• jueves 17 de octubre del 2019
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Rappi y Glovo en la pendiente

Consideraciones sobre el fallo “Envíos Ya S.A. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Por Lucio Vallefíni

En tiempos de recesión del mercado de trabajo, situación que ha impactado fuertemente a las y los jóvenes y las mujeresii, acompañado de un elevado crecimiento de la población migrante en situación de precariedadiii, resulta cada vez más raro al hablar de la situación laboral en Argentina no surja rápidamente la mención a empresas como Rappi, Glovo y Uber.

Dichas plataformas se han convertido en bastiones del acceso rápido al sustento. Este modelo de contratación, en el que las empresas en cuestión se presentan como gestoras de una aplicación para celular por medio de la cual intermedian entre consumidores y repartidores – lo cual argumentan que generaría que no exista una efectiva relación de trabajo con las y los últimosiv, porque las sumas de dinero que perciben no provienen directamente del empleador -, ha sido muy criticado desde su inserción masiva en nuestro país por, entre otras tantas cuestiones, la situación de desprotección frente a los riesgos del trabajo.

En una actividad que suele ser tachada de precaria como lo es el delivery, el no contar con ART u Obra social (funciones que pretenden ser reemplazadas por estas empresas a través de la contratación de seguros contra terceros) resulta extremadamente riesgoso.

Ello queda a la vista ante información oficial aportada por el Ministerio de Salud, según el cual, sólo en el mes de julio de 2018 en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 25 accidentes en la vía pública durante el trabajov, siendo el caso más resonado la muerte de Ramiro Cayola Camacho -trabajador de Rappi- en un accidente de tránsito el 12 de abril de este añovi. El cual fue contemplado al momento de emitirse el presente fallo.

El viernes 12 de Julio se dio a conocer una sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Airesvii, de gran trascendencia ya que dicta una medida cautelar que dispone la obligación de blanquear a las y los repartidores de Rappi y Glovo.

Ello resulta impreciso ya que a pesar de ser sin duda una situación que habilita la mejora en las condiciones laborales de quienes desarrollan la actividad, los fundamentos y alcances de este fallo están lejos de ese impacto y deben contemplarse con cautela.

Ante todo hay que tener presente que este fallo proviene de una Cámara Contencioso Administrativa y versa fundamentalmente sobre un conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y un conjunto de empresas que actúan como empleadoras en la actividad de Delivery. De éstas se destaca Envíos Ya S.A., titular de la app Pedidos Ya (la cual, a diferencia de sus competidoras, opera con contratos de trabajo).

El conflicto se suscitó por la registración de las empresas que desarrollan esta actividad en el recientemente creado Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRraMyC), el cual opera únicamente en el ámbito de CABA, por medio de la Ley 5526.

De lo dicho se puede dar a entender que el eje de esta cautelar no gira alrededor de la seguridad en el empleo como tal, sino que la misma se encuentra comprendida en un conjunto de derecho afectados, siendo aquel que se presenta como más en riesgo, constituyendo el “peligro en la demora” sobre el que se funda la medida cautelar, la defensa de la competencia y el ejercicio de la industria lícita.

Teniendo presente lo anterior el tribunal resolvió que según lo dispuesto en la ya mencionada Ley 5526, las solicitantes deben inscribirse al mencionado registro en un plazo de 60 días, y “Rappi S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo), y todas las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan actividades homólogas a través de plataformas virtuales” deben hacerlo en un plazo de 180 días desde publicada la sentencia.

En este mismo sentido, al dictarse la cautelar en primera instanciaviii, se había dispuesto que, vencido el plazo de sesenta (60) días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía clausurar o inhabilitar de oficio a quienes desarrollen actividad sin registración, lo cual resulta modificado en la sentencia analizada, la cual considera que la Administración no pueden aplicar sanciones discrecionalmente, sino que debe ajustarse a las establecidas legalmente según la gravedad de la conducta.

Un aspecto interesante que establece la medida cautelar analizada es la obligación que pone en cabeza del Gobierno de la Ciudad de, tras cinco días de publicada la sentencia, prohibir la circulación de las y los repartidores en tanto no cumplan con los requisitos de casco e indumentaria con bandas reflectoras, utilización de caja porta objetos asegurada al vehículo y portación de libreta sanitaria.

Esta medida, que busca atender a condiciones sanitarias y de seguridad en el trabajo, podría llegar a ser ocasionadora de perjuicios para las y los trabajadores en caso de no contemplarse la idea de que quien desarrolla la actividad lo hace en condiciones de dependencia y necesidad económica. Justamente la falta de provisión de los elementos mencionados, es parte de la estrategia de las mencionadas empresas para no reconocer una relación laboral, ya que sostienen que las herramientas de trabajo son propiedad de quien reparte.

Si no se tiene en consideración lo dicho, esto puede derivar en la imposición de faltas por falta de habilitación del vehículo, las cuales recaerán exclusivamente sobre el/la trabajador/a, criterio que se da a entender en el fallo “UBER y otros sobre 83 – Usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos no autorizados”ix resuelto por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires el día 7 de mayo de 2019.

