• jueves 17 de octubre del 2019
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Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro

El 28 de septiembre es celebrado el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto o Día Internacional del Aborto Seguro. La iniciativa surgió en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y la convocatoria se ha extendido a nivel internacional. El motivo es exigir a los gobiernos tomar medidas en torno al acceso al aborto con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por abortos inseguros.

El aborto puede ser definido como la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.

La mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal. Solo unos pocos han promulgado una prohibición total del aborto. En otros Estados, el aborto está altamente restringido, pero generalmente existe una excepción para el procedimiento, por ejemplo, con el fin de salvar la vida de una mujer, o en vasos de violación, incesto o malformación fetal.  El derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluida el aborto, está arraigado en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, la salud, la intimidad y a no ser discriminadas. Estos derechos son violados cuando los Estados vuelven los servicios de aborto inaccesibles para las mujeres que los necesitan. De acuerdo con lo establecido por el derecho internacional, los Estados pueden ser responsabilizados por expedir leyes altamente restrictivas en materia de aborto y por no garantizarlo cuando dicha interrupción del embarazo resulte legal.

Un ejemplo de esto último fue lo ocurrido en el año 2016 cuando por primera vez la Organización de Naciones Unidas reconoció al aborto como un Derecho Humano y responsabilizó al país del Perú por no asegurar el acceso a un aborto seguro y legal. El caso inicia en el año 2001 cuando  una joven de 17 años, con catorce semanas de gestación, recibió el diagnóstico de que el feto sufría de una anancefalía, una anomalía de nacimiento legal. Los médicos dijeron que continuar con el embarazo pondría su vida y su salud en riesgo; por lo tanto, se le recomendó practicarse un aborto.

El aborto en estos casos era legal en Perú, pero el hospital se rehusó a realizarlo alegando que el Estado no ofrecía una regulación clara para brindar la intervención. La niña fue entonces forzada a continuar con la gestación y amamantar al recién nacido los cuatro días que vivió. Fue una decisión que terminó causándole serias consecuencias mentales y físicas a su salud.

El caso fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalando la violación de derechos humanos ocurrida. Esta decisión adoptada fue pionera; la primera vez que un órgano de derechos humanos de la ONU responsabilizó a un gobierno por fallar en asegurar el acceso a los servicios para interrumpir su embarazo.

Ya en el año 1999, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General  N°24, decidió hacer una recomendación general sobre el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Dicho articulado establece: “1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia."

Entre muchas de las cuestiones que deja claras establece que debe prestarse atención a las necesidades y  los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental.

Obliga a los Estados Partes a basar su legislación y sus planes y políticas en materia de salud de la mujer en datos fidedignos sobre la incidencia y la gravedad de las enfermedades y las condiciones que ponen en peligro la salud y la nutrición de la mujer, así como la disponibilidad y eficacia en función del costo de las medidas preventivas y curativas.

Otro artículo relevante es el 16 en el cual se establece la protección del derecho a decidir de la mujer el número y el intervalo entre los nacimientos de sus hijos/as, y a tener acceso a los medios y la información para hacerlo. En innumerables observaciones finales, el Comité ha puesto considerable atención al tema de la mortalidad materna a causa de abortos realizados en condiciones de riesgo. Ha formulado el tema como una violación del derecho de las mujeres a la vida. Se manifestó además preocupado por las altas tasas de mortalidad materna a causa del gran número de abortos entre las adolescentes y los abortos en condiciones de riesgo, clandestinos e ilegales. El Comité ha recomendado que los Estados Parte aumenten el acceso a una planificación familiar así como a información sobre salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva resultaría esencial para reducir la mortalidad materna y proteger a las mujeres para que no recurran a abortos realizados en condiciones de riesgo.

Por otra parte, el Comité ha elogiado a los Estados parte que han enmendado la legislación restrictiva en materia de aborto, por ejemplo, al proveer asistencia legal gratuita en los casos de aborto y eliminar la exigencia de que la mujer debe ser ciudadana para obtener un aborto. El Comité ha expresado inquietud respecto de algunos casos en que las mujeres no tienen acceso a servicios de aborto seguro a pesar de que el procedimiento se encuentra legalizado, y por tanto ha recomendado que los Estados provean servicios de aborto seguro o que garanticen acceso a éstos cuando la ley lo permita.

El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido por otra parte que el derecho a la salud, incluyendo en esta categoría a la salud sexual y reproductiva, exige servicios de salud incluyendo los servicios de aborto legal. En muchos países, las leyes sobre el aborto han sido liberalizadas, pero la liberalización no va acompañada de reglamentos claros para implementar la ley. En esas circunstancias, los servicios de salud algunas veces se niegan a proporcionar servicios legales. Por lo tanto, la reforma legal por sí sola no es suficiente para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos.

