• jueves 17 de octubre del 2019
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El Congreso de la Nación deberá hacer públicas las calificaciones del concurso para Defensor/a del Niño/a

La resolución de la Jueza Macarena Marra Giménez se da luego de que la Fundación SUR Argentina interpusiera un amparo colectivo contra la Comisión Bicameral del/de la Defensor/a de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de que remita las notas obtenidas por cada postulante para el cargo.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez, hizo lugar a una acción de amparo colectivo iniciada por la ONG Fundación SUR Argentina -junto a otras ONG- por la cual el Congreso de la Nación deberá publicar en el plazo de 10 días todas las notas de cada uno de los ítems del concurso para designar al/ a la Defensor/a del Niño/a de la Nación.

En un primer momento, la ONG Fundación SUR Argentina había fundado su legitimación para presentar el reclamo en que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública según la ley 27.275, sin que se le exija acreditar derecho subjetivo o interés legítimo, dado que se trata de información de carácter público que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina.

Por su parte, los representes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación habían manifestado que pretender indagar en el proceso de evaluación implica introducirse en la zona de reserva creada por la propia Ley Nº 26.061 para el Poder Legislativo, en particular, el ejercicio de competencias propias de una de las comisiones bicamerales que lo componen.

En su resolución, la jueza inició el desarrollo recordando el artículo 14 de la ley 27.275 y la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha admitido la procedencia de la acción de amparo para supuestos de acceso a la información pública y entendió que el acceso a las notas de los distintos ítems previstos no tienen carácter confidenciales o reservados.

En este punto, Marra Giménez retomó los argumentos expuestos por la fiscalía, en cuanto refirió que el carácter anónimo que la Reglamentación le asigna a los exámenes lo es para resguardar la imparcialidad con la que deben ser corregidos por el jurado, pero no para fundar la negativa en el acceso a quien los solicite con posterioridad, una vez ya calificados los postulantes.

En conclusión, la magistrada consideró que la postura reticente del Congreso a proporcionar dicha información “desatiende el interés público que constituye el aspecto fundamental de la solicitud de información efectuada que, vale reiterar, no parece dirigida a satisfacer la curiosidad respecto de la vida privada de quienes los reciben sino, a controlar eficazmente el modo en que los funcionarios competentes desarrollan un concurso público.”

 

Accedé al fallo.

 

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