• jueves 14 de noviembre del 2019
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La Corte Suprema rechazó actualizar remuneraciones de jueces por inflación

Así lo resolvieron los conjueces del máximo tribunal, que concluyeron que las variaciones de precios no afectaban la intangibilidad en sus remuneraciones ni una merma en la independencia del Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada por cinco conjueces por primera vez desde la llegada de Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz al máximo tribunal, resolvió rechazar más de 50 demandas interpuestas por jueces y un Fiscal General de la Nación que reclamaban una actualización de salarios según el índice de precios al consumidor, a partir de octubre de 1991 y por los siguientes cinco o más años.

En su presentación, los funcionarios judiciales pretendían una recomposición salarial similar a la que la Corte Suprema había otorgado mediante la acordada 56/91, originada a partir de la hiperinflación producida en el año 1988, fundada en la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados según el artículo 110 de la Constitución Nacional y el fallo “Bonorino Peró” de la Corte Suprema.

En primera instancia, se hizo lugar a la demanda y se ordenó la indexación de los haberes percibidos por los actores entre el mes de octubre de 1991 y el 1° de octubre de 2004 por medio del índice de precios al consumidor nivel general, pero hasta un máximo de un 30% de incremento anual.

Sin embargo, a Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por el voto de la mayoría integrada por los conjueces Jorge A. Sáenz y Alfredo M. Vítolo, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda.

En sus consideraciones, los conjueces y conjuezas de la Corte Suprema Julio César Rivera, Diego Botana, Verónica Nidia Torres y María Rosa Caballero, consideraron que la independencia de los magistrados y la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones no se ve afectada por la depreciación de la moneda y la inflación.

Además, consideraron que el fallo “Bonorino Peró” resuelto por la Corte Suprema en 1985 no era aplicable al período económico sobre el que pretendían la recomposición salarial, recordando a su vez los fundamentos del fallo “Chiara Díaz” y “Mill de Pereyra” de la misma Corte, en cuanto entendió que la intangibilidad de dichas remuneraciones no son absolutas.

En ese sentido, sostuvieron que “permitir la indexación a la hora de determinar las remuneraciones judiciales conllevaría otorgarles a los jueces un privilegio indebido con respecto al resto de la ciudadanía, por el mero hecho de su profesión”, lo que importaría una violación al principio de igualdad.

Por su parte, el conjuez Alberto García Lema votó en disidencia por admitir la demanda de los magistrados y ordenar su recomposición salarial por el período reclamado. 

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