• sábado 07 de diciembre del 2019
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Cuando la Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del derecho al voto para los condenados

El 24 de mayo de 2016, la Cámara Nacional Electoral conformada por los Dres. Alberto R. Dalla Vía y Santiago H. Corcuera, declaró la inconstitucionalidad de los incisos e, f y g del artículo 3° del Código Electoral Nacional y los artículos 12 y 19 inc. 2° del Código Penal, por el cual se prohíbe de modo irrestricto el voto a los condenados penalmente.

La acción había sido presentada como un amparo colectivo por la Procuración Penitenciaria de la Nación y por la Asociación por los Derechos Civiles contra el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación y cuestionaba la exclusión genérica del padrón para quien resulte condenado penalmente, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso.

Originalmente, la acción se encontraba destinada a los ciudadanos de la CABA, y cuestionaba los motivos por los cuales una ley nacional regulatoria del derecho al voto de los ciudadanos restringía (y aún restringe) más derechos de los que la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales otorgan.

A su vez, distintas ONG de derechos humanos, académicos/as, funcionarios y referentes de agrupaciones políticas intervinieron como “Amigos del Tribunal”, quienes sostuvieron la misma postura expresada por la actora.

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral comenzó su análisis resaltando el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y elegir libremente a sus gobernantes y que, estando en juego derechos de raigambre constitucional, la regla de interpretación debe ser la no restricción del derecho humano.

Siguiendo ese análisis, entendió que la reglamentación del derecho al voto de los condenados debe ser razonable, por lo que la prohibición genérica, automática e irrestricta de este derecho resulta irrazonable en tanto no encuentra vinculación con la pena impuesta. Es decir, las prohibiciones de ejercicio del derecho al voto deben encontrar su justificación en el tipo de delito cometido, sin que pueda ser prohibido sin fundamentos.

En este sentido, consideró que para determinados casos podrá justificarse la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación en función de la materialidad ilícita, entre los cuales menciona los delitos electorales, los de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, malversación de fondos públicos y defraudación contra la administración pública, entre otros.

En la letra del fallo, la Cámara hace continúa referencia a la adaptación de la jurisprudencia nacional a los precedentes de la Corte Interamericana (vale aclarar que el fallo fue dictado meses antes al controvertido Fallo Fontevecchia ante la CSJN) y también menciona el fallo “Hirst vs. Reino Unido” de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el que se condena a dicho Estado por la prohibición irrestricta de votar a los condenados, en violación al artículo 3° del Protocolo Nº 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Otra interesante apreciación es tomada de la Suprema Corte Canadiense, que entendió en un caso similar que “negar a los presidiarios el derecho a votar es perder un medio importante de enseñarles valores democráticos y el sentido de la responsabilidad social”.

 

No obstante la interpretación realizada por los jueces, entendieron que para que la inconstitucionalidad declarada tenga efectos prácticos, deberá sancionarse una ley a través del Congreso de la Nación que así lo disponga, trabajo que aún se encuentra pendiente de tratamiento.

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