• miércoles 26 de junio del 2019
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¿En qué estado se encuentra la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial de la Nación?

Se cumplen seis años de su sanción y la Corte Suprema de Justicia continúa sin dictar su reglamentación. Ante esta situación, se presentó una demanda colectiva con el objetivo de que el máximo tribunal cumpla con esta omisión.

La sanción de la ley 26.861, en mayo de 2013, provocó un cambio de paradigma para el ingreso de empleados y funcionarios a la Justicia Nacional pasando de la discrecionalidad al concurso con sorteo público para acceder a los cargos.

El objetivo de la norma es regular el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público. Sin embargo, a seis años de su sanción, la Corte Suprema de Justicia continúa sin dictar la reglamentación. Asimismo, no se ha puesto en marcha el mecanismo de selección de personal para la Justicia que allí se estableció.

Ante esta situación, se presentó una demanda colectiva con el objetivo de que se condene al máximo tribunal a cumplir con esa omisión. Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la presentación y argumentó que los actos emanados del Poder Judicial no son pasibles de ser cuestionados por la acción de amparo, en los términos del artículo 2 de la ley 16.986.

La interpretación de los camaristas generó cuestionamientos debido a que la jurisprudencia usual es que solo los actos jurisdiccionales del Poder Judicial no son susceptibles de la acción de amparo pero sí, a diferencia, los actos administrativos o reglamentarios de tal departamento estatal, como es en este caso, la puesta en marcha de un mecanismo de ingreso de empleados.
 
La demanda fue presentada por un joven abogado aspirante a ingresar a la Justicia, Iván Romero Verdún, quien actualmente interpuso recurso extraordinario contra esa negativa y la Cámara Contencioso Administrativo Federal está estudiando si eleva o no el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el planteo. 
 
Ahora bien, más allá de la mora del Poder Judicial en implementar el sistema, el ingreso democrático sí es aplicado por los otros órganos obligados: el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa quien realizan periódicamente concursos para cubrir diversos cargos en sus dependencias. 
 
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