• martes 16 de julio del 2019
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La Justicia exhortó a dar solución inmediata a la situación de alojamiento en la Cárcel de Comodoro Py

El juez federal Daniel Rafecas elevó un fallo al Gobierno Nacional por la grave situación de las condiciones inhumanas de detención en la alcaldía penal 29 de Comodoro Py.

El magistrado exhortó al Gobierno para que encuentre solución inmediata a los problemas de hacinamiento, falta de higiene y condiciones de vida que desbordan dicha alcaldía, y que además “otorgue unidad de destino y posterior traslado” de todas las personas que se encuentren detenidas por más de 24 horas. Además dispone que el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, “arbitre los medios necesarios” para reparar de manera inmediata y “sin dilaciones” los baños y la provisión de agua caliente del establecimiento.

Días atrás, una comisión del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, presidida por el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, visitó el lugar y describió el horrible panorama en el documento. Encontraron que había casos de personas que llevaban hasta 34 noches de alojamiento allí, siendo 78 personas las que se encontraban a la espera de cupo en cárceles federales. “Los allí alojados no tienen espacio para moverse debiendo permanecer recostados sobre el piso la mayor parte del día”, resalta el informe.

La particularidad de esta cárcel es que se utiliza para “comparendos”, ello significa que sólo aloja detenidos que deben declarar ante jueces o defensores oficiales en Comodoro Py, o de aquellos que esperan un traslado a una cárcel desde alguna comisaría.

Uno de los problemas de la Unidad Penal 29 es que se desconoce exactamente cuál es la capacidad de alojamiento que tiene. Se cree que actualmente la cantidad de privados de la libertad triplica el límite que Rafecas consideró de alguna forma en 30 presos. A efectos de tal desconocimiento el magistrado libró un oficio a la Subdirección de Infraestructura dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Cuerpo Médico Forense para que, en un plazo de 15 días, realice un informe técnico que determine cuál es el cupo de internos que pueden alojarse.

El juez requirió a Garavano y a Frigerio que de forma inmediata activen las partidas presupuestarias para poner en marcha obras destinas a ampliar la capacidad de alojamiento.

Por último el magistrado consideró que en los últimos años se ha llevado a un “preocupante” incremento de la población carcelaria. “Ello provoca la confrontación entre dos realidades: por un lado el aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente superpoblación y hacinamiento y por otro, la presencia de un insuficiente presupuesto para invertir en la ampliación, restauración y mantenimiento de los lugares que alojan personas privadas de su libertad”.

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