Un instrumento internacional de vital trascendencia es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establecida en 1995. Hoy en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para la acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

En su punto 94 comienza a expedirse sobre la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Destaca el derecho a recibir servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. Entiende que como derechos reproductivos los mismos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas  e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

La salud reproductiva está fuera del alcance de muchas personas de todo el mundo a causa de factores como: los conocimientos insuficientes sobre la sexualidad humana y la información y los servicios insuficientes o de mala calidad en materia de salud reproductiva; la prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo; las prácticas sociales discriminatorias; las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva.

Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.

El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgos. La mayoría de las muertes, problemas de salud y lesiones se pueden evitar, mejorando el acceso a servicios adecuados de atención de la salud, incluidos los métodos de planificación de la familia eficaces y sin riesgos y la atención obstétrica de emergencia, reconociendo el derecho de la mujer y del hombre la información y al acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación de la familia, así como a otros métodos lícitos que decidan adoptar para el control de la fecundidad, y al acceso a servicios adecuados de atención de la salud que permitan que el embarazo y el parto transcurran en condiciones de seguridad y ofrezcan a las parejas las mayores posibilidades de tener un hijo sano. En la mayor parte de los países, la falta de atención de los derechos reproductivos de la mujer limita gravemente sus oportunidades en la vida pública y privada, incluidas las oportunidades de educación y pleno ejercicio de sus derechos económicos y políticos. La capacidad de la mujer para controlar su propia fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos. La responsabilidad compartida por la mujer y el hombre de las cuestiones relativas al comportamiento sexual y reproductivo también es indispensable para mejorar la salud de la mujer.

Siguiendo la línea de considerar el acceso al aborto como un derecho humano cabe mencionar un histórico fallo resuelto en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de este año. Se estableció en el mismo que negar la interrupción del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo es violatorio de aquellos derechos. En la sentencia se reconoció que, tratándose de las mujeres, el derecho a la salud incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando su salud esté en riesgo. En México, al menos 3900 mujeres han sido criminalizadas por abortar.

Haciendo un paneo mundial de la situación en países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India y la mayoría de los países de Europa, el aborto es legal a petición o demanda de la mujer durante cierto período de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Medio Oriente, Oceanía y Sudeste Asiático el aborto es ilegal y está penalizado. Cinco países del mundo prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia: Ciudad del Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua y República Dominicana.

En el año 2018 por ejemplo Irlanda despenalizó el aborto en un referéndum histórico. Los irlandeses votaban sobre el artículo 40.3.3, conocido como la Octava Enmienda. Esa ley reconocía el derecho a la vida del no nacido, y lo igualaba al de la mujer gestante. Finalmente se termino aprobando el aborto sin condiciones hasta las 12 semanas de gestación o en los casos de riesgo para la vida o de grave peligro para la salud de la mujer. También lo permite en caso de anomalía del feto que podría llevar a su muerte in útero.

El pasado jueves Australia  aprobó una ley para despenalizar el aborto en Nueva Gales del Sur, estado donde se ubica la ciudad de Sídney, el último estado del país que criminalizaba dicha práctica. La norma permite que las mujeres accedan a un aborto hasta la semana 22 de gestación y practicada por un médico registrado. El proyecto sólo incluye la despenalización porque no obliga al Estado a hacerse cargo de los gastos de las personas gestantes que deseen interrumpir sus embarazos. La legislación sobre la salud reproductiva de la mujer en aquel país está a cargo de los gobiernos regionales y las leyes varían según el territorio en el período permitido para la interrupción voluntaria del embarazo.

En nuestro país el aborto es legal para ciertos casos en Argentina desde 1921. Se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 85 el cual establece que el aborto será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años si obrare sin consentimiento de la mujer. Con reclusión o prisión de uno a cuatro años si obrare con consentimiento de la mujer.  En el artículo 86 se determina que se incurrirán en las mismas penas antes mencionadas además de inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. Plantea  la posibilidad de lo que se llama como “aborto no punible” que es aquel que se practica por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer siempre que se realice con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer “idiota” o demente. El aborto no punible puede realizarse hasta las doce semanas de gestación. EL artículo 88 reprime con prisión de uno a cuatro años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.

Uno de los mayores problemas que se evidencian es que cuando se trata de abortos no punibles los centros de salud se niegan, por desconocimiento o por ser contrarios a la práctica, a realizar la interrupción del embarazo.  Es evidente que dilatar los tiempos de la gestación hace también que la mujer exceda las 12 semanas en que la ley es permisiva para la realización del aborto.

