• miércoles 26 de junio del 2019
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Kimel: el fallo que marcó la jurisprudencia en libertad de expresión

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino representó un paso esencial para la democracia, la libre expresión y la defensa de las ideas.

Eduardo Kimel fue un periodista argentino y escritor que publicó un libro llamado “La Masacre de San Patricio”, donde investigó el asesinato de tres sacerdortes y dos seminaristas en la Iglesia de San Patricio durante la última dictadura militar de 1976. En la publicación se cuestionaba el accionar de las autoridades encargadas del esclarecimiento del hecho y al juez a cargo de la causa, Guillermo Rivarola.

“La actuaciones de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplices de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el Juez cumplió con la mayoría de los requerimientos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomadas en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”, expresa uno de los párrafos del libro.

En consecuencia, el magistrado consideró que estos dichos dañaban su honra e inició acciones penales en contra de Kimel, quien fue condenado penalmente  por la Justicia argentina por el delito de calumnias e injurias. Ese fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los años noventa.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  que en el 2008 condenó a nuestro Estado por haber violado la libertad de expresión y ordenó levantar la condena al periodista. En la sentencia se destaca que las opiniones "no pueden ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo".

Asimismo, la Corte Interamericana le ordenó al país a modificar el Código Penal. Este cambio se produjo en 2009, por medio de la ley 26.551, que dispuso la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para expresiones de interés público. Esta modificación representó un paso esencial para la democracia, la libre expresión y la defensa de las ideas.

El periodista falleció a los 57 años en febrero del 2010.

Accedé al fallo de la Corte IDH. 

 

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