• jueves 14 de noviembre del 2019
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El Supremo Tribunal Federal de Brasil modificó la jurisprudencia que consideraba que los condenados por tribunales colegiados comenzarían a cumplir la prisión de modo inmediato

La decisión tomada por el máximo tribunal brasileño podría modificar la situación procesal del ex presidente Lula da Silva, quien se encontraría en condiciones de quedar en libertad.

Por seis votos a favor y cinco en contra, el Supremo Tribunal Federal concluyó que deben permanecer en libertad los condenados en segunda instancia hasta tanto agoten todos los recursos en los tribunales superiores, como lo garantiza la Constitución de 1988.

Este resultado se extendería en sus efectos a 38 condenados en segunda instancia, entre ellos el ex presidente y máximo líder del PT Luiz Inácio Lula da Silva.

En el año 2016, el Supremo había considerado que los condenados por un tribunal colegiado, es decir de segunda instancia, podrían empezar a cumplir efectivamente sus penas de prisión.

En el mes de julio de 2017, Lula fue sentenciado a 9 años y 6 meses de prisión en Curitiba por el entonces juez Sergio Moro, quien lo halló culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero al considerar que tenía “un papel relevante en la trama criminal” de lo que se conoce como Lava Jato; esto es, una supuesta red de corrupción de la que participarían empresarios, políticos y funcionarios de la compañía estatal Petrobras. 

A pesar de los diversos cuestionamientos de distintos operadores del Derecho por los defectos del proceso judicial, el actual Ministro de Justicia de Brasil había concluido que el exmandatario recibió de la constructora OAS un departamento triple en el balneario paulista de Guarujá como soborno a cambio de garantizar a la empresa contratos con la petrolera estatal Petrobras.

En abril del corriente, la defensa de Lula apeló el fallo del Tribunal Regional Federal de la 4ta. región que había aumentado la pena a 12 años y 1 mes de prisión; esta vez ante el Superior Tribunal de Justicia, quien redujo la pena a 8 años y 10 meses.

En suma, con la alteración de la jurisprudencia, la defensa ve allanado su camino para un eventual pedido de excarcelación que le otorgue la libertad al expresidente.

 

Accedé al voto del Ministro Celso de Mello.

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