obligar a cualquier persona que enfrente un proceso se extiende a todos, cualquiera sea la naturaleza del mismo.-

Constitucionalistas y procesalistas son contestes en esta conclusión, entre otros Bidart Campos, Alvarado Velloso (aunque obviamente hay algunos que opinan en sentido contrario).

3.- La prueba confesional en materia civil, como está receptada en la mayoría de los códigos procesales en dicha materia, es evidentemente contraria a la garantía constitucional referida.

Ello así por cuanto, en virtud de este medio probatorio, el litigante es compelido (previo juramento de decir verdad) a declarar la verdad de los hechos que lo comprometen aun cuando pueda resultar perjudicado.

Repárese que el CPCC de la Provincia de Buenos Aires, con similar redacción a otros ordenamientos tanto del ámbito federal como de otras provincias, establece en el art. 402 que “cada parte podrá exigir a la contraria absuelva con juramento, o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a la cuestión que se ventila”.

La sola enunciación del medio probatorio nos alerta y, en forma manifiesta contrasta con la prohibición constitucional.

Pero si a ello le agregamos la forma en que se formulan las “posiciones” (art. 409 CPCCBA), la forma de las contestaciones (art. 410), los efectos y consecuencias que se le otorgan a las diversas alternativas (incomparecencia, forma de respuestas etc., art. 415 CPCCBA y concs.), resulta extraño como -tal lo señalado al comienzo- la mayoría los operadores jurídicos ni siquiera se inquietan y diariamente aplican y ejecutan este medio de prueba que grita su inconstitucionalidad.

El gran problema de esta prueba sucede con los efectos de la negativa a declarar, de las respuestas evasivas y de la incomparecencia de la parte citada, ya que en tales supuestos los códigos procesales indican que “se lo tendrá por confeso” (confesión ficta), lo cual es un verdadero dislate jurídico, máxime teniendo en miras la garantía constitucional señalada.

4.- Como adelantara, en los anteproyectos en tratamiento se mantiene similar regulación, aunque cambiando el nombre a la prueba.

En el anteproyecto de la Provincia de Buenos Aires, en los arts. 403 a 418 se regula como “Declaración de parte”, en el de Nación en los arts. 236 a 248 se denomina “Libre interrogatorio a las partes”.

En ambos se mantiene la posibilidad del juez de preguntar, facultad que en proceso dispositivo no debería tolerarse, y en el art. 242 del Nacional se establece que “…Cuando el declarante manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, el juez tendrá   por   cierto   lo   desconocido,   siempre   que   las   circunstancias   hicieren inverosímil la contestación…”; mientras que en el art. 243 se prescribe “Pregunta  impertinente. Si  la parte  estimare  impertinente  una pregunta,  podrá  negarse  a  responderla  en  la  inteligencia  de  que  el juez podrá  tenerla por contestada en forma contraria a los intereses de esa parte al sentenciar”.

Por su parte en el anteproyecto provincial se contempla en el art. 403 “...Al  ofrecer  prueba  cada  parte  podrá  exigir  que  la  contraria sea interrogada sobre la cuestión que se ventila. La citación se efectuará bajo apercibimiento de que la inasistencia injustificada constituirá  una  presunción  desfavorable  a  la  parte  inasistente  que  será  valorada  por  el tribunal en la sentencia,..”.

Y lo que resulta muy extraño y contradictorio es que en ambos hay una norma que prescribe que en caso de duda la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace.

También resulta violatorio del debido proceso que en ambos proyectos se le de valor a la “confesión extrajudicial”. Si como postulamos la única declaración válida es la hecha judicialmente, y previa advertencia de que puede declarar o abstenerse de declarar, claramente no es admisible darle valor en contra del declarante a la hecha extrajudicialmente y sin que se respeten las garantías mínimas conforme al mandato constitucional.

Ello entre varios otros cuestionamientos y objeciones que se pueden realizar.

5.- Resulta urgente e ineludible que las futuras reformas de los ordenamientos procesales en materia civil modifiquen la regulación de este medio de prueba, que en realidad -teniendo en miras la garantía constitucional- es un “medio de defensa” y no de prueba.

En tal sentido se deberá regular, en similar redacción que los códigos procesales en materia penal, el derecho al silencio del citado a absolver posiciones y la consecuente facultad de abstenerse de declarar, sin que ello implique presunción en su contra ni reconocimiento alguno de los hechos.

De igual modo la regulación normativa de la absolución de posiciones debe establecer que en ningún caso se requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá coacción ni amenaza, ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar en contra de su voluntad, todo ello bajo sanción de nulidad.

Si el “debido proceso” no puede ser otra cosa que la estricta regulación de las garantías constitucionales, es hora de que el proceso civil -y sobre todo en una garantía tan cara como lo es la prevista en el art. 18 CN- se ajuste al mandato constitucional.

 

*Abogado, Profesor Adjunto de Derecho Procesal II, UNICEN.-

 

Accedé al Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

Accedé al Anteproyecto de Código Procesal Civil, Comercial y de Familia de la Provincia de Buenos Aires

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