• domingo 22 de septiembre del 2019
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Provincia de Buenos Aires: advierten por inconvenientes en la implementación del proyecto de reforma procesal civil

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata sostiene que el proyecto no contempla los problemas de infraestructura y recursos humanos con los que actualmente cuenta la Justicia bonaerense.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata, aprobó en el día de ayer con la firma de su Presidente Victor Violinista, su vice presidente Enrique Gorostegui, y su Secretaria Fabiana Coradi, un comunicado en el que hace pública su preocupación ante la posibilidad de una reforma procesal civil en el ámbito de la Provincia, que se encuentra actualmente en estado parlamentario.

En el comunicado, que contiene información acotada respecto del documento presentado en la legislatura bonaerense, la Asociación sostiene que el proyecto no tiene en consideración los problemas de infraestructura y recursos humanos existentes para su implementación.

En particular disienten con lo expuesto por la comisión redactora, la que afirmó que el proyecto no apareja mayores costos ni requiere nuevas disponibilidades presupuestarias que los asignados, advirtiendo que ello demuestra un absoluto desconocimiento de la real situación y necesidades de la justicia bonaerense.

Además, manifiestan que la experiencia de la oralidad en la Justicia Civil, que comenzó en el año 2016 con un tercio de los jueces civiles, no tuvo el éxito que se pretende. En ese sentido, advierten que los magistrados civiles tienen competencia civil y comercial, y no solamente trabajan con los expedientes que demandan la presencia física que requiere la oralidad, sino con miles de causas que tramitan bajo el sistema escriturario.

Por lo tanto, concluyen que el proyecto no pueda funcionar con los recursos existentes, que no han permitido desarrollar adecuadamente el proyecto de oralidad, y que no prevé las dificultades y el tiempo que acarrea un nuevo sistema. Asimismo, sumado a los plazos abreviadísimos que establece, solo va a conseguir imponer una obligación de imposible cumplimiento, que va a generar deslegitimación de la Justicia y no va a cumplir con el único objetivo que debiera tener:  una mejor calidad de justicia para el ciudadano.

 

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