• domingo 22 de septiembre del 2019
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La Justicia prohibió fumigar en Pergamino y sus alrededores, ante el peligro de daño a la salud y al medio ambiente

Así lo decidió el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás, quien ordenó la ampliación de una medida cautelar, fijando un límite de exclusión de 1095 metros para las fumigaciones terrestres y de 3000 metros para las aéreas, abarcando así a la totalidad de la ciudad de Pergamino, a los pueblos de la misma circunscripción y a las escuelas rurales.  Además ordenó suspender provisoriamente las autorizaciones de aplicaciones para futuras fumigaciones.

En el caso “CORTESE, Fernando Esteban; y otros S/Infracción art. 55 de la ley 24051 y 200 del Código Penal” las querellantes solicitaron la ampliación de la medida cautelar que establecía la prohibición de fumigación en un límite de 600 metros, el cual resultó insuficiente teniendo en cuenta un informe científico –que sugería el límite de 1095 metros- y que cuatro habitantes de uno de los barrios excluidos padecieron daño genético causado por la exposición a sustancias agrotóxicas. 

Fundamentan lo solicitado en los estudios de genotóxicidad obrantes en el expediente que arrojaron como resultado la presencia de glifosato en sangre y orina en las personas, “con un incremento en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico, sumado a los resultados de estudios de contaminación en barrios de esa región, que arrojaron un amplio cumulo de moléculas de plaguicidas en aguas y suelo (…)”. Así, el 40% de las personas presentó síntomas respiratorios, como picazón o manchas en la piel, sangrado de nariz, etc, lo cual se agrava en los niños. 

Por ello, habiendo personas afectadas y siendo indudable el riesgo ambiental, se tuvo como acreditado el peligro de daño en la salud y al medio ambiente y  el juez consideró procedente la ampliación de la medida cautelar, “porque se debe adoptar un criterio de precaución”. “Es que justamente el acento debe ser puesto allí, en el entendimiento de que no hay daño ambiental inocuo o completamente reparable, y que el Estado debe prevenir la producción de los riesgos con anticipación, ya que la función resarcitoria en estos casos es tardía y disfuncional.” “El sistema jurídico tiene que reaccionar y tomar todas las precauciones para evitar que el daño se consolide o propague”.

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