• miércoles 26 de junio del 2019
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Caso Mendoza: confirman las condenas a agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturar a dos adolescentes

Así lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal. Además, objetó la escala penal aplicada y revocó las absoluciones de otros dos penitenciarios absueltos en primera instancia.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (como Presidente), Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo (como Vocales), rechazaron los recursos de casación interpuestos por los agentes del Servicio Penitenciario Federal que habían resultado condenados en primera instancia por ser coautores del delito de imposición de torturas a dos personas menores de edad, e hicieron lugar a la impugnaciones realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la absolución de dos de los agentes y respecto a las penas impuestas a los primeros.

La causa fue reabierta en el año 2014 con motivo de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino, en el Caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, en la que, además de indicar la imposibilidad de aplicar condenas perpetuas a personas por delitos cometidos siendo menores de edad y la obligación de adaptar el régimen penal juvenil a estándares internacionales, ordenó al Estado a una investigación eficaz y en un plazo razonable de las torturas que los jóvenes habían denunciado y no habían sido correctamente investigadas.

Dichas torturas, habían sido denunciadas por los jóvenes Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, que el día 9 de diciembre de 2007 se encontraban alojados en el Pabellón B de la Unidad Residencial II del Complejo Ezeiza,  y quiénes luego de una discusión, fueron trasladados a una celda aislada de alojamiento transitorio, denominada en la jerga carcelaria como “leonera”. A ese lugar fueron  arrojados, esposados y de cara al piso, para luego proceder a golpearlos fuertemente en distintas partes del cuerpo, principalmente en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, con palos y/o bastones, práctica de tortura conocida como “pata-pata” en la jerga carcelaria argentina o falanga”, conforme las descripciones del Protocolo de Estambul confeccionado por la Organización de las Naciones Unidas.

Luego de la investigación llevada a cabo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a Rubén Oscar Constantín (Jefe de la Sección Requisa de la Unidad Residencial II del Complejo de Ezeiza) a la pena de 6 años de prisión y a Sergio Hernán Giménez y Pablo Andrés Jara (miembros del cuerpo de requisa de dicha Unidad Residencial II) a la de 5 años de prisión (además de una inhabilitación absoluta y perpetua), por ser coautores del delito de tortura, en perjuicio de los jóvenes Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez.

Sin embargo, había absuelto a los agentes Jorge Enrique Puppo (Encargado General de la Sección Requisa del Complejo) y Víctor Darío Salto (Auxiliar de dicha Sección) por no encontrar debidamente acreditada su responsabilidad por los hechos de tortura investigados.

En su voto, el juez de la Cámara Federal Gustavo M. Hornos, consideró especialmente que el contexto de detención en el que se encontraban los damnificados, privados de su libertad a prisión perpetua, la indefensión y vulnerabilidad que los caracteriza por el sometimiento a un régimen de prisión y las prácticas del personal penitenciario caracterizadas por la violencia y la agresión, abonan el relato de los hechos efectuados por las víctimas de tortura.

De modo unánime, la Cámara dispuso el rechazo de los recursos interpuestos por la defensa de los condenados, en el que impugnaban el monto de la condena, la tipificación legal, así como la debida acreditación de los hechos, e hizo lugar a las impugnaciones presentadas por el representante del Ministerio Público Fiscal, Héctor Andrés Heim, quien entendió que la absolución de los agentes Puppo y Salto por el principio in dubio pro reo resultó arbitraria, en tanto el Tribunal de primera instancia no consideró constancias probatorias que obraban en la causa y que permitían ubicar a los mismos en tiempo y lugar durante el momento que ocurrieron las torturas.

Asimismo, acataron el planteo del Fiscal en cuanto a la objeción por la mensuración de la pena sobre la escala penal prevista en el artículo 9 de la ley 26.200 (que utiliza la escala del Estatuto de Roma), entendiendo que dicha escala (que parte de un mínimo de tres años) pertenece a un régimen normativo específico y autónomo, parte de un compromiso de los Estados para condenar este tipo de delitos y que sólo es aplicable para crímenes de lesa humanidad, cuestión que no se daba en el presente caso.

Por ello, la Cámara consideró que el régimen de la escala penal aplicable por el delito investigado es el del artículo 144 ter incisos 1° y 3° del Código Penal, cuya escala va de los 8 a los 25 años de prisión y anuló la decisión impugnada en cuanto al monto de la pena dispuesta a los agentes Constantín, Giménez y Jara.

Además dicha escala penal deberá ser utilizada para aplicar la condena a los agentes Puppo y Salto, cuya absolución también fue anulada por la Cámara Federal bajo la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.

Accedé a la sentencia. 

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