En una sentencia de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “FAL”, se obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación. Según la resolución la solicitud de interrupción del embarazo no puede ser judicializada: los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de prácticas y han de practicarlos pidiendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

En el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo para estandarizar la práctica en los centros de salud. En dicho documento se establece que la interrupción voluntaria del embarazo debe guiarse fundamentalmente por el principio de autonomía. Es deber de los/las profesionales de la salud proveer la información necesaria para que pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las preguntas que crea necesarias. Otros principios que guían la práctica tienen que ver con la accesibilidad, la no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad y transparencia activa.

En relación a la edad mínima de la mujer a la que se le puede realizar un aborto no punible va relacionado con la capacidad plena que ellas tengan de discernimiento. Esta capacidad se alcanza según nuestra legislación a la edad de 14 años. Esto indica que pueden otorgar por si mismas su consentimiento informado y realizar personalmente la declaración jurada requerida para la interrupción de un embarazo producto de una violación.

El protocolo recuerda el planteo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cual establece que los/las profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de la interrupción legal del embarazo, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto.

En mayo de este año la Justicia de Río Negro declaró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años violada y embarazada por un familiar en 2017, quien permaneció internada en un hospital internada hasta el momento de parir.

En la actualidad existen once provincias que adhieren al Protocolo: Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Por otra parte cinco provincias cuentan con normativas propias en relación con el acceso al aborto: Chubut, Rio Negro, Neuquén, Buenos Aires y Córdoba. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene su propia normativa al respecto.

Siete son las provincias que no cuentan con normativas propias ni adhieren al protocolo elaborado por la Nación: Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa  y Catamarca.

Un caso muy paradigmático fue el ocurrido en el año 2014 conocido como “caso Belén”, ocurrido en Tucumán. Una joven de 27 años en ese entonces acudió a urgencias en un hospital público de la provincia por una grave hemorragia vaginal. El médico de guardia le diagnosticó un aborto espontáneo, pero la joven terminó siendo acusada de haberse deshecho del feto en uno de los baños del hospital. La Policía la detuvo en el mismo hospital y la justicia local la condenó a ocho años de cárcel por “homicidio agravado por el vínculo”. Belén pasó más de dos años presa hasta que en el año 2017 la Corte Suprema provincial ordenó su libertad. El máximo tribunal tucumano hizo hincapié en la importancia del secreto profesional, del  respeto a los derechos de las mujeres que sufren un aborto, a la confidencialidad y al derecho a recibir un trato digno y libre de violencia.

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la forma más segura y efectiva de realizar un aborto en las primeras doce semanas es con una combinación de mifepristona y misoprostol. La OMS señaló justamente que el acceso a los medicamentos abortivos es importante y que su administración debe recaer no sólo en médicos sino en efectores de salud, aún de nivel básico. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) en su Observación General N° 22, estableció que el Estado debe garantizar el acceso lo más libre posible a los medicamentos abortivos, sin barreras ni obstáculos administrativos ni económicos; de lo contrario incurriría en políticas discriminatorias.

En el año 2018 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) habilitó la comercialización de la droga conocida como misoprostol. Dicha droga solo podía conseguirse en los hospitales públicos. Dicha medida permite que las mujeres adquieran directamente en farmacias bajo receta médica la droga.

En Argentina existe la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. Tiene sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004. Finalmente la campaña fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y se escuda bajo la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Dicha campaña se formalizó en el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado en el año 2006. El mismo fue presentado ininterrumpidamente todos los años hasta la actualidad. 

El Proyecto reconoce a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano de todo cuerpo gestante y establece un plazo hasta la semana catorce inclusive para llevarlo adelante.  Para los casos donde el embarazo fuera producto de una violación o por riesgo de la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante propone el caso de abortos sin límite de tiempo gestacional. Especifica que se incorpore al Plan Médico Obligatorio esta práctica médica fijando de esta forma la obligatoriedad que tendrán todos los centros de salud y sistemas de cobertura médica para garantizar esta asistencia.

Un aspecto por demás necesario fue considerado en el proyecto: la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral. Así, el proyecto responsabiliza al Estado Nacional, Provincias y Municipios de implementar dicha ley.  La Ley N°26.150 fue sancionada en el año 2006 la cual establece en su artículo primero: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”

En referencia al Código Penal se eliminan las penalidades para las mujeres que aborten hasta la semana catorce o por causales, si estableciendo penas para las autoridades de un establecimiento de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Se calcula que en nuestro país alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Según cifras oficiales las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de moralidad materna en Argentina. En los últimos años los derechos sexuales y reproductivos están siendo motivo de mayor debate público porque su vulneración implica violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres. Todos estos son derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.

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