• domingo 22 de septiembre del 2019
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Buenos Aires: más de 500 casos de violencia contra detenidos

El defensor ante la Cámara de Casación Penal, Mario Coriolano, presentó un documento sobre torturas y tratos degradantes

En el relevamiento se contabilizaron 503 casos de jóvenes, hombres y mujeres víctimas de torturas y otras vejaciones, con presunta autoría de policías y penitenciarios bonaerenses. En 2017, habían sido 682. El informe busca echar luz sobre una realidad invisibilizada, donde los casos seleccionados representan una muestra de “las múltiples vejaciones que sufren las víctimas de torturas y tratos inhumanos por parte de agentes estatales, en especial en el momento de la aprehensión y el traslado a las dependencias policiales.

“No podemos responder si cada año hay más o menos casos de tortura, porque tenemos el problema de la falta de independencia: el registro aumenta o disminuye en función del nivel de compromiso de los operadores de la defensa que denuncian o no estos casos”, explicó el defensor ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. “Lo que sí podemos afirmar es que la tortura y los tratos inhumanos siguen siendo una práctica generalizada y sistemática en nuestra provincia, con un preocupante correlato de impunidad de los autores de estos hechos”, subrayó el defensor.

Del total de los hechos, 207 fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial además de la defensora o defensor, mediante denuncia penal, habeas corpus o testimonio en audiencias ante el juez o el fiscal. En los otros 296, las víctimas lo hicieron saber bajo secreto profesional, de modo confidencial: es decir que casi el 60% no fueron denunciados por temor a represalias.

El “Registro de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes” funciona en la Defensoría de Casación desde marzo de 2000. A diciembre del año pasado lleva un total acumulado de 12.927 hechos.

Según el defensor, el informe generó “un mapa de la tortura muy coherente; todos los hechos, más allá de que las víctimas decidan denunciarlos o no, coinciden en la descripción de los actores, en el tipo y el lugar de los abusos”, describió. Y concluyó: “Para cambiar esto se necesitan reformas estructurales: una policía judicial, una defensa pública independiente y la generación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura. Hoy, esto no ocurre”.

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