• domingo 22 de septiembre del 2019
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Política de drogas en Argentina

Reflexiones a 10 años de "Arriola".

Marcos Antonio Torti Iermini

RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos

 

Es posible que el año 2019 mantenga una fuerte carga “simbólica” respecto a las políticas de drogas en la Argentina. Son dos los “aniversarios” que podemos encontrar respecto a la temática, por un lado, se cumplen 30 años de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, y por el otro, se cumplen 10 años del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se resolvió declarar la inconstitucionalidad del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Si bien resulta en una “coincidencia”, también puede establecerse la paradójica situación de las políticas de drogas en nuestro país. A pesar del tiempo transcurrido, la ley 23.737 no tuvo cambios sustanciales que se hicieran eco de la innumerable cantidad de precedentes jurisprudenciales que declararon la inconstitucionalidad de la criminalización de conductas que hacen al consumo de sustancias, como ser delitos de tenencia y autocultivo, enmarcados los mismos en el propio fallo “Arriola”.

Si bien el punto central refiere a la declaración de inconstitucionalidad de un delito que establece penas de un mes a dos años, sin dejar de mencionar que lo dicho por la Corte se puede relacionar con el delito de tenencia simple (con penas de uno a seis años) e inclusive con el caso del autocultivo de cannabis (con penas de 4 a 15 años de prisión), lo cierto es que en los fundamentos se marcaron otras cuestiones de sumo interés para las políticas de drogas en nuestro país.

La Corte Suprema entendió que resultaba inadmisible que las políticas públicas no alcancen ningún grado de efectividad a lo largo de los años, estableciéndose un marco donde las leyes posean un carácter meramente declarativo y que, además, los resultados conseguidos sean contrarios a los perseguidos por la legislación. En este sentido, la persecución de personas que consumen drogas, se contrapone con el compromiso por el Estado de implementar y brindar todas las herramientas necesarias para combatir el narcotráfico.

A esto último debe sumarse que la Corte recordó que ninguna de las convenciones suscriptas por el estado argentino en materia de drogas compromete a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal, manteniéndose que dicha cuestión se encontraba reservada a los principios constitucionales de cada ordenamiento jurídico. Es decir, que el estado no puede arrogarse la facultad de juzgar el proyecto de vida de una persona, o por lo menos no un estado de derecho.

Es así que la Corte reconoció el carácter inhumano de criminalizar a las personas que consumen drogas con procesos penales que los estigmatizaría toda la vida, con penas que incluyen la prisión. En este sentido, y a pesar de lo que se puede observar en todas las estadísticas actuales, ya en su momento se explicaba que el setenta por ciento de los expedientes iniciados por infracción a la ley 23.737 fue por tenencia de drogas para consumo personal, mientras que el ochenta y siete porciento fue por tenencia de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a jóvenes entre 20 y 30 años que no estaban cometiendo delito alguno.

Sin embargo, pesar de todas estas cuestiones, y de los avances a nivel mundial respecto a las temáticas de drogas, con distintos países legalizando y regulando la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la Organización Mundial de la Salud recomendando la reclasificación del cannabis reconociendo sus usos terapéuticos, y el propio avance de todos los estudios de dichos usos, la Argentina se mantiene reticente al cambio.

El Plan “Argentina sin Narcotráfico” llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri presenta un ejemplo de todos los problemas marcados por el fallo “Arriola”. Es así que se presenta como una victoria el aumento de personas detenidas a través de los años. Por ejemplo, del año 2016 al 2017 se pasó de 13001 detenidos a 18475, es decir, aumentando en un 42% las personas detenidas por infracción a la ley de drogas, siendo un total de 31476 en ambos años, incluyendo en dichas estadísticas las personas detenidas por el delito de tenencia de estupefacientes, y la tenencia para consumo personal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró que las aprehensiones fueron en progresivo aumento también. En 2016, fueron 13.143, en 2017, 19.903 (aumento del 51%), y para septiembre de 2018, resultaron 18.242 con una estimación total de 24.322 para todo el 2018 (aumento del 22%). Es decir, un total de 57.386 personas detenidas en los tres años respecto a delitos relacionados a drogas.

Otra información de importancia proviene de las estadísticas que brinda el Fiscal Federal Federico Delgado a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires. En su último informe, dio a conocer que en un solo turno de su fiscalía ingresaron 503 causas, y el 92% de las mismas referían a causas por infracción a la Ley 23.737, es decir, 463 expedientes. Ahora bien, de ese número el 71% se iniciaron por tenencia de drogas para consumo personal, representando un 68% del total de causas ingresadas y refiriendo a un total de 341 expedientes. A su vez, se registró un aumento histórico respecto a la cantidad de personas detenidas, siendo en total 599, estableciendo que un 55% de esas detenciones fueron por requisas “al azar” de las fuerzas de seguridad.

El consumo de drogas es una realidad de nuestro país, eso es innegable, y está fuera de duda. Pero esto también incumbe reconocer la clandestinidad en la cual se encuentran las personas que consumen. Hoy en día ya debemos plantear un cambio en el eje de la discusión, es decir, si queremos mantener la persecución de personas que consumen drogas como una cuestión dentro del orden de la seguridad y la criminalización de personas usuarias, o en cambio, si queremos plantear el tema desde un ámbito dentro de la salud y el respeto por la libertad de las personas.

En la actualidad nos encontramos frente al debate respecto a la calidad de nuestra democracia y los límites que no pueden ser avasallados por un estado que se dice ser de derecho. En otras palabras, es una elección que se establece entre un estado que garantice las libertades de las personas o que criminalice la forma de vida que cada persona decida llevar, estableciendo políticas públicas que terminan por ser obsoletas y que nunca llegan a los fines que se plantearon.

En este sentido y, para terminar, en palabras de la propia Corte Suprema: “El artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata del respeto de las acciones realizadas en privado, sino el reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”.

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