• sábado 07 de diciembre del 2019
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La Corte Nacional ordenó a la Corte Bonaerense a expedirse sobre la cláusula “gatillo” para empleados judiciales

El máximo tribunal de la provincia debe resolver si se mantiene la medida cautelar que ordena su aplicación hasta el cierre del acuerdo paritario

La contienda tiene origen en una causa iniciada el año pasado por la Asociación Judicial Bonaerense, en la que el Tribunal del Trabajo N°3 de La Plata ordenó cautelarmente al Ministerio de Trabajo provincial a que reabrir y dar continuidad a la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados judiciales para el año 2018.

En dicha oportunidad, también a título cautelar, se declaró la vigencia de la cláusula convencional sexta del acuerdo salarial del año 2017 (cláusula "gatillo"), disponiendo el aumento mensual de las remuneraciones de los agentes judiciales que se encuentran comprendidos en el ámbito de representación de la AJB, de acuerdo a la variación mensual del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC, con respecto a los sueldos básicos de diciembre de 2017, hasta tanto se arribe a un nuevo acuerdo paritario.

Dicha medida fue recurrida por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó la reapertura de paritarias de los empleados de la justicia bonaerense, al afirmar que fue mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley que impugnaba lo decidido cautelarmente por el Tribunal del Trabajo.

Allí, la Corte local sostuvo que "las decisiones relativas a las medidas cautelares no tienen carácter de definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal", y que no observaba en autos "motivos excepcionales que permitan apartarse de aquel criterio".

Contra esa decisión, el Fiscal de Estado plantea un recurso extraordinario federal, sosteniendo que la corte provincial incurrió en arbitrariedad al basar su decisión en una consideración dogmática que no dio respuesta adecuada a los argumentos que procuraban demostrar que la medida cautelar era, por sus efectos, equiparable a un pronunciamiento definitivo.

En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, sin emitir opinión sobre la pertinencia de la medida cautelar cuestionada ni sobre la controversia de fondo.

Para así decidir, sostiene que si bien las resoluciones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos por ante los tribunales superiores de la causa no son, como principio, revisables por la vía establecida por el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a esa regla cuando, como en el caso, lo resuelto conduce a una restricción sustancial de la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación suficiente, lo que importa una violación al art. 18 de la Constitución Nacional.

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