En dicho caso luego de desestimar una contravención por “uso indebido del espacio público” contra la empresa por la actividad desarrollada con posterioridad a la clausura que se dictó en el año 2016, el Tribunal consideró que “la falta de habilitación o permisos de cada vehículo que participa en la actividad desarrollada por UBER debe evaluarse en cada caso en particular y, en ocasión de verificarse, no es la contravención aquí imputada la que reprime la conducta a reprochar, sino la mencionada Ley de Faltas” (refiriéndose a la Sección 6 – Tránsito de la Ley 451, que regula el régimen de faltas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Resulta de importancia señalar que tras reconocer la medida, con las modificaciones mencionadas, la Cámara procede a analizar la intervención de la empresa Rappi S.A.S en el juicio, por medio de un recurso de apelación contra la medida cautelar en discusión. En primer lugar, ataca la procedencia de la medida, lo cual es rápidamente desestimado entendiendo que esta cumple correctamente el objetivo de garantizar el ejercicio de la actividad en igualdad de condiciones.

Tras dicha negativa, Rappi señala que la cautelar en cuestión no podría alcanzarla por la condición de autonomía de sus repartidores y el ejercicio de su actividad por medio de una app, lo que el Tribunal rechaza considerando que “la norma no excluye a quienes –como sostiene la empresa no actora- “…desarrollan actividades a través de plataformas virtuales” y que “No se omite que la recurrente afirma que el repartidor percibe el pago de sus servicios del consumidor y no de Rappi; y que –además- aquel es independiente. Sin embargo, debe considerarse –en términos cautelares- la finalidad perseguida por la ley y el tenor de los derechos en juego”.

Por último, hay que destacar que pese a sus limitaciones, esta cautelar afortunadamente da vía libre a un debate esencial y más profundo: La existencia (o no) de una relación laboral oculta bajo un fraude a la ley al momento de llevarse adelante una actividad de este tipo.

Esto se observa tras los planteos mencionados, Rappi planteó la inconstitucionalidad del art. 13.3.2 del Código de Tránsito y Transporte, el cual sostiene que “Los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias que no sean titulares de habilitación de Prestador del Servicio (…) deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del trabajador bajo relación de dependencia del Prestador, cumpliendo con la legislación laboral y previsional vigente”, lo cual no resulta abordado en este caso, argumentando que “el estadio cautelar en que se encuentra el proceso impide expedirse sobre la declaración de inconstitucionalidad propuesta por la recurrente, cuestión que será motivo de análisis en la sentencia de fondo”, pero no resulta ignorado, expresándose “…una serie de inquietudes relacionadas con la poca claridad de la situación en el empleo, el trato injusto, los bajos ingresos, los impagos, la falta de protección social y la falta de voz de los trabajadores…”x, conforme se expresó en la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Evidentemente, la realidad golpea cada vez con más fuerza y pronto la justicia va a tener que decidir si le abre la puerta…

i Abogado (UNLP). Ayudante en Cátedra III de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. Becario en Centro de Investigación de Derecho Crítico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales . UNLP. Mail: lucioavallefin@gmail.com

ii Conforme se señala en el Informe del INDEC “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos”(Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim18.pdf), durante el último trimestre de 2018 se señaló que 51,6 % de las personas desocupadas son jóvenes de hasta 29 años, de las cuales, el 51 % son mujeres.

iii Según el Informe “HERMANOS LATINOAMERICANOS. Su inserción laboral en los aglomerados con mayor presencia migratoria” del Equipo de Estudios y Estadísticas sobre el Mercado de Trabajo del Ministerio de Producción y Trabajo (Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/insercion_laboral_trabajadores_migrantes.pdf) en los aglomerados donde el trabajo no registrado es más elevado, el impacto del empleo no registrado sobre los trabajadores migrantes es mayor. En la CABA la tasa de empleo no registrado general es de 33,8%. La tasa de empleo no registrado de los inmigrantes más que duplica a la de los nacionales, 47,4% frente a 20,8%.

iv Esta problemática fue abordada con más detalle en: ¿Inflando el “Glovo”?: Un análisis sobre los nuevos mecanismos de delivery y su abordaje en la jurisprudencia reciente. Revista Derechos En Acción, 9(9). https://doi.org/10.24215/25251678e225. Disponible en: https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/6407

v Según consta en fs. 219 vta./220 del expediente. Nº 36976/2018-7. Referido en el Fallo analizado en el presente artículo en página 31.

vi https://www.telam.com.ar/notas/201904/350019-muerte-ciclista-rappi.html

vii Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Autos caratulados: “Envíos Ya S.A. y otros c/ GCBA y otros sobre Incidente de Apelación – Amparo - Otros”, con fecha 12 de Julio de 2019

viii Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Autos caratulados: “Envíos Ya S.A. y otros c/ GCBA y otros sobre Amparo - Otros”, con fecha 10 de abril de 2019

ix Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Autos caratulados: “UBER y otros sobre 83 – Usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos no autorizados”. Con fecha 7 de mayo de 2019

x Nota informativa preparada para la segunda reunión de la Comisión Mundial sobre el Futuro

del Trabajo, realizada del 15 al 17 de febrero de 2018 por el Grupo 3, sobre “Tecnología

al servicio del desarrollo social, ambiental y económico”. Disponible en : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618370.pdf

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